El campo clama contra el tsunami de las renovables: “Queremos sembrar pepinos, no vuestros molinos”

La reivindicación del campo y la crítica al modelo de las renovables se unió en la protesta.

Antonio Morente


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La presentación de proyectos de energías renovables ha alcanzado niveles de auténtica avalancha en Andalucía, con el terreno abonado que propicia la falta de un marco normativo que ordene la situación. El problema es que este tsunami energético está devorando terrenos agrícolas y cargándose el paisaje, por lo que crecen las voces que reclaman una moratoria hasta que se regule un sector desbocado ante la perspectiva de negocio: el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) fija para 2030 un objetivo nacional de 39 GW de potencia fotovoltaica, y a fecha de hoy en Andalucía ya hay proyectos presentados por un total de 22 GW de potencia fotovoltaica. Es decir, más del 56% con todavía nueve años por delante.

Decálogo sobre energías renovables a gran escala

Decálogo sobre energías renovables a gran escala

Las cifras las aporta la Alianza Energía y Territorio (Aliente), un colectivo estatal que en la mañana de este jueves llamaba a concentrarse ante el Parlamento andaluz para exigir una regularización antes de que sea tarde, algo que a su juicio está a la vuelta de la esquina por la velocidad fulgurante a la que se mueve el sector. Lo de plantarse en las Cinco Llagas era para anunciar que se trabaja en una iniciativa legislativa de los ayuntamientos para llevarla a la Cámara andaluza, para lo que hace falta el respaldo del pleno de 25 municipios o de diez si representan globalmente a 40.000 electores.

Reunión con los grupos parlamentarios

La lentitud de este proceso explica el porqué de la concentración, que servía como un aviso a navegantes del que se dieron por enterados los grupos parlamentarios, como demuestra que los impulsores de la protesta fueron recibidos por PP, Cs, PSOE, Unidas Podemos y los parlamentarios no adscritos alineados con la reformulada Adelante Andalucía. ¿Y cuál fue su respuesta? “Han reconocido que esto tiene un gran impacto y que no está ordenado, que es un disloque”, resumía Luis Bolonio, portavoz nacional de Aliente llegado desde Tabernas, en Almería, donde están en desarrollo 25 proyectos de renovables que ocupan más de 3.000 hectáreas y que aportarán el 5,4% de la potencia fotovoltaica planeada en toda España para 2030.

La colorista concentración ante el Parlamento congregó a personas llegadas de zonas con iniciativas controvertidas, y así podían leerse carteles en defensa de Tabernas, de Zújar, Caparacena, las sierras del Becerrero y de las Nieves… La protesta aunaba una doble denuncia que se coreaba en consignas, por un lado en contra de esta implantación salvaje (“renovables sí, pero no así”) y por otro en defensa de la agricultura y el paisaje rural, que se resumía con mensajes bastante gráficos: “el campo no se vende, el campo se defiende”, “las vacas en los prados, las placas en los tejados”, “queremos sembrar pepinos, no vuestros molinos”...

Para Aliente, falta planificación, ordenación y también participación ciudadana, lo que dibuja un cuadro en el que “se está desaprovechando una oportunidad histórica para llevar a cabo un cambio que sea justo, democrático y sin impacto en el medio ambiente”. Lo que se traduce en la paradoja actual, en la que entidades ecologistas y ambientalistas luchan por poner un poco de orden en unas energías renovables cuyo desarrollo en tromba “puede llevar a emitir más CO2”. En resumen, está en riesgo “perder la oportunidad de las renovables”, como apunta Bolonio. 

Rumbo a los 800 proyectos

Por un mundo rural vivo y sostenible, reclama una de las pancartas, lo que choca con que Andalucía se asoma ya a la cifra de los 800 proyectos de renovables. “La tierra no se vende, la tierra se defiende”, corea una concurrencia a la que la Policía Nacional conmina a no poner más carteles en la valla del Parlamento y a dejar un pasillo por el centro de la acera para que circulen los peatones. Esto último es más difícil de conseguir, por lo que al final se habilita un pequeño desvío por un carril de la calzada.

“Preocupa mucho el impacto rural y paisajístico”, admite mientras tanto Juan Hurtado, de la Fundación Savia, quien reconoce que los proyectos energéticos le resultan más rentables que la actividad agrícola a los propietarios de los terrenos, con parcelas por las que se pagan entre 1.400 y 1.800 euros por hectárea anuales y contratos por hasta 30 años. Y a eso le añadimos el maná que puede suponer para pequeños ayuntamientos, en la forma tanto de inversiones como de tributos.

El problema del reciclaje en el horizonte

Todo esto suma para insuflar aire en las velas de los huertos solares, que ocupan unos terrenos agrícolas en los que se borra toda brizna de verde y que sufren un fuerte castigo con los productos químicos con los que se limpian las placas. Y eso sin hablar de que “se va a crear un problema de reciclaje” porque la vida útil de los materiales se fija en unos 25 años, “¿qué vamos a hacer con ese mar de chapa y cristal?”, se pregunta de manera retórica Hurtado.

Además de que se amenaza a la biodiversidad, el entorno rural no se beneficia todo lo que podría de la instalación de estas plantas. “Hay que regular cómo se ponen, dónde y el reparto de beneficios”, apostilla Luis Bolonio, que pone como ejemplo que un municipio danés con 11 molinos eólicos obtiene un retorno económico muy superior a otro de Tarragona con casi el triple de estas aspas gigantes. “Han decidido convertir a Andalucía en el granero energético de Europa, vamos a ser una colonia energética”, alerta, al tiempo que incide en que “todo el mundo está de acuerdo en que esto es un error”. La cuestión, proclama, es aplicar el sentido común antes de que sea demasiado tarde.

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