Diego Valderas lanza la propuesta de “economía social ampliada” por ley
El vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, ha puesto este lunes el sello de “economía social ampliada” para el nuevo modelo productivo que el PSOE-A e IU quieren impulsar en la comunidad autónoma. Esta propuesta, según ha dicho en el marco de los dos desayunos informativos de la agencia Europa Press, pasa por contar con pilares como el cooperativismo, las pymes y los autónomos, por un lado, y la banca pública de crédito, por otro. Quiere, igualmente, que sea “por ley”, de manera que debe ir “más allá de un gran acuerdo social y económico”, que es la terminología elegida por IU para hablar del acuerdo de concertación social que tiene que renovarse en Andalucía.
“Es esencial encontrar fuentes de riqueza adicionales, ya sea apostando por la transformación de sectores productivos tradicionales (agricultura, turismo y construcción) como por actividades nuevas en las que Andalucía comienza a adquirir prestigio y reconocimiento (biotecnología, aeronáutica y energías renovables”, ha enfatizado. Ha recordado igualmente que esta defensa de la economía social ampliada se sustenta en datos. Como que de las 475.665 empresas en Andalucía, los profesionales y autónomos representan el 60,60% de las mismas y que el 34,92 son microempresas. “En conjunto, supone que el perfil que pretendemos incorporar a este modelo suma el 99,69% de las empresas y el 60,64% del empleo”, ha subrayado.
Sobre la otra pata sobre la que se debe sostener este sistema, la banca pública de crédito, ha expuesto que ya se está trabajando en el Parlamento de Andalucía en su configuración, por lo que ha confiado en que sea una realidad esta legislatura. “El ahorro de los andaluces debe quedarse aquí”, ha insistido, igual que ha precisado que son bienvenidas las inversiones de grandes empresas, “siempre que la riqueza repercuta en Andalucía”.
Por otro lado, se ha referido a la posibilidad de un adelanto electoral. “Hoy por hoy no lo veo, porque no hay motivos”, ha expresado, para recalcar luego que en su caso debería ser “en común acuerdo con las dos fuerzas políticas que sostienen el Gobierno de Andalucía”. En este sentido, ha reconocido que la presidenta, Susana Díaz, es la que tiene “la potestad” para firmar un adelanto electoral, “pero esto es como cuando una pareja se separa, donde es lógico que se hable sobre en qué término se va a hacer”.
En este contexto, ha incidido en la “fortaleza” del pacto entre las dos formaciones, si bien ha admitido que es necesario “imprimir ritmo” para cumplir lo acordado. “Como vicepresidente, tengo que reconocer que vamos lentos”, ha puntualizado, por lo que ha abogado por sacar adelante las normas recogidas en el pacto, de las que hasta el momento sólo se ha aprobado una, la Ley de Transparencia que recientemente ha sido enviada al Parlamento de Andalucía. Precisamente, este martes está previsto que el Consejo de Gobierno apruebe la segunda, la Ley de Memoria Democrática. “Éste es el año de las leyes”, ha reiterado.
Finalmente, ha hablado del auto de la jueza Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía, y en el que pedía información de las comisiones del Parlamento de Andalucía en las que se abordaron estas subvenciones entre 2001 y 2011. Ha rechazado que, “independientemente de que se haya hecho con la mejor intención”, no comparte que haya puesto a “todos los parlamentarios como personas de las que ciudadano no se puede fiar”. Cree, de hecho, que “no había necesidad de esta exigencia” cuando esa información es pública.
