Los 40 años en los que los pueblos de Andalucía pasaron del blanco y negro al color
Las últimas elecciones municipales habían sido en 1931. Hubo que esperar 48 años, hasta el 3 de abril de 1979, para que de nuevo se pudiera, democráticamente, elegir a los alcaldes. Esta vez no votaban solo los vecinos de las por entonces 759 ciudades y pueblos de Andalucía, también lo hacían sus vecinas, que por primera vez participaban en unas municipales (el sufragio femenino se logró en 1933). Fue un ciclo electoral intenso. Venían precedidas tan solo un mes antes por unas generales y tres meses atrás por el referéndum de la Constitución de 1978. En aquella caravana electoral de carretera y manta había menos marketing y asesores que hoy, cuarenta años después, pero como recuerdan los presidentes de las diputaciones andaluzas más veteranos, había más “ilusión y esperanza” y también capacidad de diálogo para pactar y poner fin a los últimos coletazos del franquismo.
Ni los pueblos ni las ciudades eran como ahora, sobre todo, los municipios más pequeños, esos que no superan los 20.000 habitantes (704 de los 786 municipios andaluces existentes en la actualidad), y en los que las diputaciones tienen su razón de ser como ayuntamiento de ayuntamientos.
Francisco Reyes, Ignacio Caraballo y Fernando Rodríguez Villalobos, presidentes de las diputaciones de Jaén, Huelva y Sevilla, respectivamente, tienen una imagen viva en su memoria: pueblos sin agua corriente, sin red de saneamiento, calles sin asfaltar, sin centro de salud ni infraestructuras de ningún tipo y “donde el servicio de recogida de basuras era un carro tirado por un burro”, apunta Reyes. Había menos plásticos y, aunque los cascos de las botellas se reutilizaban, era un sistema que está a años luz de la actual recogida selectiva de residuos y del reciclaje. No había plantas de tratamiento y sí un vertedero a las afueras. “Se depositaban a las bravas, entre el pueblo y el río Genil. Los pueblos de la época eran así”, rememora el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, que pinta de esta forma la realidad de su localidad natal, Villanueva Mesía, y se suma ese recuerdo colectivo.
Del clientelismo a la voluntad de diálogo
A partir de esas elecciones, con la llegada de las corporaciones democráticas, el mundo rural experimentó un salto exponencial. “Hasta entonces las diputaciones se encargaban poco más o menos del mantenimiento de carreteras, pero sobre todo eran un instrumento de poder del régimen”, detalla Rodríguez Villalobos, que tiene “grabado” en la memoria ese 3 de abril, ya que por aquel entonces empezaba a hacer sus pinitos en la política en Loja (Granada), aunque todavía no se había afiliado al PSOE. Una afirmación que corrobra el presidente jiennense, que con 17 años ya se acercaba también a las siglas socialistas en las que militaba su padre, y que define una institución “sometida al clientelismo del gobernador civil, que daba prioridad a las grandes ciudades, y seguía bajo un mando caciquil”.
“Pasamos de unas corporaciones no democráticas, en las que la dictadura nombraba a sus componentes, a unas corporaciones democráticas, con representantes de distintas formaciones que ya planteaban buscar el equilibrio interterritorial y que se empeñaron en la dotación de servicios básicos en los municipios”, subraya Entrena, que tiene un recuerdo especial para el primer presidente granadino, que era de la UCD, “un buen presidente y gobernó dejándose influir por el resto de las formaciones”. En aquellas elecciones ganó la UCD, con un 31,66% de los votos, pero una alianza estratégica del PSOE (29,8%) y del PCE (17,87%) apartó al partido de Adolfo Suárez de muchas alcaldías y de algunas diputaciones con gobiernos de coalición, como fue el caso de las Diputaciones de Cádiz, Sevilla y Málaga.
“La revolución del mundo local”
La voluntad de “diálogo” y flexibilidad para los pactos, unido a un impulso en las inversiones, dio pie a la transformación de los municipios por la vía de las diputaciones. Caraballo eleva esa transformación “brutal” a la categoría de “revolución en el mundo local”. Una mejora que el presidente onubense, y todos los demás presidentes, no sólo ciñen a los servicios públicos básicos de abastecimiento, saneamiento, alumbrado, cementerios, viales, mantenimiento de la red pública de carreteras se equipararon, sino también equipamientos que antes no existían, como pistas polideportivas, pabellones o centros culturales, cambios que ahora se han acelerado gracias a los cambios tecnológicos y la digitalización de servicios gracias a una administración electrónica.
“Las diputaciones nos convertimos en el auténtico pulmón de los municipios, especialmente de los más pequeños, tanto en su funcionamiento interno como en su capacidad de aplicar servicios esenciales y evitar una brecha de desigualdad entre los habitantes de las grandes ciudades y los de los pueblos”, reflexiona la presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, que aún no había nacido cuando la democracia local empezaba a dar sus primeros pasos. Esta idea la redondea su homólogo cordobés, Antonio Ruiz, también un niño en aquellos años, que considera que las diputaciones fueron para esos municipios menores de 20.000 habitantes los “garantes de los principios de solidaridad y equidad en el acceso a los servicios públicos”.
