El Gobierno andaluz de PP y Cs se sitúa ya en la prórroga pero evita presionar a Casado: "Se debe mantener el estado de alarma"

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, preside el Consejo de Gobierno.

24 antes de que el presidente Pedro Sánchez solicite el apoyo del Congreso a una cuarta prórroga del estado de alarma, el Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos se ha alineado explícitamente a favor de un nuevo aplazamiento que, a estas horas, tiene el rechazo del presidente nacional del PP, Pablo Casado. "Creemos que se debe mantener el estado de alarma, pero debemos dejar que sigan corriendo los plazos administrativos, de licitación y de adjudicaciones de obra pública", ha dicho el portavoz de la Junta, Elías Bendodo, para reclamar al Ejecutivo central que "modifique el Real Decreto de estado de alarma para que podamos seguir con los trámites de licitación de obra pública".

Al portavoz de la Junta le han preguntado por esta frase, en una rueda de prensa telemática, y si el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, había trasladado esta postura a su jefe de filas en el partido. Bendodo ha matizado sus palabras: "Yo no he dicho esté a favor de mantener el estado de alarma. Usted no ha entendido lo que he querido decir. El estado de alarma es una herramienta excepcional que el Gobierno debe usar en situaciones excepcionales y sin abusar de ella. Y que además se puede sustituir perfectamente" por otras leyes orgánicas, subraya, citando la Ley de Medidas Especiales en Materia de Sanidad Pública, la Ley General de Salud Pública (14/1985) y la Ley de Protección Civil.

Fuentes del Ejecutivo andaluz coinciden en que el escenario "más razonable" es prolongar el estado de alarma hasta final de mayo. "En la Junta hay coincidencia entre los socios de que lo mejor es aguantar otras dos semanas", señalan. Pero, en caso de que el Congreso rechace la prórroga, la Consejería de Salud "está preparada para asumir el mando a partir del próximo lunes 11 de mayo", y previsiblemente aplicaría medidas de restricción de movimientos ciudadanos "similares a las del estado de alarma". En el mundo del Derecho Constitucional no hay consenso ahora mismo sobre si una ley orgánica puede limitar un derecho constitucional, como lo hace el estado de alarma.

Tres consejeros de la Junta de Andalucía (y del PP) -Presidencia, Salud y Hacienda- han comparecido juntos esta martes tras la reunión del Consejo de Gobierno para lanzar una batería de exigencias a Moncloa, bajo la presunción de que se mantendrá el estado de alarma y el Ministerio de Sanidad conservará el mando único en la crisis sanitaria. La Junta ha focalizado hoy toda su preocupación en reactivar cuanto antes la economía, singularmente el turismo. Por eso ha trasladado al Gobierno dos exigencias: levantar la parálisis de los plazos administrativos de grandes proyectos de obra pública, "que están produciendo un perjuicio enorme"; y adelantar al 25 de mayo la reapertura de las playas andaluzas (886 kilómetros de litoral).

Mientras en Madrid el principal partido de la oposición (PP) defiende que no apoyará la prórroga del estado de alarma este miércoles en el Congreso -sin revelar si votarán en contra o se abstendrán-, en la sede del Gobierno andaluz se trabaja sobre la hipótesis de que sí habrá prórroga. El presidente Moreno ya adelantó ese escenario en su comparecencia por televisión el domingo, cuando avanzó que "el estado de alarma no debería prolongarse más allá de fin de mayo, principios de junio".

De hecho, la primera reclamación que ha hecho Bendodo es que se permita a Andalucía abrir sus playas "en la fase 2, es decir el 25 de mayo, en vez de en la fase 3, que sería el 8 de junio". El plan de apertura al baño de la Junta incluye mantener la distancia social de dos metros entre personas, habilitar puntos de acceso y controlar el aforo de las playas "donde sea posible", establecer horarios de apertura y cierre, y retirar las colchonetas de uso colectivo de las hamacas para ser sustituidas por toallas.

Chiringuitos y obra pública

El Ejecutivo andaluz ha centrado toda su preocupación de hoy en la reactivación económica y el turismo, que representa el 12% del PIB y el 13% del empleo. La Junta pide al Gobierno liberar el pago del canon que pagan los chiringuitos, que recoge la Ley de Costas, y que supondría un ahorro de diez millones de euros para el sector. También piden prorrogar automáticamente la concesión de estos chiringuitos un año más, y bajar el IVA superreducido al 4% en el sector turístico de manera provisional hasta final de año (ahora es del 10%) para lograr liquidez inmediata.

Sobre la petición de modificar el Real Decreto del estado de alarma para permitir que se vuelva a licitar obra pública -"palanca de la reactivación económica"-, Bendodo ha explicado que la Consejería de Fomento tiene paralizados grandes proyectos por valor de 213 millones de euros: el tramo norte de la Línea 3 del Metro de Sevilla; el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía, en Málaga; el estudio para ampliar el Metro de Granada; la redacción del anteproyecto del hospital de Málaga; el tren tranvía de la bahía de Cádiz; 32 millones para viviendas o 21 millones para inversiones portuarias.

La Consejería de Agricultura licitará en breve 357 contratos de infraestructuras hidráulicas en 2020 que movilizarán 575 millones de euros en gasto público, que crearán 8.500 empleos directos, según cálculos de la Junta. Para ello, es preciso "que el Gobierno reabra los plazos de licitación", insiste el portavoz. Casi en paralelo a la comparecencia andaluza, el Consejo de Ministros acordaba en Madrid retomar la licitación de obra pública tras levantar la suspensión a este tipo de procedimientos que se incluyó en el decreto de estado de alarma del 14 de marzo. Así, las administraciones podrán promover de nuevo las infraestructuras públicas casi dos meses después de paralizar los trabajos que no estuvieran justificados.

La apertura de las playas y la reactivación del turismo, motor de la economía andaluza, están directamente relacionados con la declaración del estado de alarma, que restringe el movimiento de los ciudadanos, la posibilidad de coger el coche y trasladarse de una provincia a otra. Si el Congreso rechaza la prórroga con el rechazo de ERC y PNV -aliados de legislatura del PSOE- y el del principal partido de la oposición, las reclamaciones formuladas hoy por la Junta andaluza no tendrían sentido, porque el mando volvería a manos de los gobiernos autonómicos y la restricción de movimientos se levantaría.

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5 de mayo de 2020 - 18:23 h

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