Desde la entrada de miles de personas a nado y en pequeñas embarcaciones por las fronteras del Tarajal y de Benzú en las fechas 17, 18 y 19 de mayo de 2021, hemos sido espectadoras de cómo la defensa de las fronteras, las relaciones internacionales y los intereses entre Estados se anteponen a la vida y seguridad de las personas.
Ante la llegada de un gran número de menores de edad se han habilitado, por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, nuevos recursos de acogida. Muchos de los menores que la ciudad ya acogía previamente en los centros de La Esperanza y Piniers han sido derivados a otros recursos en la península. Respuestas tardías y que siguen siendo insuficientes ante la situación que se está viviendo.
Somos testigos de acciones que han puesto, y siguen poniendo, en riesgo a la infancia, sus derechos y garantías. Son muchos los menores que han contactado con nosotras por las calles, suplicando ayuda y con el propósito de sacar a la luz las pésimas condiciones en las que han estado sobreviviendo. Cabe destacar que en los recursos, más de 200 menores conviven en un único habitáculo de forma insalubre, sin poder tomar el aire, con poca ropa, sin intimidad alguna, haciendo sus necesidades en baños móviles habilitados, etc.
Asimismo, los espacios habilitados y gestionados por la Fundación SAMU -en concreto, las naves de mercancía del Tarajal y el Polideportivo de Santa Amelia- destacan por la pésima gestión y la falta de profesionalidad y coordinación. Por ejemplo, muchos de estos menores cuando han intentando reingresar en el recurso, no han podido hacerlo y se han quedado durmiendo en la calle, en frente de la misma puerta, debido que no se ha facilitado o incluso se ha prohibido su entrada durante las noches. Además, viven una situación de encierro, sin justificación alguna, teniendo en cuenta que únicamente se les permite salir de forma ocasional por grupos y bajo un control exhaustivo y mal organizado.
Y, junto a la violencia institucional imperante, nos preocupa el modo en que los menores, nos cuentan, que se sienten aterrados por la violencia que están viviendo y que se traduce tanto en conflictos entre ellos, derivados de las propias situaciones de hostilidad en las que se encuentran, como diferentes formas de maltrato y abusos de poder: agresiones físicas y verbales, uso indebido del castigo y otras medidas agresivas de contención, así como una constante desatención e intimidación.
Es urgente activar cuantos mecanismos sean necesarios para poner fin y reparar estas situaciones, dotación de recursos apropiados y establecer equipos multidisciplinares que garanticen una atención integral y adecuada, atendiendo a cada una de las realidades y siempre orientadas a la búsqueda de una solución duradera que les permita el desarrollo pleno de sus proyectos de vida.
Los jóvenes y adultos que entraron en la ciudad de Ceuta el pasado mes de mayo se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema, a causa del total abandono por parte de las administraciones. Después de un mes y medio, alrededor de dos mil personas (es imposible hacer un recuento exhaustivo de ellas) siguen malviviendo en situación de calle, y se encuentran escondidas en los bosques, descampados y diferentes barrios de la ciudad.
El miedo a ser devueltas a Marruecos, sin garantías y fuera de cualquier legalidad, se intensifica a cada momento: aunque la frontera está “oficialmente cerrada”, somos observadoras directas de las devoluciones que se siguen realizando diariamente por la frontera del Tarajal, contando con testimonios directos, tanto de personas que han sido devueltas como de funcionarios encargados de las mismas.
Por otra parte, el CETI (Centro de Estancia Temporal para Inmigrantes), establecimiento público que tiene como objetivo servir como lugar de primera acogida provisional a las personas recién llegadas, ha estado desde mayo negando de manera sistemática la entrada a este recurso, en su mayoría a personas de origen marroquí. Familias enteras, con niños y niñas de muy corta edad, entre ellas, una madre con su bebé de seis meses, acamparon durante semanas a las puertas del CETI a la espera de poder ingresar en él, sin éxito.
No ha sido hasta esta última semana cuando se han habilitado dos espacios coordinados por Cruz Roja para la acogida de estas personas, muchas de ellas en situación de vulnerabilidad, como posibles solicitantes de protección internacional, núcleos familiares y personas con problemas de salud, entre otros casos.
Estos recursos nacen de una partida presupuestaria por parte de la Ciudad Autónoma de Ceuta, que evade de cualquier responsabilidad al Estado español y más específicamente al Ministerio de Migraciones, de atender a personas migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y que han llegado a las costas españolas o que forman parte de asentamientos que comportan graves riesgos y precisan programas de actuación inmediata.
La situación de urgencia que se está viviendo en Ceuta se agrava a medida que pasan los días. Esta es no sólo debida a la crisis humanitaria, sino también a la ausencia de respuestas por parte del Estado español y a la falta de intervención de la comunidad internacional. Ni Ceuta, como ciudad autónoma, ni España, como Estado miembro de la Unión Europea, se han responsabilizado de gestión ante la situación de emergencia de las miles de personas -mayores y menores de edad- que aún siguen viviendo en la calle en condiciones infrahumanas. Incluso, se ha llegado a instar por parte de la delegación del Gobierno a que la sociedad civil deje de realizar el trabajo que deberían de estar realizando las instituciones. Otros han ido más allá en esta criminalización de la solidaridad y de las personas en movimiento, pidiendo que se sancione a quienes ayuden y encarcelando a quienes han ejercido un derecho fundamental como es el de migrar.
Desde las entidades en terreno MAAKUM, ELIN y No Name Kitchen se ha realizado un acompañamiento exhaustivo y un análisis de la realidad actual de los menores de edad, jóvenes e incluso núcleos familiares que han migrado y que se encuentran actualmente en una situación total de desamparo. Muchas han sido además las muestras de solidaridad de personas anónimas y familias, que han acogido a muchas de estas personas en sus casas.
Una vez más, ha sido la sociedad civil y organizada la que ha respondido ante la gestión nefasta de los y las gobernantes demostrando de nuevo que las situaciones vividas en Ceuta durante el mes de mayo, en Canarias durante el 2020 o en el Estrecho en 2018 no son fruto de momentos puntuales, sino de una estructura que utiliza la palabra crisis cada vez que se visibiliza que las políticas migratorias y sus prácticas no tienen en el centro el respeto por los derechos humanos.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
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