Las víctimas del franquismo reciben “vigilantes” la continuidad del presupuesto de la Junta para exhumar fosas

Las víctimas del franquismo estarán “vigilantes” con la partida presupuestaria dedicada a Memoria Histórica: 1,6 millones de euros destinados, sobre todo, a exhumaciones de fosas comunes y pruebas de ADN. Las asociaciones de derechos humanos valoran positivamente la continuidad en estas políticas públicas aunque critican que la cantidad sigue siendo “insuficiente”. Y critican, además, que se ponga en duda el uso de las subvenciones a proyectos de investigación y difusión.

El Presupuesto de 2019 de la Junta de Andalucía quedaba en vilo hasta el desbloqueo de Vox a las cuentas del Gobierno regional de PP y Ciudadanos. La formación de extrema derecha había presentado una enmienda a la totalidad que retiró en el último momento, anunciando un acuerdo tripartito para retocar el proyecto presupuestario.

El punto 14 del documento firmado por PP, Cs y Vox está dedicado a “Delimitación de actuaciones en materia de Memoria Democrática”. Ahí ordenan que “la ejecución que se realice por parte de la consejería de Cultura de las consignaciones presupuestarias del programa 31J Memoria Democrática, se desarrollará estrictamente para realizar actuaciones de recuperación en fosas, investigación y localización de fosas, y banco de ADN”.

Ya estaba escrito así en la prórroga de las partidas memorialistas que habían confeccionado el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla (PP). Esas cuentas destinaban un total de 535.000 euros para abrir fosas comunes y 363.000 a identificación genética de víctimas del franquismo.

Igualmente bajaba la convocatoria de subvenciones a 182.200 euros en ayudas a universidades, ayuntamientos y asociaciones, desde los 310.000 del año anterior. El acuerdo de PP, Cs y Vox señala, sobre todo, a estos colectivos ciudadanos que han sido el motor de la Memoria Histórica: la normativa “no podrá prever que más de un 20% del total de la subvención venga a financiar gastos estructurales de la asociación”.

“A trabajar con la Junta”

En el mundo memorialista se respira inquietud. La parálisis de estos meses de funcionamiento del primer Gobierno de derechas de Andalucía tras la dictadura franquista se une al pasado año, cuando el ritmo de las exhumaciones de fosas quedó frenado. Y esta expectación ha hecho que, incluso, surjan dos plataformas en defensa de la Ley de Memoria Democrática andaluza, como avanzó eldiario.es Andalucía.

“Las familias nos ponemos con la Junta a trabajar” pero exigiendo “transparencia y aplicación real de ese presupuesto para exhumaciones y ADN”, explica María del Carmen España, de la Comisión por el Derecho a las Exhumaciones. Porque esta es “la prioridad de las familias con seres queridos desaparecidos”: abrir fosas y cunetas.

“Muy bien que continúe el presupuesto pero que sea aplicado, que haya una transparencia clara de cuáles son las intervenciones y se nos informe a las asociaciones y a los familiares de con qué presupuesto contamos y cuáles van a ser las acciones a partir de ahora”, avanza España.

“Que tengan muy claro que deben tener siempre en cuenta a las víctimas”, advierte. “Hablamos de familias y de que tienen el derecho para tener a sus familiares”. Sobre las subvenciones indica que “lo que siempre hemos querido es que el Estado se haga cargo de los desaparecidos, porque es su obligación, pero el Estado no puede suplir ni dejar de lado el papel de las familias”.

Presupuesto: “una cantidad ridícula”

El presupuesto para exhumaciones “es una cantidad ridícula”, resume uno de los portavoces de la Asamblea Andaluza de Asociaciones Memorialistas y Víctimas del Franquismo, Francisco Vigueras. “La Junta vuelve a burlarse un año más de las víctimas del franquismo, teniendo en cuenta que todavía tenemos 50.000 andaluces desaparecidos en fosas comunes”, amplía.

“Además, recordamos a la Junta que la apertura de fosas y exhumación de restos no se hacen por humanidad, sino para investigar crímenes contra la humanidad”, subraya. “Por eso es necesaria la presencia judicial en la fosa, que levante acta de la recuperación de cadáveres, que son la prueba del delito”, amplía Vigueras, también portavoz de la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación.

“En cuanto a reducir ayudas a las asociaciones, estamos ante un nuevo desprecio al movimiento memorialista que lleva años trabajando, con muy pocos recursos pero con mucha determinación, para lograr la justicia que reclaman las víctimas”, añade.

“Nos parece perfectamente correcto” que continúe el presupuesto para abrir fosas y cunetas, dice Cecilio Gordillo, del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT. “Ahora hay que estar vigilantes para que se aplique, la responsabilidad del control recae sobre nosotros”, sostiene.

Porque “Vox no impide que haya partida, más baja o más alta, pero sigue”, se felicita el colectivo. Y “teniendo en cuenta lo que queda por exhumar, lo que hay que hacer es que crezca” el dinero destinado a esta materia. Por esto, continúa, “el Ejecutivo hará más o menos de los trabajos comprometidos, pero animamos al movimiento memorialista y a las familias a que sigan presentando en el registro de la consejería propuestas de exhumaciones”.

Sobre el acuerdo tripartido que desliza la duda sobre el uso de la convocatoria de subvenciones de la Junta, Gordillo tiene claro que se trata de “un señalamiento ideológico” dirigido “fundamentalmente contra los movimientos sociales”. Ni existen ‘chiringuitos’ de la Memoria “ni recuerdo que, en ningún momento, las entidades memorialistas hayan recibido un solo euro para su mantenimiento”. Más allá, sostiene, la mayor parte del trabajo es “voluntario”.

Existe un “presupuesto insuficiente para el desarrollo de esta ley”, opina Juan Morillo, de Unidad Cívica por la República. Este colectivo destaca cómo “la mayoría de las exhumaciones realizadas han sido a propuesta de las asociaciones memorialistas” y que, sin embargo, existe un “desprecio a la capacidad de propuesta de la ciudadanía organizada”.

En cuanto a las subvenciones, Morillo sostiene que el recorte es un “desprecio a la capacidad de propuesta de la ciudadanía organizada”. Y este “bloqueo a las iniciativas participativas de la sociedad” responde a una forma de “entender la política como un ejercicio de poder de las instituciones”. Además, apunta, “se intenta trasmitir que son las subvenciones a las propuestas de las asociaciones quienes están frenando las exhumaciones”.