La Mezquita en campaña: entre la titularidad pública de la izquierda y los oídos sordos del PP

El debate abierto en Córdoba desde el año pasado entorno a la titularidad y gestión de la Mezquita-Catedral que viene haciendo la Iglesia desde que inmatriculó el edificio a su nombre en el Registro de la Propiedad en 2006 ha desembarcado en la campaña electoral para las próximas municipales. La Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos, impulsora de denunciar la apropiación que el Obispado viene haciendo y de pedir la titularidad pública del monumento por el que es conocida internacionalmente Córdoba, ha puesto sobre la mesa el asunto ante los candidatos de los principales partidos y cada cual ha quedado retratado.

La apropiación del edificio por la Iglesia, el borrado de su nombre –el Obispado solo llama Catedral al edificio conocido dentro y fuera de nuestra fronteras como Mezquita y oficialmente como Mezquita-Catedral- y el debate social abierto en Córdoba pero con eco nacional e internacional, ha hecho posicionarse a cada formación política. Y, como algún analista señala, éste es un asunto que une a la izquierda pero divide a la derecha.

El candidato de Ganemos Córdoba, Rafael Blázquez, fue el primero que en esta campaña electoral ha firmado un documento de compromiso por la Mezquita-Catedral. Tras él, Izquierda Unida con su candidato local Pedro García también lo ha rubricado y recientemente se ha unido a ese apoyo la candidata del PSOE, Isabel Ambrosio.

Mediante estas firmas, los candidatos se comprometen a “defender la denominación Mezquita-Catedral” para el monumento desde su acción en el Ayuntamiento de Córdoba e “impulsar programas y medidas específicas para la identificación, interpretación y difusión de los valores históricos y artísticos” del edificio desde una perspectiva “profesional”.

Asimismo, se han comprometido a “solicitar una inspección del Icomos (organismo de la Unesco que vela por el patrimonio) sobre la Mezquita-Catedral para verificar la evidente amputación de la huella islámica y andalusí en folletos, entradas, cartelería, vídeos y otros soportes de difusión por parte del Cabildo”, además de “instar a la Junta de Andalucía para que promueva el reconocimiento de la Mezquita-Catedral como conjunto cultural” acorde con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Y, por último, tanto Ganemos Córdoba, IU como PSOE se han comprometido a  “promover una auditoría sobre todos los bienes del patrimonio histórico cordobés para identificar cuántos y cuáles de ellos han sido inmatriculados irregularmente por el Obispado”.

En ese apoyo y compromiso, la postura adoptada por Ganemos Córdoba e IU coincide con la defensa que en estos meses atrás han realizado sobre la titularidad pública del monumento. Por el contrario, el papel más difícil es el de la candidata del PSOE, ya que hasta ahora había sido delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Córdoba y a ella se le achaca responsabilidad en la inacción del ejecutivo andaluz ante este asunto.

El PP no debate ni apoya; Ciudadanos argumenta su no

Fuera de este compromiso se han quedado tanto Ciudadanos como el PP, con el alcalde, José Antonio, a la cabeza, quien también ha sido el único candidato que no ha querido participar –aludiendo a “problemas de agenda”- en el debate realizado entre las formaciones políticas para tratar el asunto de la Mezquita-Catedral.

El PP, ante la invitación a firmar el documento de compromiso y a participar en el citado debate ha hecho oídos sordos y ha dado la callada por respuesta, sin entrar a debatir el asunto ni a posicionarse ahora, postura que ha mantenido a lo largo de los últimos meses señalando la poca idoneidad del debate abierto. El alcalde, de hecho, y el gobierno municipal tienen tres denuncias puestas en los juzgados de Córdoba por posible “dejación” de sus funciones ante las inmatriculaciones hechas por la Iglesia sobre el patrimonio cordobés.

Y desde Ciudadanos, no han firmado el documento de compromiso de acción pero sí han participado en el debate entre candidatos y han hecho pública su postura. Por un lado, apuestan por exigirle al Obispado que recupere el nombre de la Mezquita-Catedral, censuran la Ley Hipotecaria que ha permitido las inmatriculaciones, pero por otro lado no apoyan claramente que la titularidad del monumento deba ser pública.