El pasado 4 de agosto de 2015 fue presentado a las Cortes Generales el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2016 y en la página 207 del Informe Económico y Financiero podemos leer: “Para el cumplimiento de sus objetivos, la política penitenciaria trata de racionalizar y priorizar los medios disponibles haciendo un uso eficiente de los recursos que se le asignen y que durante 2016 ascienden a 1.149,71 millones de euros, lo que supone un incremento de 25,05 millones de euros respecto al ejercicio anterior, de los que 20 millones de euros se destinan a productos farmacéuticos para tratar a los reclusos contagiados de Hepatitis C”.1.149,71 millones
Sorprendida, tengo que volver a leerlo de nuevo. ¿Dinero para fármacos para reclusos/as infectados de hepatitis C en los Presupuestos Generales? Por un momento no entiendo nada. Recuerdo que, en febrero de 2014, cuando Manuel Trancoso reclamó el tratamiento de su hepatitis C con la triple terapia, le contestaron que no correspondía a la Administración penitenciaria; recuerdo a la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria denunciando que las personas con hepatitis C que estaban en la cárcel no estaban siendo tratadas; recuerdo a Pablo Saiz de la Hoya, miembro de esta misma sociedad, avisando de que se había perdido el concepto de equidad en la sanidad penitenciaria, ya que no se estaba tratando igual a las personas presas que al resto de la población –“para evitar el coste se nos ha prohibido prescribirlo”–; recuerdo el Informe Anual del Defensor del Pueblo de 2014 denunciando que los nuevos medicamentos incluidos en la triple terapia no estaban llegando a los/as presos/as; pienso en la sentencia, de septiembre 2014, de un juez de Valladolid dando la razón a la Consejería de Salud de Castilla La Mancha frente a la demanda del Ministerio del Interior, que pretendía que fuera la comunidad autónoma la responsable de pagar el tratamiento, dejando muy claro que era responsabilidad de Instituciones Penitenciarias el pago y, también, recuerdo a José Manuel Arroyo, subdirector de Sanidad Penitenciara, diciendo en junio de 2015, a pesar de todo esto, que confiaba en que antes del verano “todas las comunidades acepten y entren en el redil” (esto es, paguen ellos los medicamentos).
Pero no. Parece que, por fin, el Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias reconoce que es de su competencia la salud de las personas que están en prisión y que, al tratarse de una medicación de tipo ambulatorio, son ellos los responsables de costear el medicamento por muy caro que sea. Los problemas surgieron a partir de la aparición de esta nueva terapia, mucho más efectiva pero también mucho más cara, y desde entonces han hecho todo lo posible por prorrogar la aceptación de esa responsabilidad sin tener presente las terribles consecuencias que esto tenía para la salud de las personas.
Según parece, las personas enfermas de Hepatitis C que están en la cárcel comenzarán a recibir un tratamiento adecuado sin que antes sea necesaria una lucha sin fin para ver quién se va a hacer cargo de la factura. Por fin, el Ministerio del Interior ha asumido que no puede seguir eludiendo sus responsabilidades. Si bien rectificar es de sabios -en este caso tras sentencia judicial que le señala el camino- ¿nadie ha de asumir alguna responsabilidad política dimitiendo?
La asunción de responsabilidades por parte de Instituciones Penitenciarias me alegra, claro. Pero la alegría dura poco. Basta con pensar en el número de personas para laa que esta noticia ha llegado demasiado tarde, cuántas personas han muerto o para cuántas el tratamiento no podrá ya ser efectivo. Eso tan obvio que José María Pino, director general de Asistencia Sanitaria de Castilla La Mancha, dijo: “Cada uno estamos para defender nuestra parte, pero lo primero son los pacientes y luego nos pegamos para ver quién paga la factura”. Pero parece que no es visto así por todos.
Frente a él, José Manuel Arroyo decía que sólo pagaría cuando una sentencia firme le obligara, haciendo oídos sordos a lo que había dicho la Defensora del Pueblo, que había solicitado a Instituciones Penitenciarias que pagase los medicamentos y después cobrase las facturas a quien considerase responsable. No nos podemos olvidar que Manuel Trancoso está hoy curado porque la comunidad autónoma andaluza se hizo cargo de su tratamiento –tarde, pero se hizo cargo- aun cuando sabía que no era su responsabilidad. El Ministerio del Interior, sin embargo, antepuso en todo momento sus intereses económicos, olvidando los derechos de los pacientes.
A esa tristeza por los que ya murieron se une la preocupación por saber a cuántos presos/as llegará el tratamiento. Si el tratamiento de la triple terapia cuesta unos 25.000 euros y en la cárcel, entre las 65.000 personas internas, hay más de 16.000 infectadas de hepatitis C ¿cuántas podrán ser tratadas por el presupuesto? Si piensa que una persona merece siempre un trato digno –estar o no en la cárcel no cambia nada– haga la cuenta. La tarea no ha terminado.
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