Los datos no respaldan la afirmación del nuevo presidente de la Junta de que en Andalucía se vive “un infierno fiscal”

Andalucía “es un infierno fiscal”. Eso aseguró Juan Manuel Moreno Bonilla, en el debate parlamentario de su investidura la pasada semana, para justificar su promesa de reducir los impuestos en cuanto tome posesión del cargo. La afirmación puede ser ocurrente, pero es desde luego contraria a la verdad. O al menos, si los andaluces sufren un “infierno fiscal”, los habitantes de otras comunidades autónomas soportan un ‘calor fiscal’ bastante más asfixiante, incluidas algunas comunidades gobernadas por el Partido Popular.

Según el “Índice autonómico de competitividad fiscal” publicado el pasado mes de diciembre, y recogido ampliamente por los medios de comunicación de todo el país, Andalucía ocupa el puesto 13 por su nivel de presión fiscal de las 19 comunidades autónomas. Seguida, por orden de menor a mayor, por Galicía, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Aragón y, por último, Catalunya.

Este índice lo elabora la llamada Fundación para el Avance de la Libertad, un grupo de presión que, dicen de sí mismos, “representa en nuestro país los planteamientos de la libertad económica”, y son por tanto poco sospechosos de favorecer las tesis de la izquierda. Explican que su ránking de competitividad fiscal lo dirige la economista Cristina Berechet, y para elaborarlo “tiene en cuenta los tramos autonómicos de los grandes impuestos, los tributos cedidos a las comunidades, la especificidad canaria y la de los regímenes forales, y los impuestos establecidos por cada comunidad autónoma”.

No es éste el único informe que contradice la afirmación del nuevo presidente de la Junta de Andalucía. El Consejo General de Economistas agrupa a todos los colegios profesionales de economistas de España y, por tanto,carece en este caso de adscripción política. Cuenta con un órgano específico para los asesores fiscales llamado Reaf, que elabora un estudio comparativo de los impuestos en todas las comunidades autónomas, y para el ejercicio 2018 lo presentó el pasado mes de febrero. Dicho estudio, “Panorama de la fiscalidad autonómica y foral 2018”, no deja lugar a dudas: impuesto a impuesto Andalucía no queda mal parada.

Impuesto a impuesto

Así, en el caso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Andalucía no es la que más recauda en ninguno de los distintos tramos de renta. En el tramo más bajo, 16.000 euros, es superada por Aragón, Islas Baleares, Extremadura, Murcia, Comunidad Valenciana, y Catalunya. En el tramo de 20.000 euros es superada también por Islas Baleares, Murcia, Aragón y Catalunya. Y en el de 30.000 euros lo es por Islas Baleares, Extremadura, Murcia, Aragón y Catalunya.

En los tramos medios no es tampoco Andalucía la comunidad que mas presiona los bolsillos de los contribuyentes. En los tramos de 45.000 y 70.000 euros, por ejemplo, Galicia, la comunidad que gobierna el popular Alberto Nuñez Feijóo, se suma también al ránking de los que recaudan más que Andalucía.

Ni siquiera en los tramos más altos de la tabla es Andalucía la que más dinero exige. Aquellas personas que declaran ingresos superiores a los 300.000 euros anuales pagan más en Cantabria y la Comunidad Valenciana que en Andalucía, igual que en el caso de los que declaran más de 600.000 euros. Y en ambos tramos de renta, en Andalucía se paga poco más que en Extremadura, la Rioja o Aragón.

Patrimonio y Transmisiones Patrimoniales

Otro tanto puede decirse del impuesto que grava el patrimonio. Un patrimonio de 800.000 euros genera en el “infierno fiscal” andaluz un impuesto de 240 euros, frente a los 1.164 que se pagan en Aragón. De nuevo, también Islas Baleares, Catalunya, Extremadura y Comunidad Valenciana recaudan más que Andalucía. Exactamente lo mismo que ocurre con los patrimonios que superan los cuatro y los quince millones de euros.

