Andalucía alcanzará en 2027 el 50% de financiación estatal en dependencia tras una inyección de 954 millones
Hace tres días, el Gobierno central anunciaba un real decreto de financiación a la dependencia que supondrá una fuerte inyección económica para las comunidades autónomas: 2.000 millones de euros más en 2026 y otros 4.000 más en 2027 con el propósito de llegar al compromiso de financiación del 50%, tal y como marca la ley. En Andalucía, el montante económico se situaría en los 954 millones de euros, que se dividiría en 317,9 millones para este ejercicio y 635,8 millones de euros para el próximo año, según las fuentes gubernamentales consultadas por este medio, que quedaría en manos de la Junta de Andalucía para reforzar el sistema.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) lograría mayor robustez para alcanzar a las 1,6 millones de personas registradas en todo el país, de las que 352.209 personas están en Andalucía con prestaciones reconocidas a razón de la cifra publicada por el Imserso el 31 de mayo. El incremento de la cuantía que reciben los gobiernos autonómicos por cada persona era uno de los compromisos marcados en la agenda del Gobierno de Pedro Sánchez con Sumar. Una ampliación que entrararía en vigor, previsiblemente, a partir del 1 de julio, por lo que la dotación aumentaría un 128% en grado III (gran dependencia), que subirán de 290 a 660 euros al mes por persona; un 100% para aquellas en grado II (dependencia severa), donde se duplica de 130 a 260 euros; y el grado I (dependencia moderada) quedaría en un 18%, ya que aumenta de 76 a 90 euros.
El real decreto impulsado por el Ministerio de Derechos Sociales, encabezado por Pablo Bustinduy, deberá pasar por el Congreso, una propuesta que vendrá acompañada por la ley de discapacidad y de dependencia. Con estos datos, la Junta de Andalucía recibiría 318 millones de euros más en 2026 y 636 millones en 2027. En total, como adelantan las fuentes consultadas, la aportación estatal a la dependencia andaluza será de más de 957 millones de euros en 2026 y de más de 1.200 millones de euros el curso siguiente. Una suma que, de no haberse aprobado tal medida, se hubiera quedado en alrededor de 639,7 millones de euros.
Esta aportación de dinero público se realiza para cubrir las cuantías que el Estado por cada persona con grado reconocido, en la que no se incluye la inversión adicional que supone el nivel acordado. Esta cantidad, adelantan las fuentes consultadas, se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD el próximo lunes 29 de junio.
49.513 personas en espera en Andalucía
El informe del Observatorio Estatal para la Dependencia indicó en mayo que la “falta de incremento presupuestario” por parte del Ministerio en los tres últimos años, que no mantuvo la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque para el trienio entre 2021 y 2023 suponía una “clara ralentización” del aparato administrativo a la hora de atender a los usuarios. Es más, en este último mes la lista de espera aumentó en 7.293 personas y, en total, hay 265.503 en todo el país, aunque el gráfico ha disminuído desde 2022 cuando había 332.062 personas sin respuesta.
En el caso de Andalucía, hay 49.513 personas en espera, solo por detrás de Cataluña (80.827 personas) y, si bien los tiempos se redujeron en 50 días y aumentó el reconocimiento al derecho a la dependencia en un 3,3%, uno de los mejores valores estatales, la media para obtener una resolución continúa siendo de las más altas del país y se queda en los 446 días, más de un año. A lo largo de estos cinco primeros meses, fallecieron en la comunidad 2.204 personas pendientes de una resolución de grado y de PIA.
El acuerdo entre el Gobierno central y el País Vasco firmado en abril del año pasado ha servido como telón de fondo para esta apuesta en la dependencia. En la Comisión Mixta del Concierto Económico se aprobó la financiación 50-50, una medida que ahora se extiende al resto del territorio, tal y como reclamaba la ahora consejera en funciones de Inclusión Social, Loles López. No obstante, el Gobierno andaluz ha afirmado en más de una ocasión que aporta más recursos que el Estado en la financiación del sistema de dependencia, pero los informes del Imserso y de la Federación de Organizaciones Andaluzas de Mayores (FOAM) desmienten tales sentencias.
Andalucía es de las comunidades con mayores fondos por parte del Gobierno central, recibiendo un 34,90% en 2024 (a falta de los datos consolidados de 2025), por encima de País Vasco (15,07%), Madrid (27,23%), Cataluña (22,59%), aunque estos porcentajes disminuyeron levemente en comparación con 2023. Sin embargo, el análisis de FOAM puntualiza que la comunidad ha pasado del 0,7% al 0,9% del PIB en las cuentas autonómicas entre 2018 y 2024, con un gasto por beneficiario que sigue estando por debajo de la media nacional: 7.173 euros frente a los 8.631 euros. Ahora, con la vista fijada en cumplir con la Ley de Dependencia de 2006 y la cofinanciación del 50%, este balón de oxígeno a las arcas públicas revertirá en mayores recursos para la población andaluza.
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