Tres meses de la privatización parcial del control de bajas laborales: sin datos de derivaciones y acusaciones de “mercantilización”

Tres meses después de que Ibermutua comenzara a gestionar también las bajas laborales de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes en Andalucía, la mutua colaboradora de la Seguridad Social ofrece un balance “satisfactorio”, si bien ni esta ni el Gobierno del PP ofrecen datos de las derivaciones tras un convenio que ha levantado ampollas en la izquierda, los sindicatos e incluso los médicos de familia.

El cambio básicamente ha consistido en que hasta el momento las mutuas podían llevar las bajas laborales por accidentes, y tras este convenio pasan a poder controlar las originadas por situaciones como una gripe, por ejemplo. No es obligatorio, sino a elección del afectado, pero hay quien piensa que es otro paso decisivo hacia la privatización de los datos clínicos.

Estas son todas las funciones que puede ya realizar Ibermutua: exámenes y reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas y funcionales complementarias, atención especializada, dispensación de especialidades y productos farmacéuticos, fisioterapia y rehabilitación física e incluso intervenciones quirúrgicas. Las mutuas deberán, eso sí, solicitar el consentimiento informado al trabajador en baja laboral y la previa autorización (con carácter global) de los servicios médicos del SAS.  

“El convenio actualmente ya está en aplicación y con una buena velocidad de implantación. La totalidad de las Inspecciones Provinciales de Servicios Sanitarios ya vienen cumpliendo los compromisos tanto en las solicitudes de intervención en pruebas diagnósticas y tratamientos, como en los plazos de respuesta ante una propuesta de alta médica tras su finalización”, apuntan fuentes de Ibermutua. Celebran en este sentido “la velocidad de implantación, mejora de tiempos de tratamiento y curación, valoración positiva del respaldo asistencial prestado en términos de satisfacción y ausencia de quejas o desistimientos por parte de los propios pacientes”.  

Esto es posible porque el 4 de agosto se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el convenio entre la Consejería de Salud y Consumo y el Servicio Andaluz de Salud (SAS) con Ibermutua, con la posibilidad de sumar a cualquier otra mediante la firma de un acto de adhesión, si bien hasta la fecha no se ha sumado ninguna otra compañía. Desde la Junta de Andalucía lo han defendido “en aras de la eficacia del seguimiento y control de la gestión relativa a los procesos de IT derivados de contingencias comunes”, según la Consejería de Salud y Consumo. Estas son todas las funciones que puede ya realizar Ibermutua: exámenes y reconocimientos médicos, pruebas diagnósticas y funcionales complementarias, atención especializada, dispensación de especialidades y productos farmacéuticos, fisioterapia y rehabilitación física e incluso intervenciones quirúrgicas. Las mutuas deberán, eso sí, solicitar el consentimiento informado al trabajador en baja laboral y la previa autorización (con carácter global) de los servicios médicos del SAS.  

Previsto en la ley desde 2015

“El convenio no establece competencias, papeles, capacidades o prestaciones diferentes o adicionales de los del Real Decreto Legislativo 8/2015 y Real Decreto 625/2014”, recuerdan las mismas fuentes de Ibermutua.  En realidad, la Junta de Andalucía está haciendo uso de una posibilidad contemplada en la Ley General de la Seguridad Social de 2015, con el Gobierno de Mariano Rajoy, que establece que las mutuas podrán realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores, con la finalidad de evitar la prolongación innecesaria de los procesos de baja laboral.

Desde entonces, los gobiernos del PSOE no han tocado esta cuestión, pese a que sí han acometido otros cambios en dicha norma. Está también en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmaron en marzo los sindicatos CCOO y UGT con las patronales CEOE y Cepyme. La patronal peleó por incluir esta colaboración con las mutuas en aras de reducir el absentismo en las empresas. 

Desde UGT de Andalucía, Antonio Macías matiza que en ese acuerdo “se dicen muchas cosas: estudiar las causas e incidencias y duración de los procesos, fijar líneas de actuación para reducir las IT y su duración, estudiar el impacto que en el Sistema Nacional de Salud (SNS) tienen, mejorar condiciones laborales y de salud de los trabajadores, priorizar la accesibilidad a la atención primaria, constituir circuitos específicos en la misma…”. Por ello, prosigue: “Se pueden hacer para ayudar a controlar las IT y nuestra consejera solo se ha quedado con una parte que no es otra que dar todo el poder a las mutuas y descapitalizar un poco más nuestra atención primaria. Lo hace sin ninguna reunión previa con agentes sociales (somos firmantes de ese acuerdo) y sin dar ninguna otra opción”.

Joan March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP), de la que fue director, asevera: “Me parece sorprendente que en el AENC se introduzcan estos aspectos que afectan a la esencia del sistema sanitario y de la atención primaria en concreto. No es una ley de todas formas, por lo que nunca podría alterar quiénes son los actores encargados de dar bajas, altas y de realizar su seguimiento. Pero aunque parecía que las cosas seguían más o menos como hasta ahora, la realidad que vemos en Andalucía y el pacto generado con Ibermutua es que no es así”. 

