Impuestos, bolsillos y paraísos: “¿podemos seguir jugando a que la fiscalidad no importa?”

La subida o la bajada de los impuestos está en el centro del debate político y de la confrontación electoral. Para algunos, subir los impuestos es “meter la mano en los bolsillos de los españoles”.

Una de las soluciones que defiende Oxfam Intermón para combatir la desigualdad es precisamente la fiscalidad y, para ello, entre otras acciones, desarrolla desde 2016 la iniciativa Zonas Libres de Paraísos Fiscales (ZLPF), introduciendo criterios éticos dentro de la política de contratación de organismos públicos. La buena voluntad política de numerosos ayuntamientos de España se contrapone con una implementación que no siempre llega. “¿Podemos seguir jugando a que la fiscalidad no importa?”, se preguntan desde la organización.

Casi un 90% de los españoles cree que el reparto de los impuestos es injusto y percibe un excesivo fraude fiscal, según se desprende del último estudio de 'Opinión Pública y Política Fiscal' publicado por el CIS en julio de 2018. Los españoles, en resumen, no están contentos respecto a lo que pagan y lo que reciben como contraprestación a nivel personal. Según Oxfam Intermón, una fiscalidad justa y progresiva contribuye a redistribuir los recursos y a conformar sociedades más equitativas y cohesionadas pero, ¿cumplen los ayuntamientos con su buena voluntad política a la hora de cumplir con lo firmado para aplicar criterios éticos, lejos de los paraísos fiscales?

Toda la ciudadanía y las empresas tenemos que pagar en función de nuestra capacidad económica real, pero la evasión y elusión fiscal cuesta mucho dinero a la gente. “En España, el 72% del fraude fiscal proviene de grandes empresas y grandes fortunas y los paraísos fiscales son el principal agujero negro por el que se pierden estos recursos”, apuntan desde Oxfam.

El uso de paraísos fiscales es una práctica de elusión de impuestos que causa graves mermas en la capacidad de financiación de los organismos públicos y tiene un impacto negativo en la reducción de la desigualdad. A través de ellos, desaparecen miles de millones de euros que deberían destinarse a financiar políticas sociales y servicios públicos necesarios para la ciudadanía, especialmente para las personas más vulnerables. Y también tienen otros impactos sociales negativos: destruyen empleo, agravan crisis económicas, etc.

Articulación efectiva de la iniciativa

Por eso se promovió que los poderes públicos incentivaran y premiaran a las empresas que no llevan a cabo estas prácticas en el acceso a la contratación de cualquier tipo con los organismos públicos. Mientras más ciudades se iban sumando a la iniciativa de Oxfam, por primera vez la legislación de contratos públicos se refirió de manera expresa y literal a los paraísos fiscales con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. Precisamente, al aprobarse esta normativa, la organización aprobó una guía de asesoramiento para desarrollar y especificar las clausulas necesarias que regulen la iniciativa ZLPF y el procedimiento para su inclusión.

Porque, como hemos dicho, no siempre las buenas intenciones tienen continuidad. Hace apenas un año Oxfam celebró unas jornadas técnicas entre asesores de la propuesta y responsables públicos de municipios con el compromiso asumido pero falto de implementación. Sin duda, el principal reto de la articulación efectiva de una iniciativa de ese tipo es la existencia de mecanismos para su verificación y seguimiento. En ese sentido, el Ayuntamiento de Valencia tiene publicada una 'Instrucción de contratación pública responsable' que es la única experiencia en la que se ha pasado a la acción en este punto.

El contexto electoral en el que se encuentra España, pendiente de conformarse Gobierno, por un lado, y a solo unos días de las elecciones municipales en todo el país, por otro, hace necesaria una reflexión acerca de hasta dónde podemos llegar para implementar acciones dirigidas a una mejor distribución de la riqueza. “No estamos hablando de máximos, sino de una necesaria implementación de unas mociones aprobadas por los ayuntamientos que tienen un impacto directo en la gente”, señala Oxfam.

“Es una auténtica contradicción que con los impuestos que pagan los propios ciudadanos se premie a empresas que tienen un comportamiento fiscal poco responsable, a través de la contratación pública, en lugar de invertir en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía”, señala la moción respaldada por hasta 80 municipios en España.