La trama judicial de Parques y Jardines de Sevilla provoca el cierre temporal de La Corchuela
Un cartel poco aclaratorio da la bienvenida desde hace casi un mes a los visitantes del Parque Periurbano La Corchuela, en Sevilla. 'Prohibido el paso. Info: Llamen al Ayuntamiento'. La causa que ha provocado el cerrojazo temporal a uno de los pulmones verdes más importantes y cercanos a la capital hispalense es que ninguna empresa tiene encargada la prestación del servicio de seguridad de las instalaciones ¿Por qué? El origen está en la 'Operación Madeja' que investiga la omnipresente jueza Alaya: el que fuera director de La Corchuela y exjefe de servicio de la Delegación del Ayuntamiento de Sevilla Francisco de Amores, en la cárcel desde el pasado 19 de diciembre, dejó en el aire la renovación del contato.
Y, ¿cuándo se reabrirá? En el Consistorio hispalense, que participa en un 76% en la gestión del lugar (el resto del porcentaje que dirige el parque lo comparten el Ayuntamiento de Dos Hermanas -10%-, el de Los Palacios -4%- y la Diputación de Sevilla -10%-), no lo saben. “Hasta nuevo aviso”, aciertan a decir desde la Delegación de Parques y Jardines, que tiene como nuevo jefe de servicio a Miguel Cerón desde finales del pasado octubre.
La presidenta del Consorcio del Parque de La Corchuela, Pía Halcón, también delegada del Distrito Nervión de Sevilla, confirma a eldiario.es/andalucia que el motivo del cierre del espacio natural de 54 has es que el nuevo acuerdo para la mantener la seguridad del lugar “se está tramitando”. El pliego de condiciones aún no está del todo concretado y, por tanto, la convocatoria pública de contratación aún no se ha hecho efectiva. El pertinente visto bueno de la mesa de contratación y los procedimientos habituales de este tipo de prestación de servicios no hacen prever que la reapertura de La Corchuela, frecuentado hasta ahora por los habitantes tanto de Sevilla como de los municipios cercanos de Dos Hermanas y Los Palacios, sea especialmente inminente.
Halcón, que afirma que sin contrato de vigilancia y seguridad no se abrirá el parque, apunta que desde el 1 de enero “no había director que pudiera firmar la prórroga del contrato”. La nueva tramitación está “en marcha”. Admite que trasladó recientemente la “urgencia” del asunto al concejal delegado de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, Maximiliano Vílchez. De hecho, este jueves esta previsto un encuentro para “presentar” al nuevo jefe de servicio de Parques y Jardines, Miguel Cerón, a la sazón máximo responsable del parque, a las instituciones consorciadas.
Cerón sustituyó a finales de octubre al ahora encarcelado Francisco Amores. Ya a mediados de diciembre y tras desencadenarse la segunda fase de la denominada 'Operación Madeja', la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Sevilla, a instancias del alcalde, Juan Ignacio Zoido, aprobaba la destitución del director del Área de Medio Ambiente, Parques y Jardines, Joaquín Peña, después de conocerse su imputación.
La causa judicial investiga si el exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista durante el Gobierno municipal de Sánchez Monteseirín, Domingo Enrique Castaño, aceptó y recibió dádivas a cambio de conceder a determinados empresarios contratos de servicio del Consistorio hispalense.
Otro de los supuestos implicados en esta trama, Francisco Luis Huertas, jefe obrero de Parques y Jardines en el Ayuntamiento de Sevilla, salió recientemente en libertad provisional después de que su familia abonara la fianza de 60.000 euros que le impuso la jueza Alaya para poder abandonar la cárcel. Sólo permanecen en la cárcel el administrador único de Fitonovo, José Antonio González Baro, y el citado exjefe de servicio de Parques y Jardines Francisco Amores, cuyo abogado recurrió el auto de prisión ante la propia jueza, que lo desestimó.
El también exdirector de La Corchuela habría sido acusado de haber recibido pagos periódicos de unos 500 euros por parte de Fitonovo a cambio de la adjudicación de un contrato de mantenimiento. De hecho, según informó Europa Press, la Guardia Civil le enseñó durante su declaración un supuesto documento con un pago a su nombre, aunque sin su firma, si bien Amores negó ante Alaya todas las acusaciones.
