Andalucía reduce trabas burocráticas para la investigación con células embrionarias
Un único comité compuesto por expertos será el encargado de dar el visto bueno a los proyectos de investigación con células embrionarias que se desarrollen de Andalucía, lo que permitirá agilizar la tarea de los profesionales que buscan soluciones a los más complejos problemas médicos. Esto será posible gracias a la modificación de las leyes que regulan esta experimentación en Andalucía, aprobada este miércoles por el Consejo de Gobierno y que datan de 2003 y 2007. El nuevo Comité de Investigación con Muestras Biológicas de Naturaleza Embrionaria englobará a expertos de los tres existentes actualmente, cuyo nombramiento se producirá en las próximas semanas, con el objetivo de que “Andalucía siga en la vanguardia de estas investigaciones a nivel internacional”, en palabras de la consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero.
Con ello se reducen los trámites burocráticos, “pero sin eliminar las actuales garantías”, en la autorización de proyectos de investigación con células embrionarias, sobrantes de técnicas de fecundación in vitro, y aquellos otros proyectos vinculados a reprogramación celular con fines terapéuticos. Paralelamente, se reducen las trabas para que estos medicamentos puedan llegar al ensayo clínico, es decir, a ser probados en pacientes. El tiempo que se ahorrará se estima entre cinco y nueve meses, dependiendo de los casos. “Es un tiempo muy valioso cuando hablamos de este tipo de terapias, y con medidas como esta conseguimos que los investigadores puedan centrarse en las tareas de laboratorio y que no tengan que invertir tanto tiempo en tareas burocráticas”. De hecho, ha avanzado que el siguiente paso será conseguir que tampoco tengan que emplear tanto tiempo en captar fondos -“rellenando a veces más de 200 folios de documentación”- para sus proyectos de investigación, gracias entre otras cosas a la potenciación de la Fundación Progreso y Salud, que en los últimos años ha conseguido de manos privadas unos 135 millones de euros para Andalucía.
La comunidad autónoma continúa, asegura Montero, avanzando en la línea de ser un 'paraíso' para estos investigadores, dado que muchos no encuentran marco legal en sus países para llevar a cabo estas innovaciones biomédicas y acuden a Andalucía. Es más, la consejera ha recordado cómo “Estados Unidos se fijó en nuestra normativa” para desarrollar la suya, y actualmente no sólo hay proyectos de investigación en alianza con ese país y otros, sino que además, “la comunidad autónoma tiene la ventaja de que ofrece un trabajo en red para un sistema que atiende a ocho millones de personas”, una muestra de población única como banco de pruebas.
En estos momentos hay en Andalucía 58 proyectos de investigación con estas terapias -muchos de ellos internacionales- y 22 ensayos clínicos en marcha, con más de 400 pacientes, además de los grupos de control formados por voluntarios sin problemas de salud. Entre los principales, figuran los orientados a pacientes con pie diabético, esclerosis múltiple y parkinson, pero también para otras patologías como las cardiovasculares, la leucemia infantil y la úlcera de córnea. La consejera ha especificado que son los propios investigadores los que llaman a estos pacientes para los ensayos clínicos y que no es el ciudadano el que tiene que acudir a ellos, si bien ha reconocido que muchos, ya desesperados por sufrir males sin curación, acuden al Servicio Andaluz de Salud “pidiendo que se ensayen con ellos determinadas terapias de las que han oído hablar”.
Por eso ha destacado la importancia de esta apuesta de la Consejería de Salud y Bienestar Social por la investigación, que permitirá destinar de nuevo este año 18,7 millones de euros a la Iniciativa Andaluza de Terapias Avanzadas, a pesar de los recortes, entre otras cosas porque el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), socio en este empeño, se encuentra muy mal financieramente. “Lo vamos a conseguir con mucho esfuerzo y gracias entre otras cosas al proyecto por el que se han fusionado las distintas fundaciones que teníamos, lo que ha permitido un importante ahorro, de 3,7 millones de euros”, ha subrayado la titular de Salud y Bienestar Social, quien ha garantizado que seguirá en los consejos de administración de los diferentes centros de investigación aunque sus aportaciones se vean limitadas. El ahorro ha sido posible gracias a la integración en la Fundación Progreso y Salud de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía y de la Fundación Lavante.
Finalmente, ha apostado por la implicación de la inversión privada en esta lucha por encontrar soluciones a enfermedades sin curación, que además luego podrán dedicarse a comercializar los medicamentos que resulten de estos proyectos de investigación que puedan salir adelante gracias a sus aportaciones.
