Cristóbal Cano, de UPA Andalucía: “Las explotaciones familiares son el alma del sector agrario en nuestro país y necesitan medidas valientes en la nueva PAC”

Responsable Sectorial del Olivar y del Aceite en UPA (Unión de Pequeños Agricultores), Cristóbal Cano lleva la voz de esta organización agraria a la hora de negociar la futura PAC (Política Agraria Común) para un cultivo clave en Andalucía. De fondo, ruge el motor de los tractores, que seguirán saliendo a la calle para hacerse oír en los despachos que determinarán el marco vigente desde 2023 para la política más importante de la UE.

Estamos en periodo transitorio de cara a la PAC 2023-2027. ¿Qué balance hace de la pasada?

Es un balance agridulce. Por un lado, porque es una política fundamental para nuestro sector y los apoyos son claves para mantener las explotaciones de Andalucía, que es la mayor región desde el punto de vista agrario de España en todos los parámetros. Pero por otro lado, está la cara no tan agradable porque el reparto no es ni el más justo, ni el más social ni el más eficiente. Se vienen arrastrando errores y situaciones no deseables desde hace décadas.

Ponga algún ejemplo.

En Andalucía hay 3.000 perceptores que se reparten anualmente 370 millones de euros frente a 171.000 a los que les tocan 274. O sea, el 1,25% del total de perceptores cobra el 27% de todas las ayudas directas y eso hay que cambiarlo. Es una distorsión en el reparto que hace que los que tengan grandes explotaciones, cuya viabilidad no depende siquiera de las ayudas directas, se conviertan en sumideros de las mismas a costa de las explotaciones familiares, que son las que mantienen el medio rural en nuestra región y son el alma del sector agrario en nuestro país. En el nuevo marco hacen falta medidas valientes que reviertan esa injusta situación.

Digamos, pues, que creen fundamental revisar los pagos directos.

Los pagos directos deben estar dirigidos a esa inmensa clase media que es la agricultura y ganadería familiar sin menoscabo de apoyar a otros modelos, pero con criterios absolutamente distintos a los actuales. Los que hemos soportado las mayores pérdidas somos la agricultura y ganadería familiar. Desde 2014, en que se aprobó una aplicación perversa con una reducción lineal, hemos ido soportando las pérdidas. Entendemos que eso hay que corregirlo. Hay que volver al punto de partida anterior a 2014 y recuperar lo perdido en el marco que acabó en 2020.

¿Cómo va el trabajo en la mesa de negociación?

Se están cerrando definiciones importantes para lo que será la biblia de la próxima PAC: el Plan Estratégico Nacional, que debe remitirse este año a Bruselas, con las aportaciones de las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas. Tras las negociaciones bilaterales con las organizaciones agrarias, a partir de este mes, tocará con las comunidades autónomas, para que en mayo tenga lugar la conferencia sectorial y en junio esté dibujada la reforma de la PAC.

Queremos que ningún perceptor cobre más de 60.000 euros. Si acaso, hasta 100.000, pero que esos 40.000 extra estén vinculados a la generación de empleo mediante la justificación de ese trabajo en las explotaciones.

¿Se van a cumplir esos plazos?

Creemos que se va a conseguir porque hay mucho trabajo hecho. Los plazos se marcan desde Bruselas, donde nosotros tenemos una delegación permanente que trabaja en función de sus calendarios. Estamos en meses clave porque en 2021 se va a decidir exactamente cómo será la futura PAC. Es importante que en España se aborde el reparto con justicia social de un dinero que sale de los impuestos y debe tener el uso más justo, eficiente, e incluso, ético, y actualmente no es así.

Sin embargo, no parecen ustedes muy optimistas. De hecho, hace un mes empezaron las movilizaciones porque no les gustan las medidas para este periodo transitorio, con las que el Gobierno de España parece estar adelantándose a lo que vendrá en 2023…

El campo no está solo revuelto por el periodo transitorio. El diálogo siempre se ha mantenido y llevamos muchas reuniones porque es una cuestión capital. Pero no habrá tregua en las movilizaciones porque no son fruto en exclusiva de esto, sino que llevamos años, sobre todo para protestas por la falta de precios justos para nuestras producciones. En el caso del olivar empezamos en 2019 y luego estas movilizaciones se hicieron extensibles en 2020 a todos los sectores con ese lema de “agricultores al límite”. El objetivo común es pedir a las administraciones que velen precios justos.

Eso parece que se consiguió con la modificación de la ley de la cadena alimentaria, ¿no?

Fue histórica la modificación, para cobrar por lo menos el coste de producción, pero falta materializar actuaciones que den forma a la misma. No ha dado todavía los frutos que queremos en todos los sectores. La garantía que queremos para dejar unas movilizaciones que no nos gustan es la certeza de poder vivir de nuestro trabajo, del esfuerzo que ponemos, y para todos los eslabones de la cadena, porque no hay un reparto justo. Todo va a costa de las espaldas de los agricultores y los ganaderos.

