URBANISMO

El Gobierno de Moreno modificará el plan de ordenación del territorio andaluz por considerarlo “un freno” al desarrollo

El Consejo de Gobierno reunido este martes ha instado a la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, a “revisar”, “actualizar” y “modificar” el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), vigente desde hace 16 años, y que el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno considera “un freno” para el desarrollo de la región.

El objetivo es adaptar dicho plan a la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), una de las normas “estrella” de la pasada legislatura, que vino a agilizar la aprobación de los planes generales urbanísticos de los municipios, que ahora tardan de media nueve años. 

Durante años, el POTA ha sido el documento de referencia de los anteriores gobiernos socialistas para “poner freno al crecimiento urbanístico desmedido” que contemplaban muchos planes municipales, sobre todo en el litoral, cubiertos con un refuerzo de protección posterior para dejar el ladrillo fuera de los primeros 500 metros de costa [donde no estuviera ya construido].

El actual portavoz de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, ha desmentido que el objetivo de la futura reforma del POTA sea flexibilizar los permisos para facilitar el crecimiento urbanístico, aunque esa fue precisamente la principal línea argumental del PP durante sus muchos años de oposición. Los populares siempre cuestionaron el documento y denunciaron reiteradamente en el Parlamento que “las restricciones urbanísticas perjudican al turismo y la creación de empleo”. El propio Moreno, como líder de la oposición, exigió al último Gobierno socialista la retirada del Plan y su sustitución por otro modelo de ordenación urbanística.

“El POTA no está para frenar, sino para ordenar el territorio”, y eso significa que en algunas zonas de Andalucía se puede crecer y en otras se puede extremar la protección. La casuística es muy diversa y el Ejecutivo andaluz ha puesto mucho empeño en disociar la revisión del Plan de un interés por abrir la mano al desarrollo urbanístico. “Algunas zonas ya están saturadas, no se puede construir nada más, en otras hay que reordenar suelo agrícola, o un problema de despoblación, o de recalificaciones o de reforzar la protección que existía porque no es suficiente”, ha explicado.

La España vaciada y la despoblación es una de las razones, y una pista clara, del objetivo de la futura revisión del plan. La Junta admite que no se ha completado la planificación subregional de dicho documento, especialmente en las zonas rurales del interior, “lo que supone una debilidad para su desarrollo en un momento en el que estos territorios sufren un descenso demográfico y se están viendo afectados por el fenómeno de la España vaciada”.

Son los planes subcomarcales y subregionales los que se han chocado contra el POTA “como una pared”, cuando han intentado reordenar sus propios territorios, algo a lo que la Junta pretende ponerle solución. Algunos de esos planes subregionales trataron, sin éxito, limitar a 200 metros el espacio vetado al ladrillo en el litoral.

La Consejería de Fomento ha licitado este martes el contrato de apoyo técnico para la revisión del POTA. El contrato prestará los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería necesarios para su modificación. “Los trabajos de este contrato permitirán conocer la situación actual de Andalucía para identificar los problemas y detectar las nuevas necesidades, así como avanzar en la dirección sugerida por las nuevas tendencias en los ámbitos nacionales e internacionales a través de una planificación que ofrezca una visión sostenible del territorio andaluz”, reza el comunicado difundido por la Junta.

La revisión del POTA fijará también las bases en las que se desenvuelva la acción pública y privada, “orientando los procesos de ocupación y uso del territorio hacia los objetivos de cambio climático y de desarrollo sostenible de acuerdo con los nuevos postulados internacionales y contribuir así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030”.

En la última década, la legislación en materia de protección ambiental -tanto estatal como andaluza- ha crecido y se ha vuelto más exigente. El Gobierno central retiró su amago de recurrir ante el Tribunal Constitucional la LISTA -también llamada nueva ley andaluza del suelo- tras negociar con el equipo de Moreno la modificación de 42 artículos, evitando la invasión de competencias y la flexibilización de determinados parámetros de protección ambiental.

Uno de los problemas endémicos del POTA fue siempre el incumplimiento masivo por parte de los ayuntamientos -de todos los colores políticos- de la obligación de adoptar sus planes urbanísticos a dicho documento, algo que Fernández Pacheco ha recordado este martes: “Ni se ha cumplido ni está desarrollado. Después de 16 años toca revisarlo”, ha dicho.

El POTA nació en 2006, en pleno boom inmobiliario, pero el año pasado durante la tramitación de la LISTA, la consejera de Fomento recordó que casi 500 municipios, el 77% del total, no tiene adaptado su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Y otros 113 ni siquiera lo han iniciado. Esto estaba impidiendo el “desarrollo” de muchos municipios, una situación que venía a enmendar la nueva ley del suelo y, previsiblemente, la futura reforma del Plan de Ordenación del Territorio.