Moreno abronca por carta a Pedro Sánchez en plena crisis por Doñana: “Le solicito que cese la campaña de acoso”

La crisis política sin precedentes que enfrenta al Gobierno central con la Junta de Andalucía ha subido varios peldaños esta semana. El último capítulo lo ha firmado personalmente el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que este martes remitió una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en términos muy duros.

Moreno le acusa a él y a sus ministros de ser “cómplices” de la campaña de boicot a la fresa de Huelva que lanzó hace una semana una ONG alemana, recabando 140.000 firmas en su web para que las principales cadenas de supermercados del país dejasen de vender este producto en protesta por el cultivo intensivo en el entorno del Parque Nacional de Doñana.

“Ningún objetivo político, ninguna campaña electoral puede justificar que el Gobierno de España, en boca de su Presidente y de su ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dé amparo e incluso difusión a una sucesión de falsedades que ponen en peligro la rentabilidad y la continuidad de un sector tan trascendente en la economía andaluza como el de los frutos rojos y, con ello, el empleo y las condiciones de vida de miles de andaluces”, sostiene en la misiva, a la que ha tenido acceso este periódico.

El Gobierno andaluz es el que “ha creado el problema”

Una misiva a la que ha contestado el ministro de Agricultura, Luis Planas, al considerar que es el Gobierno andaluz quien ha creado el problema (al intentar regularizar pozos ilegales que desecan Doñana) y pide que no se intente invertir “la carga de la prueba”: “Quienes han creado el problema lo tienen que resolver, pero no desviando la atención, sino asumiendo la responsabilidad de la resolución del problema”.

Además, contradiciendo la tesis de Moreno de que el Gobierno central promueve el boicot, Planas ha anunciado que la semana pasada el Ministerio de Agricultura firmó un convenio para la promoción de los frutos rojos “en todas las ferias internacionales”. Lo firmó con Fepex, donde está presente Freshuelva, la Asociación Onubense de Productores y Exportadores de Fresa. Planas visitará Huelva a final de mes para recibir “un reconocimiento” del sector por su apoyo a la internacionalización del fruto rojo de la zona, explican desde su departamento. La propia vicepresidenta Yolanda Díaz ha estado este mismo miércoles en Doñana donde, entre otras cosas, ha alabado la labor en materia laboral de las empresas agrícolas de la zona: “La mayor parte de las empresas agrícolas cumplen con la legalidad”.

Sánchez y la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, difundieron la noticia del boicot de la ONG alemana en sus redes sociales para exigir a la Junta que retirase la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para legalizar regadíos cerca del Parque Nacional. El Gobierno de España viene de largo advirtiendo de que esa iniciativa no sólo ha levantado en armas a toda la comunidad internacional por el perjuicio ambiental que puede suponer para la mayor reserva natural de Europa, sino que provocaría un “daño reputacional irreparable” a la marca del fruto rojo de Huelva, que representa el 98% de la exportación del país.

Moreno pide que “cese la campaña de acoso”

En la carta, Moreno acusa a Sánchez de ponerse del lado del boicot al fruto rojo onubense, un sector que representa el 11,35% del PIB en la provincia, genera 160.000 empleos directos e indirectos y exporta productos por valor de 1.392 millones de euros al año. El presidente andaluz traslada su “preocupación” por la campaña alemana que “pone en tela de juicio la calidad y la sostenibilidad” de estos productos, “sin base argumental alguna y con la única intención de generar daños de difícil reparación a una actividad de la que dependen miles de familias”.

“Le solicito que tanto usted como los miembros de su Gobierno cesen en esta campaña de acoso a los agricultores de Huelva”, sentencia el presidente andaluz, al tiempo que le ofrece “abrir un proceso de colaboración entre ambas administraciones en la búsqueda de soluciones que hagan compatible la viabilidad del sector de los frutos rojos de Huelva con el Espacio Natural de Doñana”.

“Ataques sin fundamento y bulos”

Moreno recuerda que no es la primera vez que la producción agrícola andaluza, de enorme peso en los mercados internacionales -principalmente en Europa y especialmente en Alemania- es objeto de “ataques carentes de fundamento y sobrados de ignorancia”. “Hasta ahora habían encontrado en el Gobierno de España, fuera del color político que fuera, un fiel aliado para poner freno a los bulos y devolver a nuestros productores el prestigio que se habían ganado”.

La misiva del presidente andaluz recoge la “preocupación” de la Junta por la tensión política que sobrevuela Doñana y el cultivo de la fresa en Huelva desde hace meses, pero no menciona el origen del conflicto, esto es: PP y Vox registraron en el Parlamento andaluz por la vía de urgencia una proposición de ley para legalizar regadíos en el entorno del Parque Nacional.

Esa iniciativa, recuperada de la pasada legislatura, ha sido contestada con vehemencia por varios organismos internacionales. La Comisión Europea amenazó a España con multas millonarias si salía adelante, el Gobierno de Sánchez ha anunciado que tumbará la norma con un recurso de inconstitucionalidad, la Unesco ha alertado de que Doñana podría perder el sello de Patrimonio de la Humanidad, los agricultores con permisos de riego temen el “daño reputacional” que esta polémica esta haciendo al fruto rojo de Huelva en los mercados internacionales -con una campaña de boicot en Alemania incluida- y los ecologistas avisan de que la sobreexplotación del acuífero del Parque Nacional y la falta de lluvias ni siquiera garantiza aguas para las explotaciones de fresas con permisos.

En realidad, la carta de Moreno a Sánchez reproduce las denuncias públicas que viene realizando el presidente y su Gobierno en los últimos días. Horas antes de enviar esta misiva, el líder andaluz volvió a insistir en los ataques del Ejecutivo central por Doñana durante una Junta Directiva Autonómica del PP, a la que asistió como invitado de honor el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo. Feijóo también hizo mención en su discurso al conflicto enconado con el Gobierno y en defensa de los agricultores de Huelva.

Es uno de los asuntos que va a zarandear la campaña de las elecciones generales del 23 de julio, donde está en disputa el voto del mundo rural y el voto ecologista. La vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, viaja este miércoles a Doñana para lanzar desde allí un alegato en defensa del Parque Natural y contra la ley de regadíos de la Junta. Díaz necesita pelear con el PSOE por el voto verde, y Doñana es ahora mismo el epicentro de ese debate.

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no comparece

La carta del presidente andaluz lleva justo 24 horas después de que una delegación del Parlamento alemán (Bundestag) suspendiese sobre la marcha su visita programada a Doñana, para evitar interferir en el conflicto político que enfrenta a Gobierno y Junta a las puertas de las generales. El Ejecutivo andaluz acusa a Sánchez de intentar instrumentalizar esa visita, cerrada hace un mes, para volver a cargar contra la ley de regadíos. Entre tanto, la iniciativa legislativa sigue su curso en el Parlamento andaluz.

El próximo 13 de junio comparecerán los agentes sociales para exponer su punto de vista, incluido el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, inicialmente vetado por PP y Vox por su posición crítica con la ley. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) ha remitido un escrito este miércoles al Parlamento declinando comparecer en dicha comisión. El órgano estatal, responsable de autorizar o denegar el uso de agua para riego en las 750 hectáreas que podrían beneficiarse de esta norma, había sido citado por todos los grupos parlamentarios. También fue citado en la pasada legislatura, durante la tramitación de la primera proposición de ley sobre regadíos junto a Doñana, pero igualmente rehusó comparecer.

La norma, según calculan los populares, podría aprobarse cuatro días después de las generales, en el último Pleno del periodo de sesiones.