Agricultores reclaman mejora de precios mientras sigue la negociación de la PAC

A finales de junio, la Unión Europea aprobará la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2014-2020. Las negociaciones políticas siguen mientras el sector agrario andaluz y español espera un marco de ayudas que garantice la rentabilidad de la agricultura, como sector económico.

El problema real para los agricultores es la convergencia interna. Es decir, cómo se van a repartir esas ayudas en el territorio nacional. La asignación para España ha subido ligeramente (1,2 por ciento) pero también hay más productores entre los que repartir las ayudas. De los casi 17 millones de hectáreas actuales con derechos a subvenciones se ha pasado a 22 millones, entre los que se repartiràn los 43.991 millones de euros, que le corresponden a España en el periodo 2014-2020.

La Comisión de Agricultura quiere que las subvenciones sean más o menos homogéneas: una ‘tasa plana’ por hectárea, sin tener en cuenta a qué se dedica la parcela o el coste de producción. España defiende una atención a comarcas y cultivos para garantizar la renta de los agricultores. Ese es el mensaje que llega del ministerio pero las organizaciones esperan un compromiso firme en boca del ministro, que aún no se ha producido. La UPA y la COAG retoman las movilizaciones este viernes. Quieren garantías de que Andalucía recibirá las mismas subvenciones con que cuenta en la actualidad, porque puede ser la más perjudicada si la fórmula de reparto no se determina hasta la conferencia sectorial de agricultura de julio. Entonces serían 16 comunidades autónomas frente a Andalucía. Ese es el choque que las organizaciones quieren impedir.

Los posibles afectados por la PAC

En explotaciones como las de olivar tradicional un reparto por cultivos, sin atender a las características del territorio supondría “un grave problema”, aclara Francisco de la Blanca, agricultor ubetense que gestiona 140 hectáreas de olivos. Ese es el negocio que da trabajo a todos los miembros de su familia y, en campaña de recogida, a 14 ó 16 personas más, durante 60 ó 70 días. Eso, claro, en un buen año. El olivar tradicional, que ocupa la mayor parte de la provincia de Jaén, no está totalmente mecanizado. Necesita mano de obra y eso repercute en los gastos. “Con las ayudas como están podríamos seguir viviendo”, aclara Francisco, “porque ya se está viendo que en un años como este, sin cosecha, los precios tampoco se levantan”. Sin las ayudas, hay que replantearse alternativas.

“Lo que necesito son precios”, sentencia Remedios Peña. Cogestiona con otra agricultora una explotación de 33 hectáreas de maíz y algodón en la Vega del Guadalquivir, cerca de Andújar. “Yo quiero que me paguen mi producto con una garantía de que no lo venderé por debajo del coste”, subraya. Las organizaciones agrarias estiman que en torno al 30 por ciento de la renta de los agricultores la integran las subvenciones comunitarias, el 70 por ciento restante procede de las ganancias por la venta de la producción. Esa media vale para el olivar. Otros cultivos, como el algodón, tienen una dependencia aún mayor de las subvenciones. Antes de que España entrara en la Unión Europea “vendía el algodón a 170 pesetas el kilo [algo más de un euro]”, casi 30 años después “está entre 40 y 60 pesetas [entre 25 y 35 céntimos de euro por kilo], lo digo en pesetas para comparar mejor”. Añade que un kilo de semillas ronda las mil pesetas [6 euros] y que, además, ella no es propietaria, sino arrendataria que paga una renta. “Sin las ayudas no podríamos vivir, no podríamos seguir adelante”, porque después de cubrir gastos “al final de año lo único que nos queda es nuestro trabajo”.

Para Remedios un modelo de reparto justo pasa por atender a agricultura productiva, la genera además de la cosecha empleo y riqueza en el entorno. Ese es el reparto por comarcas que exigen las organizaciones agrarias. Remedios además aplica otro plus de compromiso: “Cuando necesitamos a alguien, procuramos contratar a mujeres que son las primeras que se quedan sin trabajo en el campo en los años malos”.

Antonio Pulido vive de su explotación de olivar en Martos, considerado el municipio con mayor producción de aceite de oliva del mundo. Alrededor de 35 hectáreas de las que sólo posee una pequeña parte. La mayoría son arrendadas. “Es muy difícil que el olivar tradicional de esta zona subsista sin ayudas; no podemos competir con explotaciones intensivas que funcionan a base de recogida mecánica y regadío”, sostiene.

Desde su punto de vista el problema radica en que “en Europa no conocen bien esto, no saben lo que cuesta mantener una hectárea de olivos ni lo que cuesta producir un kilo de aceite”. Detalla gastos como: poda, fumigación, tala…, a los que añade recogida y la extrema dependencia de la meteorología para conseguir un buen rendimiento. “Ojalá no necesitáramos subvenciones, eso significaría que el producto tiene un precio adecuado”.

Pero Bruselas no quiere escuchar siquiera la posibilidad de una intervención de los precios para garantizar la renta de los productores, porque eso alteraría las leyes del libre mercado. Sin embargo, es eso precisamente lo que los productores tienen en contra “Estamos en manos de los mediadores que son los que se llevan el dinero”, plantea Antonio Pulido y no anda con paños calientes: “y la culpa, en parte, es nuestra”.Francisco de la Blanca comparte su opinión. “Estamos en manos de cuatro envasadoras y cuatro multinacionales, que lo dominan todo”. Todo eso por “falta de unión” para concentrar la oferta y controlar los precios.

Con esos cabos sueltos en el debate interno, siguen esperado que las normativas que lleguen de Europa vengan a garantizar la rentabilidad de los cultivos. “Tal como están devaluando la agricultura no sólo pierde el agricultor, también se devalúan las explotaciones ¿Quién va a querer llevar un olivar?”, pregunta Remedios Peña, “si le quitan las ayudas se verán otra vez comidos de zarzas”.