El día después ya ha llegado. Lo que muchos se negaban a creer ya está aquí: la orden del gobierno de la Junta por la que se abre la puerta a la privatización de la atención primaria en Andalucía. En ninguna comunidad autónoma existe una medida semejante.
La Orden de 23 de febrero de 2023 (hasta la fecha es terrible) establece una tarifa de 65 euros para concertar con la privada consultas médicas de atención primaria, que tendrán una rebaja si la consulta se realiza en los propios centros de salud o consultorios, porque la nueva norma permite que la actividad concertada con empresas privadas se realice en instalaciones públicas. Esta nueva orden es una estocada mortal al sistema sanitario público de Andalucía.
En agosto y septiembre de 2022 el grupo parlamentario socialista denunció el contenido del borrador del proyecto por modificar sustancialmente la normativa anterior (orden del 23 de octubre de 1998). Pero ni caso antes, ni caso ahora.
Mientras que la Consejería de Salud intentaba apaciguar las protestas de los profesionales que se movilizaban denunciando la situación de la atención primaria y mientras entretenían a las organizaciones sindicales con reuniones improductivas, el gobierno de la Junta preparaba el asalto de los consultorios y centros de salud por la privada, dejando en manos de las empresas privadas todo el sistema sanitario público andaluz.
La atención primaria no son consultas médicas a demanda. Es todo un modelo de atención basado en la longitudinalidad, el trabajo en equipo, la prevención y promoción, los programas de salud, la atención domiciliaria, la educación sanitaria, la docencia, la formación, la investigación..., que consiguen disminuir la mortalidad hasta en un 25% cuando el paciente mantiene el mismo médico de familia durante años.
Los médicos que okuparán las consultas de atención primaria tendrán que responder a los intereses de las compañías privadas para las que trabajan, lo que se conoce como relación de agencia, ampliamente estudiada en otros países con modelos de sanidad privada, a los que no queremos parecernos.
¿Creen ustedes que la privada va a exigir a sus profesionales que receten por principio activo y no por marcas y van a potenciar el uso de genéricos y biosimilares? Claro que no, y todo eso va a desangrar nuestro sistema sanitario público
¿Creen ustedes que las empresas sanitarias privadas van a incentivar a sus médicos para que dediquen tiempo suficiente a sus pacientes o les pedirán consultas rápidas y más facturación? ¿Creen ustedes que la privada va a exigir a sus profesionales que receten por principio activo y no por marcas y van a potenciar el uso de genéricos y biosimilares? ¿Creen ustedes que las empresas sanitarias privadas van a derivar a los especialistas y a pruebas complementarias ajustándose a los protocolos y a las guías clínicas de las sociedades científicas, si también tendrán concertadas estas actividades? Claro que no. Y todo ello va a desangrar nuestro sistema sanitario público.
Dejar en manos de quienes buscan aumentar su cuenta de resultados las decisiones sobre el gasto sanitario de una comunidad autónoma es una irresponsabilidad que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema sanitario público de Andalucía, de nuestra sanidad pública. Ningún gobierno responsable entregaría la llave de la puerta del sistema sanitario a los competidores de la privada.
Además del atentado contra la atención primaria que acabo de esbozar, que es lo más grave y preocupante, hay más, la nueva orden abre la puerta a la cesión o alquiler de los centros sanitarios públicos para que las empresas privadas realicen la actividad concertada, permiten conciertos con empresas privadas de otras comunidades autónomas, autorizan el acceso a la historia clínica del paciente y permiten que los profesionales de los centros sanitarios concertados ejerzan sin el título homologado.
la crisis de la COVID se ha superado porque contábamos con un sistema sanitario público fuerte y que la mejor medida ante futuras crisis es reforzar el sistema sanitario público y no venderlo a las empresas privadas ni a las multinacionales sanitarias
Dice la consejera de Salud que la nueva orden recoge nuevas fórmulas de privatización “por si acaso” se necesitan ante una eventual crisis sanitaria. Y lo que parece olvidar Catalina García es que la crisis de la COVID se ha superado porque contábamos con un sistema sanitario público fuerte y que la mejor medida ante futuras crisis es reforzar el sistema sanitario público y no venderlo a las empresas privadas ni a las multinacionales sanitarias. Dice también la consejera que esta orden es sólo “un marco normativo” y que “no van a privatizar nada”. ¿Alguien pone precio a su casa si no quiere venderla?
Nadie confía en las intenciones de este gobierno que, escudado en su mayoría absoluta, no escucha los argumentos que desde la oposición, las centrales sindicales, asociaciones en defensa de la sanidad pública, asociaciones de pacientes y otros colectivos se les han hecho llegar. El gobierno de Moreno Bonilla recurre a la privatización como fórmula para resolver los graves problemas de la sanidad andaluza y sin embargo las listas de espera siguen aumentando, las demoras en atención primaria superan la semana en la mayoría de centros y la sanidad andaluza recibe la peor valoración de todas las comunidades autónomas, según el último informe publicado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública.
Además, los conciertos con la privada han aumentado en la sanidad andaluza un 20% en los dos últimos años. Más de un millón de andaluces fueron derivados a clínicas privadas concertadas en 2022. Para 2023 hay previsto un 25% más de derivaciones.
En esta nueva orden se ha puesto precio al derribo del Estado del Bienestar. Esta es la hoja de ruta de este gobierno andaluz, desmantelar y debilitar los servicios públicos, gobernar para los que más tienen, a los que se les rebajan impuestos y se les hacen regalos fiscales. Es la hoja de ruta de la derecha allí donde gobierna. Sólo tenemos que alzar la vista y mirar a Madrid.
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