Si Andalucía, pues, no es la comunidad autónoma que más grava la renta y el patrimonio de sus habitantes, tampoco lo es en el caso de los impuestos que gravan la transmisión de bienes, como en el caso de la venta de inmuebles no destinados a vivienda.

Así el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) que un andaluz paga por vender un inmueble valorado en 150.000 euros es inferior al que se paga en Cantabria, en Catalunya, en Castilla La Mancha, en Galicia y en Valencia. Todas esas comunidades, y Castilla León, gravan también más que Andalucía para los patrimonios valorados en 450.000 y 500.000 euros. Y a ellos se suma además Asturias para el caso de inmuebles que superen los 750.000 euros. Es más, en todos los casos, Andalucía grava exactamente lo mismo que Aragón, Baleares, Extremadura y Murcia. Y todas ellas sólo superan a Rioja, Canarias y Madrid.

Sucesiones y Donaciones

Pero el caso más llamativo es el del impuesto de Sucesiones y Donaciones, que Juan Manuel Moreno Bonilla considera como el peor de los castigos de ese “infierno fiscal” y que, por lo tanto, ha prometido dejar sin efecto en Andalucía. La realidad es que ya es así para la inmensa mayoría de los andaluces, ya que tras su última reforma sólo se aplica a aquellas herencias que supongan ingresos superiores al millón de euros por heredero.

Tan es así que, según el Colegio de Economistas, por una herencia casi tan alta percibida en 2018, 800.000 euros, Andalucía es la única comunidad autónoma en la que los herederos no tendrían que pagar ni un euro. Incluso en Madrid, que presume de tener la menor presión fiscal de todas las autonomías, dicho heredero tendría que ingresar en el fisco 1.586 euros con cuatro céntimos. Y más de 81.000 euros en el feudo popular de Castilla León, o más de 15.000 en la Galicia de Alberto Nuñez Feijóo.

Otra cosa es el apartado de donaciones (las realizadas en vida) del impuesto. Este es el único caso en el que Andalucía es la autonomía que más grava a sus contribuyentes. Para el mismo ejemplo, 800.000 euros donados por su padre a un hijo de 30 años sin ninguna discapacidad, y sin un destino específico para esa donación, en Andalucía el perceptor deberá abonar a Hacienda 208.159,35 euros. En La Islas Canarias, la que menos lo grava, sólo 200 euros. Que se convierten en 2.000 en el caso de Madrid, y que va aumentando comunidad a comunidad hasta llegar a los 200.122 euros que pagaría un habitante de Castilla León, gobernada por el partido de Moreno Bonilla.

Presión fiscal

Visto lo visto, no es extraño que según los datos del Ministerio de Hacienda Andalucía esté, de hecho, en la parte baja de la tabla de la presión fiscal de los impuestos autonómicos, midiendo ésta tanto teniendo en cuenta los ingresos tributarios en relación al Producto Interior Bruto (PIB), como por habitante.

Así, si la presión fiscal media en España medida en términos de PIB era de 5,8 en 2015 (es decir, antes incluso de las deducciones introducidas en el Impuesto de Sucesiones), en Andalucía era del 5,5%, superior sólo a cinco autonomías (Galicia, La Rioja, Murcia, Castilla La Mancha y Canarias). E inferior, por tanto, al 5,7% de Madrid o al 5,6% de Castilla León, etcétera.

Más llamativo aún resulta al calcular los ingresos tributarios por habitante: sólo extremeños y castellano-manchegos sufren un menor “infierno fiscal” que los andaluces. Los 957,3 euros por habitante que la Junta de Andalucía ingresó en 2015 son un 27% menos que los 1.310 euros de la media nacional. Y están a años luz de los 1.808 euros por habitante que ingresó la comunidad de Madrid.

El análisis de los datos  no sustenta pues la afirmación de Moreno Bonilla de que los andaluces sufren un auténtico “infierno fiscal”, que él va a aliviar bajando el tramo autonómico del IRPF y acabando con el de Sucesiones y Donaciones.