Abuso de poder e impunidad: el duro informe del Comité para la Prevención de la Tortura

Este martes se ha publicado el último informe del Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa. El documento recoge las principales conclusiones alcanzadas por la delegación de este organismo durante su visita periódica a nuestro país en septiembre de 2020. En esta ocasión, el CPT ha examinado las condiciones de detención en algunos centros penitenciarios, en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios –uno en Alicante y otro en Sevilla–, en un centro de detención de menores de Algeciras y, de forma especialmente aguda, en el trato y las garantías de detención ofrecidas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En este artículo solo nos ocuparemos de las recomendaciones emitidas por el organismo europeo respecto a esta última materia.

El extenso informe del Consejo de Europa pone en evidencia graves y persistentes carencias de las garantías de los derechos fundamentales en los espacios privativos de libertad visitados. El cuerpo de la Policía Nacional ocupa un lugar destacado en este examen. «La delegación del CPT –recoge el resumen del informe– recibió un número importante de denuncias de malos tratos, incluso de menores, que afectaban principalmente a la Policía Nacional». El informe describe algunos de los casos concretos de los que tuvo conocimiento la delegación del CPT. Al igual que en su visita correspondiente al año 2016, el CPT encontró palos y bates de béisbol tirados en algunas comisarías de la Policía Nacional; en concreto, en las dependencias de Leganitos, Moratalaz y Castellón de la Plana.

Los espacios privativos de libertad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Andalucía también han sido visitados por parte de la delegación del Consejo. La Comisaría Local de Utrera, donde se denunció un caso de malos tratos por parte del cuerpo de la Guardia Civil, y la Comisaría de la Policía Nacional en Algeciras, donde murieron Imad Eraffali y Daniel Jiménez en el primer semestre del año 2020, han sido objeto de duras críticas por parte del Comité. En relación con estos casos, el informe es categórico ya que solicita al Gobierno que «en lo sucesivo, las autoridades españolas garanticen que todas las comisarías de policía del país estén obligadas a almacenar todas sus grabaciones de CCTV durante un mínimo de 30 días». Como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo Andaluz, en Andalucía son muy pocas las dependencias de la policía local que cuentan con sistemas de videovigilancia.

Tal y como han apuntado Sergio García y Débora Ávila, los ecos del debate alrededor de la reforma o el decrecimiento policial aún no ha terminado de calar en el contexto español. Sin embargo, este último informe del Comité nos muestra que es esencial abordar lo antes posible este debate. La delegación del CPT lo afirma con rotundidad cuando recomienda que el Ministerio del Interior y los Jefes de la Policía Nacional y la Guardia Civil deben transmitir «un mensaje contundente de que los malos tratos a las personas detenidas son ilegales, poco profesionales y serán objeto de las sanciones correspondientes» y, en cualquier caso, el Gobierno debe garantizar «que se lleve a cabo una investigación efectiva de cada denuncia de malos tratos y que los oficiales superiores rindan cuentas de sus responsabilidades de dirección».

Por desgracia, los problemas detectados por el Comité tras su visita de 2020 no es la primera vez que son puestos de manifiesto por una organización internacional. En sus Observaciones finales publicadas en el año 2015, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas situaba entre sus principales motivos de preocupación respecto al Estado español la deficiente definición y tipificación del delito de torturas en nuestro Código Penal, la existencia de las devoluciones en caliente, la aplicación del régimen de aislamiento, el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden o la impunidad y ausencia de investigaciones exhaustivas y eficaces. Por esta razón, el Comité de Naciones Unidas recomendó crear un mecanismo independiente que realice investigaciones rápidas, imparciales y exhaustivas.

Desde el punto de vista de la violencia institucional, el informe del CPT se publica en un año marcado, entre otros muchos hechos, por el uso excesivo de la fuerza en las manifestaciones de Linares, la declaración de constitucionalidad de la prisión perpetua o numerosos casos de racismo institucional por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; todo ello poniendo entre paréntesis las numerosas actuaciones desproporcionadas a las que hemos asistido al abrigo de las medidas adoptas contra la Covid-19. En este contexto, la reforma de la Ley Mordaza aparece como una medida necesaria, pero claramente insuficiente tanto en relación con su contenido como respecto a los problemas apuntados por este último informe del Comité del Consejo de Europa. Por ello, desde el área de cárceles de APDHA seguiremos trabajando junto al resto de organizaciones y colectivos sociales con el objetivo de acabar con las graves vulneraciones de derechos que, en palabras del propio Comité, «representan una cultura más profunda de abuso de poder e impunidad».