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Cinco retos a los que se enfrenta el campo andaluz en 2019

Precios, concentración de la oferta, lucha contra la venta a pérdidas, relevo generacional, incorporación de la mujer, la negociación de una nueva PAC, son algunos de los retos de este 2019

En el aspecto político, el año ha comenzado con gran inestabilidad lo que puede influir en aspectos como la aprobación de la Ley de Agricultura, cuyo borrador se aprobó en 2018 

En el sector del olivar, que aporta en torno a una cuarta parte de toda la producción agraria andaluza y el 30% del empleo en el campo, hay esperanzas ante la buena campaña que acaba de comenzar

La CHG cree que economía, agricultura y ecosistemas deben estar "integrados" para garantizar el agua perfecta

El 2019 se presenta plagado de retos para el sector agroalimentario andaluz de gran importancia económica y social para esta comunidad. De hecho, genera una facturación de más de 11.000 millones de euros en Andalucía, un 25% del total nacional. La exportación contribuye en gran medida a la misma, siendo esta comunidad líder con un 22,9% de las exportaciones agroalimentarias a nivel nacional. Además, la agricultura crea más de 280.000 empleos directos en la región y representa el 12% del PIB. Mientras que en el aspecto social se revitaliza las zonas rurales y se evita el despoblamiento, en un momento en el que es necesario frenar la sangría poblacional.

A parte de las luchas y metas concretas en cada sector, los agricultores y ganaderos andaluces se enfrentan en el 2019 a una gran inestabilidad política y a distintos retos como la batalla porque se mantenga un nivel de precios que permita superar los costes de producción, a garantizar el relevo generacional o la incorporación real de la mujer. Además, este año será decisivo para la negociación del nuevo marco de la Política Agraria Común (PAC) 2021-2027. Eso sin olvidar problemas políticos: como el Brexit y los aranceles impuestos por Estados Unidos; y sanitarios: como la Xylella fastidiosa o la peste porcina. 

Mercado

Para Miguel Cobos, secretario general de UPA Andalucía, los retos siguen siendo los mismos de siempre. Y el principal de ellos el precio, ya que “en la mayoría de las producciones no somos capaces de poner el precio, nos lo ponen los demás, y hacia abajo”. “Estamos hablando de muy poco dinero, entre 10 y 15 céntimos por kilo o por litro”. Un ejemplo son las naranjas, que se están pagando a los agricultores a 15 céntimos el kilo mientras que al consumidor se venden a un euro. “Una subida de 10 céntimos no supondría un descalabro para el consumidor, pero supondría una cierta mejora para el productor”. “Lo mismo ocurre con el cereal, el algodón, el olivar, las hortalizas…”.

Por otro lado, destaca la necesidad de seguir avanzando en la concentración de la oferta y en la lucha contra la venta a pérdidas, donde parece que vamos dando un paso hacia adelante y otro hacia atrás, y donde Competencia tiene más poder que el agricultor. “Lo fundamental es que se incluya la venta a pérdidas como una práctica desleal”. Y que se venda el producto por los menos un 10% más que los costes de producción del mismo.

Por otro lado, Miguel López, secretario general de COAG Andalucía, insiste en que “no podemos seguir produciendo sin precio, mientras la especulación nos expolia y los costes de la energía, el gasóleo o los fertilizantes nos asfixian, sin que las autoridades de competencia intervengan para evitar los oligopolios o los pactos más o menos tácitos entre los grandes”. Por eso cree que, "hay que seguir avanzando en la legislación que regula las prácticas desleales como la venta a pérdidas, y también caminar hacia una transición en el modelo energético, aprovechando los recursos de los que disponemos, para que se pongan al servicio del interés general y repercutan sobre la generación de economía y empleo en el medio rural, contribuyendo a evitar el despoblamiento, a vertebrar el territorio y a la sostenibilidad medioambiental”.

Asimismo, cree que uno de los principales retos para 2019, es la trazabilidad, que los canales de distribución tengan la obligación de identificar de manera clara e inequívoca la calidad y el origen de los productos que comercializan, de manera que el consumidor tenga la posibilidad de hacer una elección informada y responsable.

