Los intereses enfrentados de Andalucía y Galicia frustran la alianza entre Moreno y Feijóo en materia de financiación

El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, se ha reunido este viernes con su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijóo, en el Palacio de San Telmo de Sevilla, el tercer encuentro con líderes autonómicos para abordar la reforma “urgente” del modelo de financiación, caduco desde 2014.

Moreno abandera desde el levante-sur una estrategia de presión al Gobierno de Pedro Sánchez, con la que previamente ha sellado “alianzas” con dos presidentes regionales con las que comparte problemas de infrafinanciación -por debajo de la media-: el socialista Ximo Puig, de la Comunidad Valenciana, y el murciano Fernando López Miras. Feijóo pilota una plataforma similar en el noreste de España con otros siete presidentes autonómicos -dos del PP, cinco del PSOE y uno regionalista-, con quienes comparte problemas de despoblación, dispersión y envejecimiento. Ambos movimientos se rebelan contra el órgano diseñado para abordar este asunto -el Consejo de Política Fiscal y Financiera-, al que reprochan su “inacción”. Tienen puntos en común, pero les separa la letra pequeña.

Los criterios de reparto de fondos del Estado que defiende Galicia chocan con los que reclama Andalucía. En el norte se pide primar la despoblación, la dispersión rural y el envejecimiento; en el sur se pone el acento en el peso poblacional y la edad media de sus habitantes -Andalucía tiene la población más joven de España-. Por eso las exigencias en materia de financiación, incluida la reclamación de un “fondo temporal de compensación al Estado” de 1.700 millones de euros, era el primer punto de la declaración institucional firmada por Moreno, Puig y Miras hace unas semanas; mientras que el documento rubricado este viernes con Feijóo emplaza al último punto el asunto de la financiación. La primera hablaba claramente de “alianza”, la segunda no menciona esta palabra.

Ambos presidentes, pese a compartir una gran “sintonía personal y política”, sólo han podido llegar a un acuerdo de mínimos sobre este asunto: que se prime el criterio de igualdad y equidad en el reparto entre regiones; que prevalezca la multilateralidad, en el marco del Consejo de Política Fiscal, y no haya comunidades privilegiadas; que no se negocie bilateralmente con nadie -en referencia a Cataluña- y que se haga un estudio cuantificando el coste real de los servicios públicos que gestionan las regiones: educación, sanidad, dependencia...

La cumbre Andalucía-Galicia se ha centrado más en lo que les une que en lo que les separa: el turismo, el Camino de Santiago, la pesca, el reto demográfico, la gratuidad total de la educación infantil 0-3 años, las energías renovables, una estrategia común contra los incendios que pida un fondo extra al Estado y a la UE, o la reclamación al Gobierno para gestionar el 50% de los fondos europeos Next Generation... Pero en el ámbito de la financiación -el último punto de un documento con 14 puntos- no deja de ser una declaración de principios, muy lejos de las exigencias concretas -y cuantificadas- que Moreno firmó con el presidente valenciano y el murciano.

Con Galicia, las discrepancias respecto al reparto de fondos son notables: Feijóo ha invitado a siete presidentes autonómicos a una cumbre el próximo 23 de noviembre en Santiago de Compostela para, entre otras cosas -como el problema de la España vaciada- pretende acercar posturas en torno a la reforma del modelo de financiación autonómica: Aragón, Cantabria, La Rioja (que ha rechazado la oferta), Castilla La-Mancha, Castilla y León, Extremadura y Asturias. El presidente gallego ha diseñado su foro junto a los líderes de regiones que comparten singularidad financiera con Galicia, y que por fuerza friccionan con los criterios que defiende Andalucía, Valencia o Murcia. “No venimos aquí como representantes del PP, sino como presidentes autonómicos”, dice Feijóo cuando se le plantean las discrepancias entre barones territoriales de una misma formación.

