Valderas insiste en lograr la garantía de luz y agua para la gente sin recursos antes de junio
El vicepresidente de Andalucía, Diego Valderas, ha asegurado este jueves que “antes de junio” habrá tomado forma el compromiso de IU de garantizar la luz y el agua a todos los ciudadanos, de manera que aquellas familias que no pueden pagar estos servicios básicos no queden desabastecidas con cortes por parte de las suministradoras. Sobre cómo se hará, ha dado tres opciones que están “en estudio”: con un nuevo decreto, con la modificación del actual de medidas de lucha contra la exclusión social para incluir esta garantía o con una ley.
El también consejero de Administración Local y Relaciones Institucional ha insistido en que es un “compromiso firme”, pese a que en su defensa IU se haya topado ya con dos frenos por parte de sus socios en el Gobierno de Andalucía. El primero, cuando el pasado mes de noviembre no entró en el orden del día del Consejo de Gobierno, tal y como había anunciado la coalición de izquierdas que había dado por hecha esta medida. Y el segundo, cuando durante las fiestas navideñas la presidenta, Susana Díaz, manifestó que una medida de este tipo correspondía al Gobierno de la Nación y no a la autonomía.
Sobre este aspecto, Diego Valderas ha considerado que “no se interpretaron bien” las palabras de la presidenta. En su opinión, lo que quiso decir es que “hay temas con un calado tan fuerte que deben ser estatales” o las dificultades económicas “se multiplican”. Por ello, ha animado al Gobierno de España a “imitar” a Andalucía en este tipo de medidas.
En cuanto al hecho de que no haya logrado ponerse en marcha con los rigores del invierno, cuando la energía se hace todavía más necesaria, ha reconocido que le hubiera gustado que así fuera, pero ha subrayado que al menos “se ha pedido una moratoria” a las compañías para que no corten los suministros.
Para IU, esta medida pasa por la implicación de las administraciones locales, de manera que asuman el gasto en el caso de las familias que no puedan pagar la luz y el agua (se ha hablado incluso de ampliarlo al gas). Pero la búsqueda de esta complicidad se topa con dos inconvenientes: por un lado, que la reforma a la que han sido sometidas las administraciones locales limita todavía más su margen de maniobra, y por otro, el hecho de que esto va acompañado también de una falta de recursos para asumir más gastos.
Por otro lado, ha avanzado que su consejería trabajará este año en la elaboración de la Carta de Derechos de la Ciudadanía, que será “un sistema de garantía y blindaje de los derechos” ante el “vaciamiento” del Estatuto de Autonomía que, a su juicio, “están suponiendo las reformas del Gobierno de la Nación”. Poco ha dicho de en qué consistirá, pero sí ha avanzado que será un compromiso para que los derechos ya reconocidos sean también “exigibles”, es decir, que los ciudadanos tengan a mano una herramienta con la que se responda a cuestiones en materia de de vivienda, salud o educación. O lo que es lo mismo, “traducir normativamente los elementos que el Estatuto de Autonomía quiere garantizar como básicos”.
