El Defensor Andaluz pide que los presos con hepatitis C puedan acceder al tratamiento del SAS
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha dirigido una resolución a la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en la que urge a que se adopten las instrucciones que “garanticen el acceso efectivo” a los tratamientos de Sovaldi para los presos en Andalucía, en el caso de “aquellos enfermos cuya gravedad y criterio clínico aconseje su dispensación en las mismas condiciones de equidad respecto de la población común”.
En dicha resolución, consultada por Europa Press, el Defensor recuerda que con fecha 3 de marzo se inició una actuación de oficio con la finalidad de conocer la situación sobre la atención sanitaria mediante la dispensación de Sovaldi que recibían las personas enfermas de hepatitis C internas en prisión.
En este sentido, la Defensoría señala que ha tenido la oportunidad de analizar la “dificultad” de la población reclusa enferma para acceder al tratamiento y prestaciones farmacológicas, “en términos análogos al resto de la población afectada”; en concreto, añade, “de casos graves de extrema urgencia de enfermos presos que serían clínicamente idóneos para merecer el tratamiento, pero que no acceden al mismo”.
Ante esta situación, el Defensor muestra su “preocupación” por el “impacto que tiene para la evolución de esta patología los retrasos en fijar el diagnóstico y, sobre todo, en el acceso al tratamiento adecuado”.
Así, Maeztu señala que la “gravedad” de algunos de estos casos “exige como medida ineludible una reacción decidida de atención” a estos pacientes con los tratamientos normalizados en el sistema sanitario andaluz y ofrecidos al resto de la población enferma afectada. Al respecto, subraya que “ante la posible dilación de Instituciones Penitenciarias urge, por razones humanitarias, la intervención del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que evite daños irreparables”.
De este modo, y aunque precisa que la Consejería ha confirmado su “disposición” para prestar su colaboración, el Defensor insiste en que ha enviado esta resolución al departamento que dirige María José Sánchez Rubio en la que pide que se adopten las instrucciones oportunas que “garanticen el acceso efectivo” a los tratamientos de Sovaldi para los presos en Andalucía.
