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Las ambiciones sanitarias del doctor Pascual

El empresario gaditano José Manuel Pascual, propietario de la mayor entidad sanitaria privada de Andalucía, propuso a la Junta aceptar una rebaja de sus conciertos y retirar la demanda de 127 millones de supuesta deuda acumulada a cambio de la concesión directa de tres centros sanitarios públicos más.

Con esta estrategia pretendía elevar un 40% su factura a la Junta en un plazo de tres años hasta los 147 millones de euros.

La Junta rechazó la propuesta y ha acabado decretando una prórroga de los conciertos de un año de duración con una reducción del 5% en la factura.

Trabajadores de hospitales Pascual alertan de que Salud "ya no les manda pacientes en respuesta a sus movilizaciones"

Trabajadores de hospitales Pascual durante sus movilizaciones

La empresa José Manuel Pascual Pascual Gestión Hospitalaria sigue muy interesada en el millonario negocio de la sanidad concertada en Andalucía a pesar de haber amenazado de forma velada con el cierre de algunos de sus hospitales tras la decisión de la Junta de renovar a la baja sus acuerdos. En la negociación entre las partes, Pascual ha propuesto a la Consejería reducir de forma sustancial las cuantías de sus principales conciertos en vigor y de renunciar a los contenciosos interpuestos contra la Administración, en los que reclama una supuesta deuda de 127 millones de euros, a cambio de que el Gobierno regional le otorgue la "concesión directa" de los dos hospitales en construcción en La Janda (Cádiz) y Cártama (Málaga) y de un centro sociosanitario en Lepe (Huelva).

Con esta propuesta, Pascual pretende incrementar de seis a nueve sus conciertos en Andalucía y aumentar su factura anual a la Junta de los 105 millones de euros actuales a los 147 millones de euros en 2017. Así consta en un documento interno en el que se fijan las posturas de la empresa para la negociación con la Consejería al que ha tenido acceso este medio.

La propuesta de Pascual ya ha sido rechazada por la Junta de Andalucía, que sólo se plantea la gestión pública de estos centros, pero tiene la peculiaridad de haberse producido aprovechando la presión ejercida en las calles por los más de 2.000 trabajadores de la compañía, que han protagonizado dos meses de movilizaciones en toda la geografía andaluza.

La plantilla teme por sus puestos de trabajo después de que, en enero, la empresa se negara a aceptar una reducción de la tarifa de sus conciertos. Empresa y Administración no han llegado a un acuerdo tras tres meses de negociaciones atascadas, mentiras cruzadas y presiones mediáticas. Por este motivo, la Junta ha anunciado que impondrá una prórroga de dos años de duración de los acuerdos, por "interés público", con una reducción del 5% en la factura anual.

En el documento elaborado por Pascual no hay referencias al futuro de los trabajadores. Sí existe un ofrecimiento expreso de reducir el coste de los convenios en sus hospitales en la renovación correspondiente a 2014 y de "desistir" de los procedimientos judiciales en los que reclama a la propia Junta 127 millones de euros de deuda acumulada en las últimas renovaciones de conciertos, dinero que, según Pascual, corresponde a servicios cubiertos pero no abonados. En el documento de la negociación también figura la voluntad de Pascual de finalizar las obras de los centros hospitalarios que la Junta construye en Vejer y Cártama, y cuya apertura acumula años de retrasos, a cambio de que la Administración adjudique de forma "directa" la explotación de estos centros a la propia empresa. En el mismo paquete se incluye el centro sociosanitario de Lepe "una vez finalizadas las correspondientes obras" con el objetivo de ofrecer atención a pacientes drogodependientes y psiquiátricos. La propuesta, por último, incluye unos mínimos de carga asistencial de forma que la factura de Pascual a la Junta en 2017 por sus servicios sanitarios sea de 147 millones de euros, un 40% superior a la actual.

La Junta ha sido tácita a la hora de rechazar esta propuesta. La propia delegada de Salud en Cádiz, Miriam Alconchel, la ha calificado en declaraciones públicas de "locura". La Administración se ha mostrado molesta con lo que entiende ha sido una campaña de Pascual para utilizar a sus trabajadores y el miedo a perder un empleo para conseguir un mayor beneficio empresarial, tal y como ha subrayado el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, también en declaraciones públicas. La plantilla de Pascual, sin embargo, ha denunciado que la disminución de los pacientes enviados por el SAS durante el conflicto ha provocado ya la pérdida de 300 empleos. Fuentes del colectivo señalaron que aún tienen que estudiar la última propuesta por la empresa para expresar su opinión.

Hospitales y hoteles

La "adjudicación directa" de hospitales públicos no es la primera propuesta sorprendente de José Manuel Pascual, uno de los empresarios más poderosos de Andalucía. El año pasado, ofreció a la Junta hacerse cargo del Hospital de San Carlos, en San Fernando, que ha pasado de manos de Defensa a las del Gobierno andaluz, y de su plantilla. A cambio, reclamaba "de forma innegociable" la cesión gratuita de terrenos para construir un nuevo hospital en la ciudad gaditana y para construir cuatro hoteles con un total de 1.800 habitaciones repartidas en excelentes ubicaciones en San Fernando y Cádiz. "Lo hago porque no veo futuro a Cádiz y no se puede esperar siempre a que venga un chino a salvarnos", dijo Pascual en declaraciones recogidas por El País. La idea no sólo fue rechazada por la Junta, sino que varios de sus representantes la tildaron de extravagante y alocada.

Los negocios de Pascual van de la sanidad a la hostelería, e incluso en 2010 se aventuró en el mundo universitario con un proyecto para crear una escuela de Enfermería en la Sierra de Cádiz, idea que chocó con la negativa de la Universidad de Cádiz pero que también levantó un notable conflicto social, pues muchos vecinos y alcaldes de la Sierra vieron en esta iniciativa una oportunidad para la comarca.

El empresario, especialista en traumatología, también es conocido por el caso de las faldas de San Rafael, que se remonta a 2008, cuando varias empleadas de esta clínica presentaron una denuncia ante los tribunales porque la dirección de la empresa les obligaba a usar falda, delantal y cofia para atender al público.

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