Lecciones andaluzas para los gobiernos de PP y Ciudadanos en Madrid y Murcia: “Vox no asfixia, pero sí aprieta”
La alianza entre PP, Ciudadanos y Vox cuenta con tres escenarios autonómicos en España que permiten contrastar las prioridades políticas de tres gobiernos conservadores -Andalucía, Madrid y Murcia-, y las exigencias impuestas por la extrema derecha para hacerlo posible. Hay similitudes evidentes, pero también diferencias notables tanto en los acuerdos de Gobierno suscritos entre PP y Cs en estas tres comunidades, como en la lista de requerimientos de Vox.
El Ejecutivo andaluz de Juan Manuel Moreno tomó posesión el 22 de enero, lleva seis meses de mandato y su experiencia permite anticipar los debates, las contradicciones entre los socios, las fricciones entre Cs y Vox, los amagos de ruptura y la posterior reconciliación en aras de la estabilidad política, que debe plasmarse en la gran prueba de fuego de esta alianza, a saber: los primeros Presupuestos autonómicos diseñados por las tres derechas. Madrid y Murcia pueden tomar apuntes del sur, porque los gobernantes andaluces ya superaron esa fase con éxito. Desde el pasado 13 de junio, tienen un documento firmado por PP, Cs y Vox -por ahora el único en España que reúne los tres logotipos- con el acuerdo que permitió aprobar las cuentas de 2019 y que recoge los compromisos de gasto para 2020. La primera lección para Madrid y Murcia, en palabras de un destacado miembro de la Junta andaluza, es ésta: “Vox no asfixia, pero sí aprieta”.
PP, Ciudadanos y Vox han negociado por separado en Andalucía, Madrid y Murcia, y ni el momento político ni los condicionantes externos de cada negociación eran los mismos. Es más, la negociación al límite de los Presupuestos andaluces de 2019 -que necesitaban el voto de los 12 diputados de Vox- le sirvió a la ultraderecha para hacerle un jaque a PP y Cs en los tableros de Madrid y Murcia. Aquí se paralizaron unas cuentas por valor de 36.500 millones de euros, mientras en otros territorios tomaban nota de la demostración de fuerza de Vox y su papel clave en la estabilidad de Andalucía. El partido de Santiago Abascal apoyó una enmienda a la totalidad contra las cuentas andaluzas, una estrategia con la que logró un doble objetivo: subir el precio de su apoyo al Gobierno de PP y Cs en Andalucía, pero también en Madrid y en Murcia. La ultraderecha es determinante en tres regiones y tiene acceso a 61.500 millones que suman los tres presupuestos autonómicos: los 36.500 millones de Andalucía; unos 20.000 millones en Madrid y alrededor de 5.000 en Murcia.
Las políticas sociales, en revisión
El escollo más duro en las tres negociaciones entre PP, Cs y Vox ha girado en torno a las políticas sociales: igualdad de género, derechos LGTBI, inmigración, Memoria Histórica, privatización de servicios públicos... Estas políticas son las que más claramente distinguen a los partidos de izquierdas de los de derechas, pero también son las que han enfrentado a los liberales de PP y Ciudadanos con los planteamientos más radicales de la extrema derecha. ¿Qué es lo que viene ahora para Madrid y Murcia que ya haya pasado en Andalucía?
En esta parte de la negociación chocan dos posturas: el mantenimiento o la supresión de derechos ya adquiridos, por ejemplo, las medidas de lucha contra la violencia machista, las leyes de garantías para gays y lesbianas, los recursos para integración y acogida de menores inmigrantes no acompañados o las normas memorialistas de verdad, reparación y justicia para los familiares de los represaliados durante el franquismo. En Andalucía, todo lo que ayer estaba consensuado por unanimidad o por una mayoría amplia de fuerzas -como las leyes de igualdad y contra la violencia machista- ahora está siendo revisado, cuestionado, permanentemente en el punto de mira.
La Junta asegura que “no ha dado pasos atrás”, pero en Andalucía ya ha empezado a permear un nuevo lenguaje revisionista, cuando no negacionista, sobre estas políticas. El primer choque de realidad para Ciudadanos fue la petición que hizo Vox del listado de nombres y apellidos de los empleados públicos de las Unidades contra la Violencia de Género. “De repente estábamos cuestionando a funcionarios veteranos porque no estaban colegiados. Fue tremendo”, dicen desde la Consejería de Justicia. Las iniciativas de la extrema derecha también se han convertido en plataforma para que la izquierda haga una oposición dura contra Moreno. ¿Cuál es la fórmula que han ideado PP y Cs para apaciguar a Vox y seguir defendiendo que “no se dan pasos atrás” en políticas de igualdad? La palabra “complementar”.
El Gobierno andaluz no sustituye el concepto violencia de género por el de violencia intrafamiliar, simplemente lo añade. Lo complementa. “Ampliamos el espectro”, dicen. Vox pide sustituir el teléfono de ayuda a mujeres víctimas de agresión machista por un teléfono de violencia intrafamiliar, también dirigido a ancianos y menores maltratados. En la propuesta subyace la negación de que exista un tipo de violencia por razón de género. PP y Cs no admiten ese negacionismo, pero hacen suyo el vocabulario de Vox y aceptan ampliar recursos. La Junta ya contaba con esos fondos e instrumentes para prevenir la violencia a ancianos y a menores, pero en el Presupuesto de 2020 prevé duplicar esos recursos, crear ese nuevo teléfono que les pide Vox, pero sin quitar los mecanismos que ya existen para luchar contra la violencia machista. “No se sustituye, se complementa”, dicen. Y así todo, cada dos días.
