La Fiscalía archiva el expediente contra el instituto de Huelva denunciado por una actividad del 8M
La Fiscalía de Menores de Huelva ha archivado el expediente de riesgo incoado para comprobar si una actividad organizada por el Instituto 'Del Andévalo', de Puebla de Guzmán (Huelva), que el pasado viernes quería que los niños saliesen al recreo cinco minutos después que las chicas, para que entendiesen parte de la discriminación que la mujer ha sufrido a lo largo de la historia.
La denuncia se había elevado a expediente tras una denuncia de Vox en redes sociales porque “podría suponer una vulneración de los derechos a no ser discriminado y a la libertad ideológica y de conciencia de los alumnos menores de edad”.
En su comunicación oficial, la Fiscalía recuerda que incoó un expediente de riesgo para comprobar si la actividad organizada por un centro educativo de la provincia de Huelva “podría suponer una vulneración de los derechos a no ser discriminado y a la libertad ideológica y de conciencia de los alumnos menores de edad”.
Recuerda que el expediente de riesgo “es el vehículo normal que utiliza la Fiscalía de Menores para comprobar situaciones de posible desamparo, vulneración de derechos u otra clase de riesgos previstos en la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor”.
Recabó “datos” para ello
En el presente caso, “el Fiscal de Menores ha recabado los informes y datos que ha estimado oportunos, y con ellos ha podido comprobar que el I.E.S. ”El Andévalo“ no ha realizado actividades que hayan implicado una vulneración de derechos fundamentales de personas menores de edad. Y la consecuencia de ello es la de que, en el día de hoy, el Fiscal ha decidido el archivo del expediente de riesgo. No se estima necesaria ninguna actuación adicional al respecto”.
Sostiene también que el Fiscal de Menores “ha cumplido el mandato de la Ley guiado únicamente por criterios técnico jurídicos y el interés superior del menor; comprobando personalmente la noticia de que los derechos fundamentales de un grupo de menores de edad de la provincia podrían ser lesionados. La Fiscalía actúa ajena e indiferente ante cualquier otra clase de intereses o ritmos informativos”.
El Fiscal “aprovecha esta nota de prensa para, en interés de los menores, pedir respeto por la labor de los profesionales de la educación. Los ataques personales o telemáticos al personal docente podrían ser constitutivos de delito y, en ese caso, serán perseguidos”.
En lo que va de año 2019 se han incoado unos 170 de esos expedientes de riesgo y el año 2018 se cerró con 505. Con arreglo a la Ley Orgánica, la Fiscalía de Menores “tiene la obligación de prevenir, detectar y reparar esa clase de situaciones. Este tipo de procedimientos no tiene como propósito descubrir o investigar delitos, como tampoco atribuir responsabilidades a persona alguna”, concluye el comunicado.
Desde el instituto, que finalmente no realizó la actividad recogida en un borrador el pasado viernes, se ha preferido no hacer valoración alguna en torno a la decisión de la Fiscalía.