Al ser preguntado por qué, en aras de la multilateralidad que defienden, no ha invitado al presidente andaluz a ese encuentro en Santiago con los otros siete homólogos, el gallego ha respondido: “No voy a invitar al presidente Moreno a esa cumbre porque él me ha invitado hoy aquí”. Los ocho presidentes autonómicos del foro organizado por Feijóo representan el 55% del territorio nacional, pero poco más del 20% de su población. Andalucía y Valencia, en cambio, suman casi un tercio de los españoles, de modo que en términos cuantitativos su “alianza” pesa más en el diálogo con el Gobierno central.

Moreno asegura que tampoco ha pedido sumarse a la cumbre de Feijóo, y que su estrategia de estrechar lazos con otras regiones con problemas comunes, así como la que lidera en el noreste el presidente gallego, se explica en que “Sánchez ha abdicado de sus responsabilidades en materia de financiación”. Feijóo ha querido subrayar que “no hay contradicción” entre el documento que “aprobamos en Sevilla y lo que aprobaremos los otros ocho presidentes en Santiago”. Al ser preguntado por el fondo de compensación que reclaman las regiones más infrafinanciadas, como Andalucía y Valencia, el gallego ha evitado posicionarse: “Quienes están por debajo de la media deben planteárselo así al Gobierno central, quienes están por encima, pregúntele a ellos, y nosotros que estamos en la media sabemos qué hacer. Lo que haga Andalucía en el ámbito de la bilateralidad le corresponde al presidente Moreno”.

Aun con discrepancias en cuanto al modelo de reparto, tanto el movimiento del presidente de Galicia en el norte como el del andaluz en el levante-sur sirven para zarandear el debate territorial en un momento en el que el Gobierno de Sánchez prima en su agenda política -y presupuestaria- a Cataluña, donde gobiernan sus socios de legislatura. El pasado domingo, el PSOE federal nombró al presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, nuevo secretario de Política Autonómica. Vara ha confirmado su asistencia a la cumbre de Santiago y lo primero que hizo fue telefonear a Feijóo para pedirle que la aplazase del 2 de noviembre previsto al día 23.

La celebración de este tipo de foros no hace sino vaciar de contenido el órgano creado a tal efecto para debatir el modelo de financiación, esto es, el Consejo de Política Fiscal, que reúne a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con los 17 consejeros del ramo. Montero ya ha anunciado que en noviembre se conocerá el primer borrador con una nueva propuesta de reforma del sistema, elaborada por un grupo de expertos. Sobre el papel, el planteamiento de la ministra -ex consejera andaluza de Hacienda- no difiere de lo que este viernes han anunciado Moreno y Feijóo: el reparto de fondos debe tener en cuenta a los ciudadanos, no a los territorios. “Queremos un Estado autonómico federal, donde la coja común llegue igualmente a todos vivan donde vivan”, dice el gallego. “España es un Estado descentralizado, se debe abundar en la cogobernanza con las comunidades”, subraya Moreno.

La Junta andaluza reclama una deuda imputable a sus problemas estructurales de infrafinanciación de 8.200 millones de euros entre 2009 y 2019 (primer año de vigencia del actual modelo de reparto) -casi 10.000 millones si incluyen el periodo 2020-2021 y el “déficit” en los fondos Covid-. El discurso de Moreno, junto a Feijóo, dista mucho del que hizo junto a Puig, hace un mes. Entonces denunció que con el modelo actual, “cada andaluz recibe 110 euros menos del Estado que el resto, pero en el caso de los valencianos es peor: 200 euros menos”. 

Con el modelo actual de financiación, el desequilibro en el reparto de fondos estatales entre comunidades autónomas es especialmente lesivo para Andalucía y Comunidad Valenciana, algo que reconoce la propia ministra Montero. Este complejo asunto tiene que ver con los recursos que reciben las autonomías del Estado para costear los servicios públicos en sus territorios, pero también habla de cómo y cuánto tributan las regiones, y a largo plazo es un debate que apuntará necesariamente a una reforma constitucional y del modelo territorial. Tanto Moreno como Feijóo reclaman más fondos estatales y europeos al Gobierno central, a la par que acaban de anunciar una reforma fiscal de sus impuestos propios que beneficia a todas las capas sociales, pero con especial incidencia a aquellas que están por encima de la renta media de sus territorios.