Una apisonadora recorre España laminando lo que una vez fueron derechos y libertades fundamentales, se trata de la mayoría absoluta del PP poniendo en marcha un nuevo instrumento despiadado contra el ejercicio de la ciudadanía que con toda la razón llamaremos 'ley mordaza'.
El gobierno, con total desfachatez, se ha puesto al servicio de un poder económico que no reconoce límites en la acumulación de beneficios y privilegios mientras encierra a la mayoría de la población en una espiral morbosa que nos roba el pez y nos expropia la caña.
Se nos obliga a soportar medidas de ajuste económico que sólo han generado pobreza y mayor desigualdad, recortes en los derechos laborales que reducen a la gente trabajadora a la condición de servidumbre, deterioro y privatización de la enseñanza y la sanidad que limitan el acceso a los derechos a la educación y a la salud, leyes y prácticas de desgobierno que generan bancos rescatados con dinero público y familias desahuciadas, privadas y a la intemperie. Y todo esto mientras se exhibe con total impudicia el enriquecimiento inmoral de una minoría en ese paisaje de corrupción del sistema al que llaman crisis.
Quienes nos desgobiernan saben bien que la necesidad produce malestar, que la desigualdad añade agravio a la necesidad, y que quien no tiene más herramientas que la voz y la calle para resistir, va a usar la voz y la calle para reclamar y llamar a las cosas y a los culpables por su nombre: estafa y estafadores.
Porque hay momentos en los que la protesta no es sólo un derecho, sino una obligación de ciudadanía activa, y ese momento se vuelve urgencia, cuando hay que responder al deterioro de las condiciones de vida, la insatisfacción de las necesidades más básicas y la manipulación de las instituciones democráticas.
Así pues, y para no dejar cabos sueltos en su hoja de ruta hacia la tiranía, el PP ha decidido cerrarnos la boca y desahuciarnos también de la calle y para este fin se ha dotado a sí mismo de algo que llaman ley y que sólo podemos definir como la legitimación fraudulenta de la mordaza.
Es cierto que los derechos son individuales pero es su ejercicio colectivo el que nos dota de capacidad para cambiar las cosas y luchar por la justicia: la unión hace la fuerza. Por eso el principal objetivo que detectamos en la Ley Mordaza consiste en quebrar el principio de solidaridad; castigarnos de uno en una, callarnos de una en uno para que no podamos sumar las voces, para que no podamos construir un nosotros, un nosotras reivindicativo y solidario.
Ni siquiera el uso del lenguaje es inocente, estará penalizado manifestarse sin permiso. Pero manifestarse es un derecho y comunicamos a las autoridades su ejercicio para que se pueda garantizar “el derecho” en las mejores condiciones ¿Desde cuándo hay que pedir permiso para ejercer un derecho? De ahora en adelante.
Han conseguido que, cuando los delitos se convierten el faltas, todos nos convirtamos en presuntos culpables, porque las faltas se penalizan con multas muy costosas que han de ser pagadas o recurridas con el coste correspondiente. La pérdida de la tutela judicial efectiva y accesible dejará la libertad de expresión sólo al alcance de quienes puedan pagársela.
La nueva ley prevé culpas indeterminadas y arbitrarias, sujetas a la interpretación de la autoridad; se limita la ocupación y el uso de espacios públicos en un espectro de prohibiciones que van desde jugar a la pelota en la plazoleta hasta una concentración espontánea.
No se trata sólo de paralizarnos con el miedo al castigo sino de institucionalizar la arbitrariedad, el no saber de qué te van a culpar y por qué. Se trata de criminalizar la protesta y penalizar la solidaridad para que no podamos defendernos ni defender a la gente desposeída, excluida, desahuciada de techo, de trabajo y de derechos de ciudadanía.
Pero hay otro paisaje, que es el que está habitado por quienes no nos resignamos, y hay otra facultad del ser humano, que es la de rebelarse contra toda esta ofensiva de injusticias que forman parte de la guerra de expolio de ricos contra pobres.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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