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La Confederación del Guadalquivir, al Parlamento andaluz: ampliar regadíos en Doñana es “incompatible con la ley”

Estado que presentaba hace unos meses la laguna Taraje en Doñana.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el organismo encargado de conceder los derechos de agua en la cuenca del principal río andaluz, no comparecerá en la comisión parlamentaria de la Consejería de Fomento en la que –la semana que viene– se analizará la proposición de ley de PP y Vox para ampliar regadíos en el entorno de Doñana, aunque esto no implica que no se vaya a conocer su punto de vista porque lo incluye en un informe que ha remitido al Parlamento. Un documento que es taxativo: esta iniciativa es “incompatible con la ley” en varios aspectos, su aprobación “provocaría una división en la sociedad” y sitúa a la Junta de Andalucía “en contra” del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de la Unesco.

La CHG (que preside Joaquín Páez) sigue así la misma pauta que con el primer intento el año pasado de aprobar esta ley, cuando también suplió su ausencia de la comisión con un informe en el que repetía que la proposición de ley está “al margen de toda normativa vigente”. Ahora se expresa en términos parecidos para subrayar que es “incompatible” por un lado con el Plan Hidrológico del Guadalquivir vigente hasta 2027 (aprobado como real decreto el pasado mes de enero), y por otro lado también con la ley de 2018 que autoriza un trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la cuenca del Tinto, Odiel y Piedras para sustituir extracciones legales del acuífero por este agua en superficie. Esta norma, de hecho, impide usar estos recursos en nuevos regadíos.

El organismo de cuenca también incide en que la proposición de ley precisa de un plan que le sirva de base, que no sólo debería haberse tramitado con la participación de administraciones y colectivos afectados sino que también tendría que haberse sometido a la evaluación ambiental que exige la ley. La falta de este trámite “ha impedido la participación” de la CHG en un proyecto que afecta a materias de su competencia y que “versa sobre un tema tan conflictivo como Doñana”.

“Incremento cero de regadíos”

El informe desgrana que la iniciativa de PP y Vox “contradice de manera expresa” uno de los principios del Plan Hidrológico: “Incremento cero de regadíos, salvo ya planificados, que constituye auténtica piedra angular de la planificación hidrológica del Guadalquivir”. De paso, le recuerda a la Junta de Andalucía que estuvo muy presente en la confección de este Plan Hidrológico, del que ha sido “profundamente conocedora” y al que no se opuso en ningún momento en lo relativo a Doñana, de hecho “ni siquiera constan comentarios al respecto”.

El Gobierno andaluz presentó 12 alegaciones al plan desgranadas en 144 páginas “sin referencia alguna a ampliaciones de la superficie regable en Doñana”, y sin embargo pocos días después de su aprobación inicial en diciembre de 2021 se presentó la proposición de ley en el Parlamento andaluz. “Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada”, incide la CHG, para quien la iniciativa legislativa tiene por objeto declarar unas zonas regables “que no van a tener acceso al agua, lo cual es, como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”.

La proposición también choca con el Plan Hidrológico en el objetivo de recuperar el acuífero, que tiene en mal estado tres de las cinco masas de agua que lo componen, una situación que se declaró oficial en 2020 y que no ha mejorado un ápice según apunta el último informe, referente al periodo 2021/22. Es más, la cosa va a peor porque 13 de los 16 sectores en los que se subdivide el acuífero “tienen una tendencia descendente significativa, y de los tres que no la tienen dos podrían alcanzarla próximamente”.

Los regadíos a regularizar están junto al parque

“No es comprensible que en este contexto de alarma general por el estado de las masas de agua se plantee un incremento de las extracciones”, lamenta el documento de la CHG, que le reprocha al Gobierno andaluz que “lo que se espera de cada administración es lealtad institucional en el ámbito de las competencias de otras y diligencia en el ejercicio de las propias”. De paso, critica que “carece de sentido” el argumento esgrimido por la Junta de que las zonas que se regularizarán están alejadas del espacio natural protegido, porque “los ecosistemas de Doñana no entienden de divisiones administrativas” y, además, “no es cierto” que estén lejos porque el 93% de los cultivos que se plantan en suelos no regables están a menos de cinco kilómetros de los límites del parque.

La proposición de ley, además, “sitúa a la Junta de Andalucía directamente en contra” del cumplimiento de la sentencia de 2021 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que condena a España por no impedir el expolio de agua en Doñana, por lo que “resulta cuanto menos sorprendente” que el texto destaque que con la futura ley se cumple con este fallo judicial. Igualmente, con esta medida el Gobierno andaluz se coloca en contra de las recomendaciones de la Unesco, que ya ha advertido que puede replantearse la consideración de Doñana como Patrimonio de la Humanidad, un toque de atención que se une al que ya recibió de la propia Comisión Europea. Una Unesco que insiste en mantener tal cual el Plan especial de ordenación de regadíos al norte de la corona forestal de Doñana, aprobado en 2014 y conocido como Plan de la Fresa, que es precisamente el que se quiere modificar para legalizar regadíos.

El Plan de la Fresa, según el organismo de cuenca, se aprobó con un elevado consenso que “era muy necesario” en la zona, en la que “tradicionalmente existía una situación de conflicto por la dificultad de compatibilizar el desarrollo en Doñana con el respeto de sus excepcionales valores ecológicos”. En cambio, la proposición de ley “ha provocado una nada deseable división de la sociedad”, afirmación que prolonga al asegurar que su aprobación “provocaría una división en la sociedad” al romper precisamente el consenso que se consiguió con el plan de 2014.

Por ello, la CHG resume que la iniciativa legislativa de PP y Vox “se sitúa al margen de la legalidad europea y de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco”, hasta el punto de que “la credibilidad del Reino de España queda fuertemente menoscabada por esta iniciativa”. Todo ello, además, en un momento en el que “Doñana resulta especialmente vulnerable” por la situación de sequía extrema que sufre.

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