La amenaza de despoblación
Los ayuntamientos y diputaciones que, como analiza Rodríguez Villalobos, “pasaron del blanco y negro al color, y ahora caminan hacia la revolución digital”, han logrado asentar un modelo que ha permitido vertebrar el territorio, cohesionar y fijar la población en el mundo rural. Sin embargo, no ha impedido que Andalucía sea ajena al fenómeno de la despoblación. Existe una Andalucía que se marchita dentro de esa ‘España vaciada’ que este pasado domingo recorrió las calles de Madrid, aunque con unos índices mucho menos alarmantes, según el último informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (el 70% de los municipios andaluces pierde población, siendo el 90% de ellos municipios rurales de menos de 5.000 habitantes).
“Tal vez la única provincia que no tiene ese problema sea Jaén y es gracias al olivar”, aprecia Reyes, mientras Entrena constata la situación diametralmente opuesta que tiene la vecina Granada: con 174 municipios y 6 Elas, casi un centenar sufren los efectos de la despoblación. Y también preocupa en Huelva, “aunque sea una provincia donde se ha incrementado el número de habitantes, hay zonas que se vacían”, afirma Caraballo.
La clave, el empleo
El empleo es la clave para evitarlo. Dentro de sus competencias, cada uno hace lo que puede. El presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, explica iniciativas como el plan de autónomos para los municipios de menos de 3.000 habitantes con un presupuesto de 40 millones en cinco años. Su homólogo cordobés destaca programas que han puesto en marcha de la mano de la Universidad de Córdoba para el Retorno del Talento, “con idea de que los jóvenes que un día emigraron puedan volver a sus pueblos con garantías de encontrar un trabajo, además de otras líneas de trabajo enfocadas a la formación y capacitación de empresarios locales en nuevos nichos de negocio dentro del turismo activo u ofreciéndoles nuevas estrategias comerciales on line para llegar a mercados más amplios”.
Pero hay que ir más allá de las iniciativas provinciales. Da igual si la fórmula es una “estrategia global”, como plantea Reyes, o un “pacto de Estado”, como propone Caraballo. Los presidentes de las diputaciones son conscientes de que tienen que remar en la misma dirección todas las administraciones contra la despoblación. “Y el papel de las diputaciones es de una enorme importancia, porque constituyen el puente, en muchos aspectos, entre los propios ayuntamientos y las administraciones central y autonómica”, esgrime el presidente cordobés.
Saben que es crucial este momento. “En los años 60 y 70 hubo una primera oleada de gente que se iba a las grandes ciudades y estas eran capaces de absorber esa población porque había empleo; ahora la situación estás muy lejos de ser así”, razona Rodríguez Villalobos. Todos apuntan a la necesidad de ser imaginativos para generar oportunidades y el asentamiento de iniciativas económicas, corregir la brecha digital o que ningún pueblo se quede sin cajero automático, porque si se “cierran pueblos, se pierden riqueza cultural, tradiciones e historia”, asevera Entrena.
Financiación y recentralización
Para que no haya pueblos sin gente, para mantener los servicios públicos y que no haya una Andalucía de dos velocidades, hacen falta recursos. La exigencia de un nuevo modelo de financiación es unánime. “Los ayuntamientos y las diputaciones formamos parte de la estructura del Estado: somos tan Estado como la Administración General y como las comunidades autónomas. Por eso planteamos que la financiación local debe mejorarse en un procedimiento paralelo y simultáneo con el que afecta a las autonomías. Se trata de una reivindicación más que legítima, dado el volumen de actuaciones y la importancia de los asuntos y las políticas que desarrollamos”, reclama Irene García.
Sin embargo, los presidentes populares de las diputaciones de Almería y Málaga son muy críticos con el anterior Gobierno andaluz del PSOE. “Desde el inicio de la democracia, la Junta de Andalucía nunca ha aportado ni un solo euro a la financiación de las diputaciones y, además, que en las competencias que ha tenido transferidas pagaba a destiempo”, critica García. Su homólogo malagueño, Francisco Salado, resalta cómo gracias al Gobierno de Mariano Rajoy se sanearon la mayoría de las diputaciones, y defiende que los problemas de financiación no son con el Estado, del que procede más del 90% de sus ingresos, sino de la comunidad autónoma. “Prestamos servicios que corresponden a la comunidad, como es el caso de la Dependencia o las residencias de mayores, y no hemos logrado todos estos años que se nos concierten plazas para mayores o dependientes en centros que gestiona la diputación. Estoy seguro de que con el nuevo Gobierno del cambio ese problema se resolverá pronto”, vaticina.
En un momento de dinámica recentralizadora del poder, en el que algunas formaciones políticas cuestionan el estado de las autonomías y también las diputaciones, sus presidentes tienen claro que estas son imprescindibles: “si no existieran, habría que inventarlas”, resume la presidenta gaditana. “No ha sido un camino fácil, porque hemos debido resistir tanto a esos intentos recentralizadores como a un ataque directo a la propia existencia de las corporaciones locales y supramunicipales, que tradicionalmente hemos sido el pariente pobre de la administración a pesar de que formamos parte del primer nivel del Estado en la relación con el ciudadano y en la salvaguarda de sus derechos de ciudadanía”, asegura.
Con independencia del color político, son unánimes: el mundo rural no podría desarrollarse ni acceder a grandes inversiones si no fuera por las instituciones provinciales. “Quien dice eso no conoce el trabajo de las diputaciones ni la realidad de los pueblos. No creo que el problema de sobredimensionamiento de la administración pública española venga de las administraciones locales”, enfatiza Salado, mientras desde Almería, Javier Aureliano García, concluye que no se puede prescindir de ellas porque “son la primera puerta a la que llaman los alcaldes y es la institución más cercana después de los ayuntamientos”.