La apuesta de Andalucía por la calidad, principal elemento que le permite competir en unos mercados globalizados, podrá así ser reconocida por los consumidores. Si no, el esfuerzo por la calidad cae en saco roto”. Y ese reconocimiento a la calidad y diferenciación de los productos andaluces, “debe contribuir a consolidar precios por encima de los costes y a que el valor añadido de esos productos repercuta en el medio rural. Por eso, es irrenunciable que haya transparencia en la cadena alimentaria y que el etiquetado sea claro, con mención obligatoria del origen”.

Asaja Andalucía presentó antes de las elecciones del 2 de diciembre un documento de cara a la nueva legislatura andaluza, llamado “Nuevos retos para un nuevo ciclo. Lo que el campo necesita”. En el que también habla de la necesidad de precios justos, de la regulación de los mercados con mecanismos que aporten transparencia a las operaciones comerciales y el fomento de la concentración de la oferta.

PAC

El 2019 será un año crucial para la Política Agraria Común (PAC), ya que actualmente se están negociando los Reglamentos de la PAC y el nuevo marco presupuestario para el futuro período 2021-2027. El Parlamento está acelerando los debates con el objetivo de poder aprobar el nuevo marco financiero plurianual antes de las futuras elecciones europeas que se celebran entre el 23 y el 26 de mayo. El principal problema que se plantea en este sentido es el presupuesto comunitario, ya que se prevén  recortes como consecuencia del Brexit, con el que se pierde el presupuesto que aportaba Reino Unido y el apoyo comunitario (desvío de presupuesto) a nuevos retos en seguridad y migraciones.

Todas las organizaciones agrarias y la Junta apuestan porque no se produzcan recortes y mantener el presupuesto de la PAC que ha supuesto en el último periodo 43.000 millones de euros para Andalucía, de los cuales 35.000 millones (5.000 millones por año) eran para el llamado primer pilar (pagos directos a explotaciones) y 8.000 millones para el segundo pilar (programas de desarrollo rural). Hay que tener en cuenta que la renta agraria del agricultor y ganadero proviene en un 30% de la PAC y un 70% de los precios de sus productos.

Sanidad

Otro de los retos que se presentan para este nuevo año se centra en la sanidad tanto vegetal como animal. La aparición de un caso de Xylella fastidiosa en tres plantas ornamentales ubicadas en un vivero de El Ejido (Almería) hizo saltar todas las alarmas en 2018. Esta bacteria, que una vez contraída por la planta no tiene ningún remedio, solo la erradicación del árbol y plantas de alrededor, ha obligado a eliminar miles de olivos en Italia donde la llaman la peste negra del olivar. Otra plaga bastante devastadora es el HLB o “Greening de los cítricos”. De ahí las peticiones del sector para que se extremen los controles de las importaciones.

En la ganadería es necesario continuar la lucha contra la peste Porcina Africana y la brucelosis. En este último caso la Comisión Europea aprobaba hace unas semanas la declaración de la provincia de Cádiz como oficialmente indemne de brucelosis ovina y caprina, y las de Almería, Granada y Jaén como oficialmente indemnes de brucelosis bovina.

Mujer

Durante el 2018 se produjo un hecho muy esperado durante más de seis años: la activación por parte de la Junta de Andalucía del Registro de Titularidad Compartida de Explotaciones Agrarias de Andalucía. Este registro se encontraba en una especie de limbo jurídico y llega después de años de lucha, reuniones y reivindicaciones, desde el 2011, año en el que se aprobó la ley nacional de Titularidad Compartida de las Explotaciones Agrarias. En toda España son poco más de 400 las mujeres inscritas en este registro, en Andalucía aún ninguna.

Una explotación agraria registrada con titularidad compartida será considerada como explotación prioritaria y puede beneficiarse de descuentos en las cuotas a la seguridad social. Además, el reparto de los rendimientos de las explotaciones y de las ayudas agrarias serán del 50% y las mujeres inscritas tendrán acceso a pensiones contributivas por la cotización a la seguridad social. Otro beneficio es el descuento del 30% en las cuotas de la Seguridad Social para estas mujeres. Con este registro se pretende impulsar el reconocimiento jurídico y de los derechos laborales de muchas mujeres que sólo figuraban como "apoyo familiar" de las explotaciones de sus cónyuges.

Desde UPA proponen además que de las ayudas del primer pilar de la PAC se incorpore un 2% del presupuesto para acceder a esa titularidad compartida para hacer frente a los sobrecostes que pueda suponer como los de Seguridad Social.

