Un juzgado de Huelva investiga a una ortopedia por copar las recetas de los hospitales públicos
El Juzgado de Instrucción número 2 de Huelva ha puesto el ojo en una ortopedia de la capital onubense que podría ser la responsable de un delito encaminado a encauzar todas las peticiones de los hospitales públicos de cara a las prótesis que suministraba esta empresa, Ortopedia Gordillo, tras las peticiones de los médicos en base a las necesidades de los pacientes.
Este juzgado, según ha adelantado Huelva Información, ha admitido a trámite una querella presentada por los dueños de otras dos ortopedias de la provincia, que, de momento, ha supuesto la imputación del propietario de Ortopedia Gordillo, F.G.C., y a dos de sus comerciales, M.J.G.M. y M.M.G.
A todos ellos se les acusa inicialmente de sostener una trama sanitaria para monopolizar el sector en los centros hospitalarios onubenses, como se especifica en el auto remitido a eldiario.es/andalucia, que tiene fecha del pasado mes de febrero, en el que el juez pone sobre la mesa la posibilidad de que se haya incurrido en delitos de estafa, falsedad en documento público, al haber manipulado, presuntamente, recetas, infidelidad en la custodia y violación de secretos e intrusismo profesional.
La querella presentada en su día pone el foco en la actuación de los profesionales de los dos principales hospitales públicos de la provincia de Huelva, Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez, ambos ubicados en la capital, y creen sus firmantes que la ortopedia habría actuado “en connivencia con personal sanitario de los hospitales Infanta Elena y Juan Ramón Jiménez” para realizar “conductas de fraude, tráfico de influencias y falsificación de documentos públicos”.
Modus operandi
Según la denuncia, el personal de la ortopedia habría llegado a tener acceso al centro hospitalario durante los turnos de guardia de algunos médicos, llegando a ofertar sus productos a los pacientes en el mismo hospital, y “obligando a comprar los dispositivos ortopédicos siempre en el establecimiento querellado”.
Pero va más allá, ya que las ortopedias perjudicadas por estas prácticas llegaron a contratar a una agencia de detectives, que interrogaron incluso a uno de los trabajadores de la compañía denunciada. De ese interrogatorio se dedujo que el 90% de las prótesis que se encargaban en la sanidad pública onubense iban a parar a Gordillo, lo que iría en contra de las matemáticas y la propia ética.
En cifras, la Junta asigna al año un presupuesto de 2,5 millones euros para la provincia de Huelva en lo referente a dispositivos ortopédicos. Ese 90% la convertiría en la empresa de su ramo en España con más ingreso de dinero público.
Pero además, solo habría que dirigirse a las áreas de rehabilitación o traumatología de los centros hospitalarios, donde la querella señala que se habría aconsejado a los pacientes “que solo acudiesen a Gordillo, al ser la única empresa que tenía ese producto”.
Lo normal, recuerda la denuncia, es que si una persona necesita material ortopédico se le emita una receta que tiene que sellar en el hospital, y con la receta timbrada se le suministra el listado de ortopedias con las que la Junta tiene un convenio. Una ortopedia, como si fuese una farmacia, siempre tiene que estar de guardia, pero al juez le ha llamado la atención el hecho de que muchas de las llamadas se realizaban a Ortopedia Gordillo aún sin estar de guardia.
“En su día se investigó, y no se encontró nada raro”
Entre los aludidos en la investigación se encuentra el hospital Infanta Elena, cuyo gerente, Rafael García Vargas-Machuca, sostiene que ya en su día se investigaron reclamaciones en este sentido, “pero no se detectaron irregularidades”.
Sin más explicaciones, la que sí ha ahondado en la cuestión es la propia consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, que entiende que se trata de una querella dirigida “contra una empresa”, no contra la Junta, sin que se haya requerido información alguna a su departamento. No obstante, sí señala que “no se ha encontrado ninguna situación extraordinaria que tenga que ver con el propio hospital o nuestros propios servicios”, de modo que, al no haber requerimiento judicial aún, la Junta se mantendrá al margen, aunque con el aviso previo de colaborar con la justicia si fuese necesario.
De momento, el juez ha pedido tener acceso a los libros de guardias de los dos hospitales, e incluso a la clínica Blanca Paloma, con la que la Junta tiene algunos conciertos, aunque este centro ha contestado ya que no tiene libro de registro de las recetas como tal, sino que cuando hay que recetar un dispositivo, al ser concertado, se hace a través de una hoja de petición de prestación, y con ella se acude al área denominada “Gestoría de Usuarios” de su hospital público de referencia. Es decir, que en esta clínica no se podía culminar el proceso, sino que había que acudir a los dos centros investigados en la querella.
Con todo ello, la querella tiene varias partes, ya que incluso se investiga si Ortopedia Gordillo ha reparado material que los pacientes han devuelto al hospital al no necesitarlo ya, que estaría en un almacén del hospital Juan Ramón Jiménez. Uno de los imputados, incluso, era a la vez comercial en la ortopedia y mecánico de mantenimiento del centro sanitario, con lo que la investigación parece tener varias ramas, que el juez ha hilado en el auto resultante de la querella.
