Modelo de financiación: a solas con la derecha

Uno de los grandes debates que ha estado presente a lo largo de esta legislatura en Andalucía ha sido el sistema de financiación autonómica (SFA). El actual SFA, de 2009, dio un paso adelante respecto al modelo del 2003 hacia una mayor autonomía, pero se ha demostrado incapaz de garantizar recursos suficientes para que las comunidades autónomas (CCAA) puedan proporcionar los servicios públicos fundamentales según sus competencias asignadas. Además, se producen profundas desigualdades de autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal y la capacidad real de las autonomías para influir en el volumen de ingresos es muy desigual. Por su parte, los fondos de convergencia, de competitividad y cooperación, no resuelven el problema de falta de equidad, ya que atienden a objetivos diferentes y hasta contradictorios. Andalucía es la tercera comunidad, por la cola, en la financiación per cápita para el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

Ante este panorama, el debate sobre la modificación del SFA se abrió en casi todas las comunidades desde marzo, previendo varias formas de colaboración y de comunicación para que todos los grupos parlamentarios pudieran participar y aportar. Hemos mostrado claramente la posición de Podemos Andalucía presentando todo un conjunto de iniciativas de control e impulso al gobierno en el parlamento autonómico. Defendemos algo básico en este momento: más recursos, más inversiones y más autonomía.

Es, por tanto, obvia la necesidad de un nuevo SFA como condición necesaria, pero no suficiente para obtener mayores recursos para las autonomías. A la reforma del SFA habría que unir la derogación de las normas Montoro de control y de limitación del gasto que ponen en riesgo la posibilidad de garantizar los servicios públicos fundamentales. Además, habría que sumar la reforma del sistema fiscal sin amnistías, ni dumping fiscales que nos van descapitalizando y menguan las arcas públicas. La reversión de las políticas de austeridad pasa por sustituir el actual techo de gasto por un suelo de ingresos para defender y garantizar la suficiencia de los servicios públicos fundamentales, es decir, de los derechos de la ciudadanía y los fundamentos de nuestro Estado de Bienestar. Esto es posible y viable si España soluciona su problema de recaudación y pone en marcha una verdadera reforma fiscal progresiva que acerque nuestro país a la media europea en términos de ingresos.

Estas medidas, directa o indirectamente relacionadas con la financiación autonómica, no son las únicas para aumentar los ingresos y garantizar mayores recursos. La otra pata fundamental es una verdadera lucha contra el fraude fiscal a todos los niveles, mediante una sustancial modificación de la relación entre las haciendas autonómicas y la hacienda central. El aumento de la autonomía de las comunidades es un asunto urgente e importante en el avance hacia un modelo concertado y consorciado de las haciendas autonómicas y estatal para que haya acceso real a los recursos tributarios y a la información a nivel territorial.

Ante la ineludible necesidad de “ampliar la tarta” para aumentar el trozo que le toca a Andalucía, la señora Díaz lleva una senda contraria y a solas con la derecha. Ya ha reducido los ingresos propios en 120 millones de euros, con su socio Ciudadanos, fan del club de la desfiscalización y el dumping fiscal. Ahora vienen con más rebajas fiscales regresivas que se traducirán en una mayor hipoteca naranja: una nueva modificación del impuesto sobre sucesiones que, estimamos, supondrá una reducción de los ingresos tributarios de otros 140 millones. Los beneficios fiscales destinados a las grandes herencias los pagaremos entre todos. En lugar de incorporarnos al grupo de trabajo para hacer el impuesto sobre sucesiones un tributo justo, progresivo y sin error de salto; y para lograr evitar la competencia desleal entre comunidades mediante la determinación un suelo mínimo de tributación, involucrando a las comunidades autónomas en la decisión, la señora Díaz decide tomar las decisiones a solas con la derecha,

En el debate general sobre la comunidad, Susana Díaz, aparentemente, tendió la mano para que el Parlamento Andaluz consensúe una posición común sobre la reforma el actual sistema de financiación autonómica. Sabe que llega tarde en su ofrecimiento, dada la premura con que se necesita tener esa posición desde Andalucía porque el documento final de propuesta de nuevo SFA tiene que estar redactado para final de agosto, como muy tarde.  No obstante, no sólo estamos disponibles a integrar el grupo de trabajo, sino que buscaremos el debate y el dialogo con las otras fuerzas en todos los ámbitos posibles. Cabe señalar que al día de hoy desconocemos qué posición está manteniendo D. Francisco David Adame Martínez, experto en SFA de Andalucía, y cuáles son los elementos de modificación que la Junta quiere defender para que la reforma del sistema de financiación sea justa y ventajosa para Andalucía y para el conjunto de las comunidades.

Es fundamental que el nuevo modelo tenga que contribuir progresivamente a la convergencia entre territorios y la reducción progresiva de la brecha territorial. Andalucía presenta un PIB per cápita que corresponde a un 75% de la media estatal. La única manera de converger es fortalecer, diversificar y potenciar nuestra economía y esto pasa por inversiones a corto y medio plazo que permitan modificar sustancialmente nuestro modelo productivo. Actualmente, este papel está atribuido al fondo de convergencia territorial, dotado de ínfimos recursos. Andalucía ha sido discriminada en términos de financiación y de reparto de los recursos y no se le garantiza el nivel de inversiones que necesitaría para reducir la brecha territorial y cumplir con el su Estatuto de Autonomía. Parece que al PP le va bien cuando a Andalucía le va mal.

Es obvio que Rajoy ataca los intereses de Andalucía, y le ha quitado el 37% de inversiones en estos presupuestos. Si esto es más perjudicial que para nadie para Andalucía, nos preguntamos si alguna vez el PSOE apretará el botón adecuado pensando en esta tierra y no en intereses con nombre propio y personal. Eso es responsabilidad política con Andalucía. Defenderemos la dotación con más recursos al fondo de convergencia interterritorial y la implementación de normas para vincular el nivel de inversión autonómica, por parte del estado, con elementos objetivos como la compensación de las situaciones de infrafinanciación determinados por el antiguo modelo (menor PIB per cápita respecto al dato estatal, mayores tasa de paro, pobreza y exclusión social o dispersión territorial).

Apoyaremos una reforma del SFA para que sea más garantista, más justo y más equilibrado con nuestra tierra. Un nuevo sistema que sea otro paso adelante más hacia un modelo de estado federal plurinacional. Esperemos que Susana Díaz nos permita agregar estos ingredientes al nuevo modelo de SFA o nos encontraremos, de nuevo, con un desastre como la reforma de impuesto sobre sucesiones y donaciones que decidieron realizar a solas con la derecha.