El nuevo decreto de inclusión social incluirá el pago de luz y agua para familias sin recursos
El nuevo decreto de inclusión social que ultima la Junta de Andalucía contemplará un presupuesto de unos cinco millones de euros para que los consistorios puedan hacer frente a los recibos de las familias sin recursos que no pueden pagar la luz y el agua. Esta medida se sumará a las partidas dirigidas a responder a las necesidades de alimentación, que ya estaban recogidas en el anterior decreto (con 3,5 millones de euros), y que la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, prometía la pasada semana “mejorar” de manera “inmediata” con uno nuevo, una vez que el actual cumple ahora un año.
La garantía de servicios básicos para todas las familias era una medida que IU pretendía haber sacado adelante por decreto a finales del pasado año, y el vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, llegó incluso a anunciar que estaba hecha su entrada en el Consejo de Gobierno, lo que no se produjo, provocando diferencias con sus socios del PSOE-A. Finalmente reconocía que la medida se pelearía por incluirla en el nuevo decreto de lucha contra la exclusión social, lo que han conseguido parcialmente, como confirmaba este jueves.
El vicepresidente lo ha definido como “una primera respuesta de urgencia”. Eso no quita para que sigan “trabajando” para que derive en una “propuesta más firme”, que le gustaría que fuese “antes de que este periodo de sesiones terminase”. Como respuesta “más firme” entiende que “una ley de renta básica [hay un grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para su estudio] que haría innecesarias otras respuestas complementarias”, como el pago de esos servicios básicos. En su opinión, “sería el mejor instrumento, pero mientras no llega esa ley de renta básica, hay que adoptar medidas complementarias”. Sí ha reconocido que independientemente de que Andalucía promueva su ley de renta básica, debería ser una cuestión del conjunto del país.
Por su parte, la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha avanzado durante el pleno del Parlamento de Andalucía algunas líneas del nuevo decreto, sin referirse directamente a estos recibos pero insinuándolo. Sí ha incidido en que será “un decreto de inclusión social a través del empleo y de medidas de solidaridad”. Ha expuesto que “la norma nace con objetivos similares al anterior decreto pero lo modifica para poner el acento en resolver el tema del paro”.
Prestaciones nuevas de urgencia social
Se mantienen las subvenciones para la contratación por parte de las administraciones locales “y abre la opción de vincularlos al ingreso mínimo de solidaridad”, al tiempo que contempla “prestaciones nuevas de urgencia social que serán gestionadas también por los consistorios”, en referencia a la luz y el agua. Igualmente, ha adelantado que “se aplicarán medidas como las ayudas para menores en situación de riesgo e incluirá fórmulas de seguimiento del impacto de la crisis en la pobreza”. Para concluir: “No va a resolver todos los problemas que tenemos, como es lógico, pero va a intentar paliar la situación de las familias que peor lo están pasando”. Por ello, ha pedido al PP-A que “no se abstenga otra vez” a la hora de aprobar esta norma.
Los datos que maneja IU son que desde 2007 se han producido más de 86.000 “desahucios energéticos” en Andalucía y que sólo entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2012, según las cifras de los distribuidores de energía eléctrica, se han ejecutado 510.864 cortes de luz en la comunidad autónoma.
