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Ecologistas alertan del uso de un herbicida perjudicial para la salud en el Valle de Lecrín en Granada

Letreros como este se usan en la zona del Valle de Lecrín

Álvaro López

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El Valle de Lecrín tiene un problema con el glifosato. Su presencia está muy extendida en esta zona de la provincia de Granada como método para quitar las malas hierbas que pueden crecer en algunos puntos. El problema es que, según diversos estudios no exentos de polémica, se trata de un herbicida perjudicial para la salud por ser cancerígeno y tener relación causa-efecto con el autismo, la diabetes o el asma. Sin embargo, pese a su potencial peligrosidad, como es el plaguicida más barato y vendido del mundo, muchas corporaciones y propietarios privados los siguen utilizando. En este caso, Ecologistas en Acción alerta de su uso en uno de los valles más importantes de Granada.

Según ha podido comprobar este medio, ayuntamientos de la zona utilizan el glifosato para evitar que crezcan las malas hierbas en las cunetas de las carreteras que con el paso del tiempo acaban dañándolas. Un método rápido y barato que evita que tengan que contratar mano de obra para que las retire de forma tradicional. Barato en lo monetario, pero caro en el coste social que tiene un producto cuyo daño a la salud está descrito por organismos como la Agencia Internacional del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con un estudio publicado en 2015, la IARC sostiene que “hay pruebas suficientes para decir que el glifosato causa cáncer”. Sin embargo, añaden en ese documento, “las autoridades regulatorias que revisan estos datos parecen haberse basado en los análisis realizados por el solicitante del registro”. Es decir, toman como buenos los informes que remiten las propias empresas que comercializan estos herbicidas. “Si las autoridades regulatorias hubiesen realizado un análisis completo sería difícil que no clasificasen al glifosato como carcinogénico”. Por esa razón, el uso de este plaguicida ha provocado tal polémica a nivel internacional que la Unión Europea, de momento, no permitirá su uso desde 2023 y países como Austria ya lo prohíben.

El plaguicida más utilizado

A pesar de ello, el panorama en España es diferente. Su utilización continúa siendo mayoritaria dentro de nuestras fronteras lo que, según los ecologistas, pone en peligro la salud de la población. José Terrón, miembro de Ecologistas en Acción Granada, asegura que “supuestamente se usa solo en el talud de la carretera, pero algunas de estas zonas están muy próximas a las acequias por lo que el agua se acaba contaminando”. “Está afectando incluso a los ecosistemas marinos”. Además, advierte de que hay agricultores que utilizan este herbicida para limpiar sus tierras de malas hierbas con lo que las frutas, verduras y hortalizas que crecen posteriormente pueden llegar a contaminarse.

La incidencia negativa de este herbicida en la salud de las personas se ha demostrado en diferentes estudios que apuntan a que el glifosato disminuye la calidad de los espermatozoides, lo que acaba afectando a la natalidad. Un problema que afecta de lleno a la población masculina de España al ser el plaguicida más utilizado de nuestro país. Según José Terrón, el uso del glifosato se ha permitido basándose en “mentiras”. Monsanto, la empresa que lo comercializó de forma exclusiva hasta perder la patente en 1991, llegó a decir que este producto era biodegradable, “pero es completamente falso”. De hecho, la entidad fue condenada en 2007 en Francia por “publicidad engañosa”. Por ello, desde las asociaciones ecologistas presionan a las instituciones para que se persiga su uso.

Frenar su uso

Terrón afirma que “se han presentado escritos ante muchos ayuntamientos pidiendo que no se utilice más”. En el caso concreto del Valle de Lecrín en Granada, el Consistorio que está bajo la lupa de esta organización es el que le da nombre al propio valle. “Como son conscientes de que los extranjeros no toleran la utilización de este plaguicida, y en esa zona hay una población extranjera muy amplia, colocan letreros en los que advierten de que la zona está tratada con un herbicida, aunque sin especificar cuál. Es un eufemismo que usan para no decir que lo están utilizando”. El problema es que su uso no está prohibido, aunque la Unión Europea pretende retirarlo a partir del 2023. Por ese motivo, los ayuntamientos siguen usándolo a pesar de los problemas de salud descritos.

Los ecologistas lamentan que se apueste por este herbicida en lugar de usar otros métodos que no sean dañinos para el medio ambiente ni para la salud de las personas. Por eso, reclaman que las instituciones públicas responsables del cuidado de estos entornos tengan más presencia en los lugares críticos y puedan vigilar que no se haga uso de un producto que es perjudicial a varios niveles. “La Consejería de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir saben lo que pasa y no hacen nada”, sostiene José Terrón de Ecologistas en Acción.

Paguicida “reglamentario”

“Hemos mirado todas las denuncias y no se ha producido ninguna por vertido de glifosatos”, explican fuentes de Medio Ambiente. “Su utilización cada vez es menor, pero aún no está prohibida su utilización como herbicida. Por tanto, no podemos dar ninguna información al respecto”. Un argumento al que se adhieren desde la Confederación alegando que el organismo responsable de velar por las competencias de agricultura y medio ambiente corresponde al Gobierno regional. No obstante, dicen desconocer que alguno de los arroyos pueda estar contaminados por este herbicida. Por otra parte, desde el Ayuntamiento de Lecrín recuerdan que utilizan un plaguicida “reglamentario”. Confirman que utilizándolo “tardan menos” que contratando mano de obra para que retire las malas hierbas y que, de paso, “es un ahorro”.

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