Andalucía Acoge exige que el decreto contra la exclusión social “incluya a todas las personas que viven en la región”

La federación Andalucía Acoge quiere felicitar a la Junta de Andalucía por la apuesta realizada por la igualdad social a través de la aprobación de un decreto de lucha contra la exclusión social en la comunidad autónoma que recoge iniciativas “muy interesantes”, una medida ante la que la federación se muestra “muy satisfecha” porque el Gobierno andaluz haya tomado “una postura decidida” por situar la lucha contra le exclusión social en el centro de la agenda política de nuestro país, “algo muy necesario”.

Sin embargo, Andalucía Acoge opina que la puerta que ha abierto la Junta “se ha quedado a medias” porque las medidas contempladas “no se realizan desde una óptica lo más inclusiva posible ni atienden a la riqueza y la diversidad de la sociedad andaluza. A nuestro juicio, añade a través de un comunicado, las medidas ”no pueden dar la espalda a la presencia de 358.895 personas de origen inmigrante que ya forman parte de la sociedad andaluza; y creemos que las líneas de actuación planteadas en este decreto deben ser diseñadas para alcanzar al mayor número de personas posible. De ahí que solicitemos la inclusión de diversos puntos en este nuevo decreto“.

El primero, señala Andalucía Acoge, es el relativo a la seguridad alimentaria de los menores en Andalucía, ya que una de las medidas anunciadas garantiza, a través de los comedores escolares, que todos los menores en Andalucía tengan, al menos, tres comidas diarias. Sin embargo, desde la federación “nos preocupa que, dependiendo como se implante esta medida, un buen número de menores de origen inmigrante se queden excluidos de la misma”.

A raíz de la aprobación de la Orden de 31 de julio de 2012 (BOJA 156 de 09/08/2012) los menores escolarizados que tengan a uno de los miembros de su unidad familiar (mayor de 16 años) en situación administrativa irregular son excluidos de las bonificaciones para los servicios complementarios de la enseñanza (aula matinal, comedor escolar, etcétera) lo que, en la practica, “supone su exclusión total de estos servicios”.

“Se da así la paradoja de que muchos menores, pertenecientes a familias con escasos recursos, no se les permite disfrutar de este derecho --reconocido, por otro lado, en la normativa estatal para todos los menores-- al carecer sus progenitores de NIE y tienen que iniciar, si cuentan con la información para ello, un tortuoso camino --a instancias de los propios centros educativos o acompañados de entidades sociales como la nuestra-- para solicitar la revisión discrecional de su solicitud”.

Es más, continúa Andalucía Acoge, esta exclusión que afecta a los menores de origen inmigrante en edad escolar “se extendió, también, a la educación infantil”. Así, en una instrucción de abril de 2012 la Consejería de Educación informa que aquellas solicitudes de plazas y bonificaciones en los centros de primer ciclo de la educación infantil que no estuvieran acompañadas por el DNI o NIE serían baremadas con 0 puntos, con las consecuencias que esto conlleva.

Es por ello que, que este colectivo opina que para que la medida de garantizar la seguridad alimentaria de todos los menores en situación de exclusión que viven en Andalucía sea efectiva, “debería ir acompañada, paralelamente, de la derogación de la normativa antes señalada que dificulta el acceso a este derecho a una buena parte de los menores de origen extranjero que están en escolarizados”. En ese sentido, afirma que hay que recordar que los menores inmigrantes tienen reconocido en la legislación a derecho a la educación que incluye explícitamente “el acceso al sistema público de becas y ayudas en las mismas condiciones que los españoles”.

Por otro lado, la anunciada medida de acelerar la resolución de las solicitudes del 'salario social' (Programa de Solidaridad, Decreto 2/1999 de 12 de enero) es, sin duda, una “buena noticia” que conllevará la modificación del decreto 2/1999. Pero también es “una magnifica oportunidad para proceder a corregir la injusta aplicación actual de esta normativa que excluye a las personas inmigrantes”.

En efecto, apunta, desde su redacción original en 1999 la realidad social andaluza ha variado de forma importante y, sin embargo, en este caso no se ha procedido a adecuar la practica administrativa a la realidad social: así las personas inmigrantes que forman parte de la sociedad andaluza se han visto privadas de acceder a esta ayuda lo que, por otra parte, contraviene la normativa estatal existente (art. 14.2 LOE 4/2000) que reconoce a todas las personas inmigrantes en situación regular el derecho a acceder a las ayudas específicas de los Servicios Sociales en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos. Y se han dado casos en que aun siendo el solicitante de esta ayuda de nacionalidad española, si en su unidad de convivencia se encontraba una persona inmigrante en situación irregular se ha procedido a la denegación.

“Para que esta medida tenga el carácter más inclusivo posible pensamos que, al menos, es indispensable que se reconozca el derecho de las personas inmigrantes en situación administrativa regular a acceder a la misma y que, de igual forma, no se penalice la presencia en la unidad de convivencia de personas en situación administrativa irregular”, afirma la federación, toda que invita a considerar, de cara al futuro más inmediato, que este Programa “pueda ampliarse a cualquier persona empadronada en Andalucía, independientemente de su situación administrativa”.

Así, Andalucía Acoge, y las entidades que forman parte de la federación, subrayamos la necesidad de abordar la lucha contra la exclusión social “desde una concepción de la ciudadanía inclusiva”.

Además, creemos que si bien es necesario que se tomen medidas como las contempladas en este decreto, “más necesario aún es que se apruebe la Ley de Inclusión Social en Andalucía, que fue una de las primeras víctimas de la crisis y que lleva aparcada varios años”.