¿Qué medidas están proponiendo desde UPA para las pequeñas y medianas explotaciones de cara a la nueva PAC?

El modelo de explotación familiar es el más vulnerable y necesita un apoyo más elevado que garantice su continuidad. Entendemos que se garantizaría con un reparto más justo de las ayudas directas, con figuras como la modulación. Es decir, que no se pague el mismo importe independientemente del número de hectáreas y que se ponga un techo del número máximo, que es algo voluntario por parte de cada estado miembro, y por eso queremos que España lo comprometa.

¿De qué techo máximo estaríamos hablando?

Queremos que ningún perceptor cobre más de 60.000 euros. Si acaso, hasta 100.000, pero que esos 40.000 extra estén vinculados a la generación de empleo mediante la justificación de ese trabajo en las explotaciones. También es fundamental la regresividad de las ayudas directas: a mayor número de hectáreas, menor importe por cada una.

¿Y para las ayudas asociadas?

Hay que darle también la vuelta a las ayudas asociadas, que son las complementarias y están enfocadas a sectores que tienen una especial vulnerabilidad. Nosotros identificamos aquí el olivar tradicional, la uva pasa de la Axarquía de Málaga y la ganadería con poca base territorial, que es muy frecuente en el norte de Granada, pero también en otras provincias. Es fundamentalmente ovino y caprino que necesita un apoyo de esas ayudas asociadas.

¿Dónde creen que debe poner España el foco en sus relaciones con el resto de estados miembros?

El foco tiene que estar puesto en la agricultura y ganadería mayoritaria en nuestro país. Y tiene nombre y apellido: es la agricultura y la ganadería familiar la que sustenta el sector de forma mayoritaria en nuestro país y con una sostenibilidad triple: social, económica y medioambiental. La agricultura y ganadería que forman parte del paisaje y necesita un apoyo mayor que otros modelos más ajenos al territorio que esquilman recursos naturales porque no invierten en la zona donde se genera la actividad.

Difícilmente el joven se va a incorporar a la actividad agraria si no ve posibilidad de un proyecto de vida. Eso solo se va a conseguir cuando tengamos la estabilidad en los precios y que por lo menos cubran los costes de producción.

Una de las definiciones clave es la de agricultor genuino. ¿Qué entienden ustedes como tal?

La figura del agricultor genuino será clave a partir de 2023. No puede ser excluyente. No puede ser solo el profesional, sino que tiene que englobar a los agricultores pluriactivos, algo que es muy frecuente en Andalucía, por ejemplo, gente con un trabajo ajeno al sector agrario que para complementar sus ingresos tiene una explotación que le garantiza su sustento.

Otra palabra clave en esta nueva PAC es “ecoesquema”. ¿Cómo lo afrontan?

Esta nueva PAC va a tener un componente medioambiental importante, una vuelta de tuerca a esas exigencias de sostenibilidad, que afecta a toda la actividad económica y que tiene que ir en consonancia con el modelo que queremos dejar para nuestros hijos y nuestros nietos. En el sector agrario siempre nos hemos adaptado a estos cambios, pero pedimos que las cuestiones que van a ser vertebradoras como el Pacto Verde Europeo o la Estrategia de la Granja a la Mesa, con los ecoesquemas, sean perfectamente aplicables y no supongan un gasto excesivo.

¿Pero como se casan la competitividad con esas exigencias? ¿ven dificultades?

Tenemos que ir por ahí y tenemos buenos mimbres para aplicar los ecoesquemas en el sector agrario. Lejos de convertirse en una amenaza, tenemos que enfrentarnos a ellos como una oportunidad de poner aún más en valor las externalidades positivas del sector agrario para toda la sociedad, que se centran no solo en producir alimentos seguros, sanos, de calidad y a precios asequibles, sino que también generamos una mayor biodiversidad, una conservación de los recursos naturales y también actuamos como freno contra el cambio climático con cultivos tan importantes como el olivar que absorben CO2.

Otro de los puntos clave está en el relevo generacional. ¿Qué se les puede ofrecer a los jóvenes para que se sientan atraídos por el campo?

La incorporación de jóvenes es estratégica. No deben haber diferencias entre las distintas comunidades autónomas como ocurre ahora. Siempre vamos a apostar por el mayor porcentaje de la PAC para este fin para que la actividad sea atractiva para los jóvenes. Será si hay rentabilidad. Difícilmente el joven se va a incorporar a la actividad agraria, si no ve posibilidad de un proyecto de vida asociado a ese trabajo. Eso solo se va a conseguir cuando tengamos la estabilidad en los precios y que por lo menos cubran los costes de producción.