Andalucía regresa al fondo de liquidez estatal y solicita un préstamo de 5.317 millones para financiar sus deudas

El Gobierno de Andalucía ha solicitado a regañadientes su regreso al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), demandando al Estado un préstamo de 5.317,15 millones de euros para pagar vencimientos de deuda pública y otros conceptos de financiación. Andalucía vuelve así a recurrir al instrumento de financiación para regiones que han incumplido los objetivos de estabilidad, tras desviarse una décima en el límite del déficit exigido para el ejercicio 2018. El cabreo en el Ejecutivo de PP y Ciudadanos es mayúsculo, porque ese desfase es computable al último año de gobierno de Susana Díaz, porque la responsable de aquellas cuentas fue la ex consejera y hoy ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y porque la consecuencia inmediata ha sido la salida de la Junta andaluza de los mercados de deuda y su vuelta al FLA.

Andalucía necesita liquidez inmediata para devolver en 2020 todo el dinero que le han prestado distintas entidades públicas y privadas para financiarse: 5.093 millones de euros por vencimientos de deuda en los primeros meses de 2020 y otros 223,3 millones del pago aplazado por las liquidaciones negativas de 2008 y 2009 (un dinero que recibió de más del Estado en aquellos años y que ahora debe reintegrar). Este mismo mes de enero, la Junta debía amortizar 1.133 millones de deuda, de la que 993 millones pertenece a mecanismos estatales de financiación.

El montante global de la deuda es un 21,7% mayor que la del año pasado. De esos más de 5.217 millones, alrededor de 1.930 millones esperaban captarlos a través de los mercados. El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo, asegura que ha tenido reuniones con entidades financieras nacionales e internacionales -“todas las grandes”- y que tenía garantizado de antemano el préstamo “a coste muy razonable y a plazos muy largos de vencimiento”. “Nos pedían por favor que siguiéramos en los mercados”, afirma. La Ley de Estabilidad no obliga a una comunidad a adherirse al FLA, puede financiarse a través de los mercados si las condiciones son mejores.

Bravo defiende que no lo ha hecho porque el Ministerio de Hacienda no le dio la autorización necesaria. No hay ningún escrito oficial que acredite ese permiso denegado, aunque el consejero afirma que se lo dijo la secretaria de Estado de Hacienda “en conversación telefónica”. El Ministerio lo niega categóricamente y asegura que la Junta andaluza ha optado por el FLA porque los intereses y las condiciones son más rentables que en el mercado.

Los problemas de financiación de Andalucía son una constante en la agenda política desde hace años y, en los últimos meses, se han reactivado como un pulso político entre el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez. Es una confrontación que viene de largo y que hace un año tenía mimbres parecidos pero distintos protagonistas: la Junta de Susana Díaz y el gabinete de Mariano Rajoy.

Fruto de este pulso, la Junta andaluza de PP y Cs, siguiendo la estela del Gobierno de Madrid, ha decidido acudir a los tribunales para reclamar al Ejecutivo central los 537 millones de euros de recaudación del IVA en Andalucía en 2017, pendientes de devolución desde hace tres años. Se trata de un dinero procedente del tributo estatal que el Ministerio de Hacienda recaudó en esta región hace tres años, siendo titular Cristóbal Montoro, pero que nunca se devolvió a la Junta. No lo hizo Montoro y posteriormente tampoco lo hizo su sucesora, la ministra Montero.

El consejero de Hacienda ha confirmado este jueves que la Junta andaluza volverá a incumplir el objetivo de déficit en 2019, primer año computable al nuevo Gobierno de PP y Cs. Sin embargo, Bravo también ha asegurado que ese desvío es computable al Ejecutivo de Sánchez, es decir que “si el Estado hubiera cumplido con el compromiso de pago del IVA” pendiente de 2017, “Andalucía habría cumplido el déficit de 2019 con margen”.