Relevo generacional

La incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería sigue siendo otro de los grandes retos y no sólo en Andalucía. Para ello desde Asaja piden que las ayudas que se otorgan al relevo generacional, al igual que las que se destinan a la modernización de explotaciones, y el desarrollo de medidas agroambientales, se adapten a la realidad de las explotaciones, se equiparen a las que se entregan en otras comunidades autónomas y se gestionen, resuelvan y paguen con una mayor celeridad para que sean eficaces.

Legislación, investigación...

Miguel López, secretario de COAG-A, recuerda que en 2018, quedó pendiente la aprobación de la Ley de Agricultura, “una norma necesaria para ordenar los recursos y fijar objetivos como el fomento del relevo generacional, la mejora de las estructuras o la comercialización de los productos agrarios, situando en el centro de las políticas públicas a los profesionales que tienen en la actividad agraria su medio fundamental de vida”.

La Ley, que quedó en suspenso después de la aprobación de su borrador en abril, por la celebración de las elecciones, y que según Miguel López, también debe avanzar en la simplificación administrativa, eliminando los múltiples trámites innecesarios, e imponiendo a la administración, igual que a los agricultores y ganaderos, unos plazos ineludibles para resolver los procedimientos. “Veremos si el nuevo gobierno decide seguir adelante con esta propuesta legislativa”, asegura.

Para Asaja, sin embargo, este proyecto de ley “ni es necesario, ni ha sido demandado” y consideran que supone mayor burocracia. Por otro lado, desde esta organización hablan de la necesidad de reforzar la capacidad de investigación, desarrollo y transferencia de tecnología al sector agrario a través del IFAPA. Y de la promoción de los productos, tanto en los mercados europeos, como en los de los países industrializados y emergentes.

Respecto a la ganadería creen necesaria una mayor implicación de las administraciones en la búsqueda de soluciones a los distintos problemas que se le presentan con carácter general: complejidad administrativa, sanidad animal, crisis de precios, defensa de la dehesa y el monte mediterráneo, etc.

Aceituna de mesa y aceite

España es el primer país productor de aceitunas de mesa del mundo, seguido a mucha distancia de otros países como Egipto, Turquía, Argelia, Grecia, Siria y Marruecos. Y la producción andaluza (centrada fundamentalmente en Sevilla, Córdoba y Málaga) supone alrededor del 83% de la producción nacional. Para la campaña 2018-2019 se prevé una cosecha de 521.772 toneladas, un 11,9% más que la campaña anterior y un 8,6% superior a la media de las últimas cinco campañas. Sin embargo, el sector tiene como reto hacer frente a las medidas que el pasado 1 de agosto entraron en vigor en Estados Unidos.  Se trata de los aranceles del 35% para la entrada de aceituna negra española, a causa, según la administración Trump, de una supuesta competencia desleal por parte de los olivareros europeos al contar con las ayudas de la PAC y que han supuesto que se reduzcan las exportaciones a Estados Unidos, uno de los principales mercados de este sector alrededor de un 72%.

Este año que comienza se espera que sea bueno para el sector del olivar de aceite, que aporta en torno a una cuarta parte de toda la producción agraria andaluza y el 30% del empleo en el campo. La producción en Andalucía, según las estimaciones oficiales se prevé que sean 1.339.712 toneladas de aceite lo que supone un 39,9% más que la pasada campaña y un 27% más que la media de las cuatro últimas.Jaén, la provincia más productora, espera 685.000 toneladas de aceite, lo que supone un aumento del 74,9% respecto a la anterior campaña 2017/2018 y un 42,4% superior que la media de las últimas cinco campañas. Además se podría convertir en la segunda mejor cosecha de la historia.

El reto ahora es vender ese aceite a buen precio aprovechando que en el resto del mundo se prevé una drástica bajada de la producción de aceite debido a temporales y a la vecería del olivar. De momento el año ha terminado con precios muy bajos que apenas si cubren los costes de producción, un hecho difícil de explicar, especialmente cuando a estas alturas de la campaña hay menos aceite en bodegas que en 2018 debido al retraso en la recogida de la aceituna porque ha tardado más en madurar y por las lluvias que se produjeron al inicio de la misma.

 

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