“Si Iñaki Urdangarin no fuese cuñado del rey no habría habido tanta polémica”

Una señora se acerca y lo llama superhéroe. Pepi, la hermana del juez Baltasar Garzón, se encarga de tomar las fotos, mientras su hermano, al que durante sus años más activos los medios lo llamaban 'juez estrella', firma ejemplares de su nuevo libro: En el punto de mira. La forja de un juez a contracorriente (Planeta).

“Niño, levanta la cabeza” le espeta Pepi al juez que durante décadas luchó contra el crimen organizado en todas sus formas y variedades desde el famoso juzgado de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional.

Juan Torres, catedrático universitario, prefiere llamarlo “titán de la justicia” durante la amena charla de presentación del libro que mantiene con el jienense en la Fundación Cajasol de Sevilla. “El escritor Leonardo Sciascia decía que los intelectuales deben levantar las piedras para que se vean los gusanos. Los jueces tienen una tarea más ingrata: acabar con esos gusanos. El comportamiento de Baltasar nos salva a todos de la podredumbre y la injusticia”, afirma.

Garzón desentraña algunos de los temas de su libro: la independencia del juez, el terrorismo de Estado, ETA, el narcotráfico, Pinochet, el franquismo o Gürtel. Para el juez, que fue inhabilitado por prevaricación en el caso Gürtel, “al sustantivo juez no habría que ponerle el adjetivo de independiente. Los jueces de instrucción somos la vanguardia, los que tenemos que desbrozar el camino de la injusticia. Si el caso es complejo, vas a tener problemas. Si son temas graves y recurrentes, vas a tener problemas, porque evidentemente no vas a contentar a todos con tus decisiones”.

Recuerda con angustia la liberación de Ortega Lara. “No era un asunto de mi juzgado, pero estaba de guardia. Tomé la decisión de intervenir. Si no acertábamos, la vida de Ortega Lara valía muy poco, porque no iba a poder salir de donde estuviera o lo iban a asesinar. Estuvimos toda la noche inspeccionando la nave. Pasaban las horas y no aparecía nada y la única preocupación que tenía es que no iba a haber nadie que viniera a por él. Cuando apareció, fue una tranquilidad impresionante”.

Sobre uno de sus casos más importantes y que más enemigos le granjeó, el GAL, no deja dudas sobre su criterio: “Combatir el terrorismo con la ilegalidad se vuelve siempre contra ti. Fue un desastre, que nos deslegitimó internacionalmente y nos supuso la falta de cooperación de Francia en la lucha contra ETA. Todavía quedan crímenes sin resolver, que no descarto que vuelvan a aparecer”.

Tras la presentación, Garzón, que ha seguido trabajando en pro de la justicia universal a lo largo y ancho del planeta, analiza algunos aspectos de la actualidad y la historia judicial de España con eldiario.es Andalucía.

Iñaki Urdangarin no entrará en prisión provisional. ¿Es lógica la polémica que se ha levantado esta semana?

Creo que es una falsa polémica, porque lo que se tiene que conseguir es que el recurso se resuelva y haya una sentencia definitiva del Tribunal Supremo cuanto antes. A partir de ahí tenemos que exigir que se cumpla la pena. La prisión preventiva tiene que respetar la normativa que la regula: que haya un riesgo de sustracción a la justicia o alguna incidencia que haga temer que las personas afectadas no van a estar en el lugar que deban estar el día que tengan que ingresar, si se confirman las penas. Si no hubiese sido el cuñado del jefe del Estado, posiblemente no se habría dado tanta polémica. Yo respetaría en cualquier caso la decisión de los tribunales.

Otro tema judicial de actualidad: Pedro Izquierdo, ex alto cargo con Chaves y Griñán, será el nuevo juez de los ERE. ¿Cree que puede haber incompatibilidad?

No necesariamente. Depende de la responsabilidad que haya tenido y la relación que haya tenido con la persona afectada. Una dirección general tiene muchos estratos intermedios como para establecer que existe una causa de abstención. En cualquier caso, es la persona interesada la que tiene que valorarlo. En principio, si no hay vinculación jerárquica clara y definida, no tiene por qué haber razón. Son muchos los casos de jueces que han tenido esa vinculación administrativa técnica de una dirección general, que puede ser técnica y no política. No tiene por qué ser causa de abstención, pero la apariencia de imparcialidad tiene que primar.

¿Cómo cambió Francia de mentalidad en la lucha contra ETA?