“También los sindicatos firmantes dicen que no van a permitir que la gestión de las bajas en estos procesos de contingencias comunes sea realizada por las mutuas, tal y como lleva pretendiendo la patronal desde hace años, ni que se derive el control y seguimiento de las bajas por IT, desde los servicios públicos de salud e inspección hacia las mutuas. Esto es el espíritu del texto, pero parece que abría puertas a lo que quería la patronal, visto lo visto en Andalucía”, agrega.

Hasta el momento, esta situación ya se producía pero para procesos traumatológicos o por accidentes laborales, y además, según la justificación del Gobierno del PP, el requerimiento de una autorización previa y expresa de los servicios médicos del servicio público de salud para la realización de las pruebas diagnósticas y tratamientos por las mutuas, “no tiene en la regulación actual un tiempo máximo de respuesta y, en ocasiones, se produce una demora innecesaria en la posibilidad de intervención, restando eficacia al diagnóstico y tratamiento de las patologías”. Por ello, “es conveniente una simplificación del esquema de autorización”, una mayor “eficiencia económica” y la “optimización del aprovechamiento de recursos públicos sin merma alguna de la competencia y el control sanitario” que les corresponde.

“Mercantilizar” y “descapitalizar” la atención primaria

Sin embargo, el sindicato CCOO de Andalucía muestra su total oposición a la medida. Recuerda que “la Junta de Andalucía ya sacó el pasado año, también en el mes de agosto, una orden de tarificación que incluía la posibilidad de privatizar las consultas de atención primaria”. Recuerdan desde el sindicato que esa orden “a fecha de hoy, no ha sido modificada, a pesar de los acuerdos firmados por el propio presidente del Gobierno de la Junta”. Esta organización critica que se deje en manos de las mutuas “el seguimiento y control de las incapacidades temporales por contingencias comunes”. Es decir, “por cualquier enfermedad común, y no solo por procesos traumatológicos o por accidentes laborales” como hasta el momento. 

El paciente tiene que elegir entre "mantener sus molestias durante años en una lista de espera infinita en lo público o ir a la mutua en un corto plazo de tiempo, sin saber, eso sí, las consecuencias finales de esa decisión"

“Se trata de mercantilizar la baja laboral dejando en manos de una entidad patronal un proceso que tiene consecuencias económicas para las empresas”, apunta Luis González, portavoz de la federación de sanidad de CCOO. Considera también “perverso” que el paciente tenga que elegir entre “mantener sus molestias durante años en una lista de espera infinita en lo público o ir a la mutua en un corto plazo de tiempo, sin saber, eso sí, las consecuencias finales de esa decisión”. Por eso, recomienda a los trabajadores que se nieguen a que su enfermedad común sea atendida por la mutua y “opten por la neutralidad y capacidad del médico de familia, a quien solo le preocupa su salud y no los intereses de las empresas”.

Desde Satse, avisan a la Consejería de Salud y Consumo que vigilarán y se opondrán “a cualquier medida que suponga una privatización de servicios”. Insta a la Junta de Andalucía a apostar por “el incremento tanto del presupuesto como de las plantillas de los profesionales de la sanidad pública para así poder dar cobertura total a los andaluces sin tener que recurrir a la externalización”.

Los médicos de familia quieren “trabajar de una forma cómoda, con más tiempo, medios y formación para atender a sus pacientes y sentirse reconocidos por la tarea que realizan”, en palabras de Antonio Macías. “El quitarles funciones es descapitalizar poco a poco la atención primaria. El no solucionar las listas de espera, el que cada vez haya más quejas y agresiones, el no tener cupos aceptables, etcétera, es lo que realmente molesta a estos profesionales”, concluye. 

¿Se rompe la tregua entre los sindicatos y la Consejería de Salud y Consumo con este conflicto? Antonio Macías reflexiona: “La verdad es que no es ni el primero ni será el último, porque la forma de actuar de esta Consejería es difícil de entender; una y otra vez vuelve a las andadas de cerrar cuestiones sin dar información a los agentes sociales. Es complicado mantener buenas relaciones con quien se sienta a dialogar con la política de hechos consumados”.

Las ventajas de mantener el mismo médico de familia

Joan March comparte que “es un aspecto más para privatizar el trabajo de la atención primaria y, por tanto, privatizar la atención primaria en su conjunto”. Recuerda que la continuidad y la longitudinalidad permiten que los pacientes tengan menor mortalidad. “Mantener el mismo médico de familia para el conjunto de las actividades en las que trabajamos con ellos (y las bajas lo son) reduce en un 13% a los 2/3 años el uso de servicios de urgencias, un 12% las hospitalizaciones y un 8% la mortalidad. Y además, 15 años con el mismo médico de familia reduce en un 30% el uso de los servicios de urgencias, en un 28% las hospitalizaciones y en un 25% la mortalidad”.