Una mujer denuncia que el retraso en las ayudas del alquiler del Ayuntamiento de Cádiz la va a dejar sin vivienda

Cuando llegue el 31 de agosto Dunia tendrá que abandonar su actual vivienda. Ella es una mujer gaditana que vive una situación muy delicada. Está desempleada, no cuenta con recursos económicos y su hijo, de nueve años, está enfermo de TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad).

Desde el Ayuntamiento de Cádiz aseguran que hay unos 5.000 pisos vacíos en la ciudad y la vivienda es, junto al paro, el gran problema de muchos gaditanos. Es, precisamente, la Delegación de Asuntos Sociales del Consistorio gaditano la que ofrece ayudas a las personas con menos recursos para acceder a alquileres, pero el retraso en los pagos de estas ayudas ha provocado que Dunia pueda verse en la calle a finales de agosto.

El Ayuntamiento gaditano gestiona la política de vivienda a través de Procasa. Según fuentes municipales, desde la empresa municipal se está ayudando a Dunia a buscar otro alojamiento porque la propiedad de la casa no quiere renovar el contrato. Y tendrá que ser del mercado privado porque Dunia no tiene puntuación suficiente en el registro de demandantes de Procasa.

Las mismas fuentes municipales aseguran que le han recomendado a Dunia que si no encuentra vivienda en pleno verano y en plena pandemia, que hable con el propietario para que sea sensible y le dé más tiempo, pero la petición se ha producido y la respuesta ha sido negativa.

“Nadie me ha llamado de Procasa y tampoco me están ayudando. Pedí seis meses de prórroga al propietario del piso porque había un decreto nuevo que lo permitía, pero el dueño me ha dicho que no lo prorroga. El Ayuntamiento tarda mucho en pagar, nunca está al día, y así no hay manera”, lamenta Dunia, que paralelamente está tramitando la documentación para acceder al ingreso mínimo vital.

Fuentes cercanas al propietario aseguran que también se siente víctima de la situación. Puestos en contacto, lo deja claro a este medio: “El propietario es un pensionista que cobra 352,78 euros al mes y que depende para su sustento del cobro del alquiler, razón por la que no va a prorrogar el contrato pues la inquilina paga irregularmente. De hecho, ya se presentó una demanda de desahucio por impagos de varios meses de renta que finalmente se anuló porque lo pagó in extremis. En estas condiciones no se puede mantener el contrato de alquiler, deben ser las administraciones públicas las que resuelvan el problema de esta señora”.

“Los impagos del Ayuntamiento son habituales”

Rosa Núñez, de la Asociación Mujeres Desamparadas, está ayudando a Dunia y denuncia que “los impagos del Ayuntamiento son habituales. Hay mujeres que se van a ver en la calle porque no cumplen con lo que deben a través de Servicios Sociales o de la Fundación de la Mujer. Tienen que hacer algo más y no limitarse a hacer minutos de silencio”.

Dunia fue víctima de violencia de género y sus ingresos se limitan a la orfandad de su hijo (190 euros) y una ayuda familiar. El pasado 29 de marzo recibió la mala noticia de que no le prorrogaban su contrato en una peluquería de Cádiz y no oculta su preocupación: “Me encuentro desesperada porque no sé cómo voy a afrontar esta situación. Necesito que mi caso se valore en el Ayuntamiento y que no se rijan por un baremo. Es un riesgo claro de exclusión social y necesito una vivienda donde meterme con mi hijo”.

En el Ayuntamiento de Cádiz reconocen que se han producido algunos retrasos en el pago de las ayudas para el alquiler, pero señalan que se trata de “problemas puntuales”.