Fue algo muy importante, a finales de los años 80. La falta de investigación de los GAL creaba una clara desconfianza de Francia a España. Sin embargo, cuando ese escollo se superó y se abrieron investigaciones, la cooperación judicial empezó a funcionar. También es verdad que los jueces antiterroristas franceses desconocían lo que era el terrorismo en España. Lo conceptuaban como una lucha política y se olvidaban el matiz fundamental: esos planteamientos se adelantaban a través de la violencia, que es lo único que es no admisible en una democracia. No puede haber justificación ideológica cuando asesinas, secuestras o pones una bomba.

¿No veían el reguero de muerte?

Cuando fui a entrevistarme con el juez Michel Legrand, le presenté, en el interrogatorio de Santi Potros, un dossier con los casos más importantes relacionados con la dirección de ETA. El juez comenzó a verlo y, lo que hasta ese momento había sido una actitud timorata o favorable hacia Santi Potros, cambió y le dijo: “Usted no me puede decir que esto es política, aquí hay muertos”. El juez vino a reconocer que desconocía esa realidad. Me llamó la atención.

Habla en su libro de que la guerra contra la droga ha sido un fracaso. ¿La legalización es la solución?

Llevamos casi cien años combatiendo sin éxito el tráfico y el consumo de drogas, aunque en España esto último nunca haya sido delito. Se han llenado las cárceles de delincuentes drogoinducidos, que delinquían para obtener su dosis, mientras no se combatía el crimen organizado. Hay que ser conscientes de que la penalización de las drogas no es la solución. Hay medidas alternativas que podrían ser mucho más eficaces, como incidir en el consumo responsable, el cuidado, la atención o la educación. Y sobre todo habría que incidir en el origen del problema y, no tanto, en los efectos.

¿Y cuál es ese origen?

El origen es precisamente los intereses que se cruzan en el comercio ilícito de las drogas. Y los intereses económicos, procesos de corrupción y blanqueo de dinero que suscita ese comercio. ¿No sería mucho más lógico hacer una regulación responsable de ese comercio, para dar una respuesta diferente tras cien años de fracaso?

¿Lo cree?

Sí, sin lugar a dudas.

Habla en su libro de las denuncias por genocidio en el Sáhara tanto a manos de militares marroquíes como del Frente Polisario.

La jurisdicción universal actúa para garantizar la no impunidad y darle respuesta a las víctimas. En cualquier caso, no se puede es permitir la impunidad venga de donde venga. El caso del Sáhara es paradigmático, ya que el pueblo saharaui ha sido muy castigado y las víctimas deben recibir esa reparación. Ahí es donde nos debemos mover.

Tradicionalmente se ha puesto el foco en Marruecos, pero la Audiencia Nacional acaba de imputar por genocidio al presidente saharaui.

Nunca las responsabilidades están solo de una parte. No podemos negarle a nadie la investigación independiente, eficaz y que eso desemboque en una acción de la justicia y en una reparación, ya sea aquí, Marruecos o donde sea. No se puede impedir que leyes, como la de jurisdicción universal de 2014 del Partido Popular, acaben con la posibilidad de investigar crímenes que afecten a toda la humanidad.

¿Cómo pudo gestionar casos tan dispares a lo largo de su carrera en la Audiencia Nacional?

Son las competencias de la Audiencia Nacional: crimen organizado, terrorismo, crímenes de lesa humanidad, corrupción, criminalidad económica, blanqueo, narcotráfico. Son los que son… aunque quizás debería haber más especialización. Cuando te los plantean, tienes la obligación de resolverlos. Eso te obliga a estudiar, aprender y gestionar equipos de trabajo, que es lo que he procurado hacer en mi vida profesional. No siempre es fácil, pero es lo que he procurado hacer.

¿Cuál es el hilo que los une a todos?

Los intereses de la población y la defensa frente a la gran criminalidad organizada. Hablamos siempre de crimen organizado, aunque sea en diferentes ámbitos: económicos, políticos, ideológicos, corporativos. El caso es que siempre hay un hilo conductor: organización, ilegalidad y afectación a los intereses generales de la población.

¿Qué cree que le va a sorprender más al lector de su libro?

La interconexión y la intrahistoria de hechos que, intencionadamente o no, se han deformado. La confrontación de puntos de vista jurídicos diversos, la actitud de los fiscales que no favorecieron la jurisdicción internacional y el cambio que hubo a partir de 2004, cuando la fiscal Loles Delgado acusó a Adolfo Scilingo, cambiando el criterio de la fiscalía anterior. Y sobre todo cómo es la secuencia de un juzgado en el que ocurren muchas cosas y donde existe siempre un hilo conductor.