Imaginen esta negociación permanente como un juego en el que un grupo de chavales tira de un extremo de la cuerda y otra pandilla ofrece resistencia desde el extremo opuesto. Así es la política andaluza de los primeros seis meses de un Gobierno no socialista. PP y Cs han defendido derechos y políticas ya asentadas que sus aliados de Vox pretenden erradicar. “No existe la brecha salarial de género”; “No matan a las mujeres por ser mujeres, matan al débil, también a ancianos y niños”, dicen los diputados ultraconservadores. La imagen de este forcejeo diario ha sido impactante para la izquierda porque contempla, impotente, cómo la derecha tradicional se erige ahora en adalid de unas políticas sociales que llevan el sello de anteriores gobiernos del PSOE, y contra las que el PP combatió en el pasado.
La estabilidad, factor determinante
Al final, PP y Cs han logrado ofrecer la suficiente resistencia a los planteamientos de Vox como para que estas políticas no desaparezcan. La formación de Abascal ha aceptado rebajar sus exigencias para facilitar el Gobierno de Moreno en Andalucía, de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, y de Fernando López Miras en Murcia. Esa moderación de los acuerdos finalmente suscritos -o apalabrados- por las tres derechas se ha vendido como un éxito particular de Ciudadanos de cara a su electorado más centrista, el más incómodo con la radicalización del discurso y con su alianza con Vox.
Sin embargo, después de la negociación viene la gobernabilidad y el parlamentarismo, y ahí el aliado externo de los gobiernos de PP y Cs no renuncia ni un milímetro a sus planteamientos. Al contrario. En Andalucía, el centro del debate político sigue enquistado en el revisionismo permanente de las políticas de igualdad. Vox renunció a los maximalismos de su primer documento de exigencias a cambio de apoyar la investidura de Moreno: la derogación de las leyes de igualdad y de los derechos LGTBI, la ley de Memoria Histórica; la deportación de 52.000 inmigrantes en situación irregular; la devolución al Estado de las competencias autonómicas (sanidad y educación) y alguna que otra extravagancia, como cambiar la fecha del Día de Andalucía para celebrar el día de la Reconquista de los cristianos contra los árabes.
El PP, primero en Andalucía y luego en Madrid, consiguió un segundo acuerdo más diluido, menos explícito, pero en el día a día el Gobierno andaluz va a rebufo de la agenda de Vox. Los de Abascal presentan periódicamente iniciativas contra las políticas de igualdad de género, contra la integración del inmigrante... Sus diputados cuestionan cada día los recursos de la Junta en estas materias, lanzan soflamas durísimas desde su bancada en el Parlamento, y los consejeros de PP y Ciudadanos se ven diariamente ante la tesitura “irritante” de tener que responder a cada “ocurrencia” de sus aliados. ¿Al final aceptarán eliminar el gasto para las políticas de igualdad de género? “¡A usted sólo le interesa Vox, y este Gobierno es mucho más que lo que diga Vox!”, le espetó, indignado, el consejero andaluz de la Presidencia, Elías Bendodo, a un periodista que preguntó hace unos días por los puntos del acuerdo suscrito entre PP y los de Abascal. Bendodo es el portavoz de la Junta y el más expuesto a las “salidas de tono” diarias del partido de extrema derecha, pero la mayor presión social y mediática recae en los consejeros de Ciudadanos.
El partido de Albert Rivera ha seguido una estrategia de equidistancia respecto a Vox hasta que ya no ha sido posible, hasta que los ultraconservadores se plantaron y exigieron a los naranjas salir a campo abierto, sentarse a negociar con ellos y aparecer en la misma foto. Estaban en juego los primeros Presupuestos Autonómicos del nuevo Gobierno andaluz y, por extensión, el inicio de las negociaciones entre PP, Cs y Vox en Madrid y Murcia. La escena andaluza fue una carta más de presión para sus homólogos madrileños y murcianos. Aquí se escenificaban las consecuencias de lo que podía ocurrir en otros territorios, la evidencia de que la llave de la gobernabilidad la tenía Vox.
El pasado 13 de junio, Ciudadanos terminó cediendo y aceptó sentarse y estampar su firma junto a los ultraderechistas. Aquel día se firmó el primer documento político -hasta la fecha- que contiene el logo de las tres formaciones conservadoras: PP, Cs y Vox. Un acuerdo que sirvió para aprobar más tarde los Presupuestos andaluces de 2019 y que allana las cuentas de 2020, garantizando la estabilidad del Gobierno de Moreno hasta muy avanzada la legislatura. Ahora, el vicepresidente y líder regional de Cs, Juan Marín, ha perdido los complejos a retratarse con Vox. “Yo no huyo de la foto con ellos, reconozco su utilidad en Andalucía”, dice Marín.
Cinco votaciones clave
Ahí terminaron los altibajos, pero no la polémica. Los de Abascal siguen llevando al Parlamento iniciativas negacionistas que obligan cada semana a sus socios de PP y Cs a posicionarse en asuntos delicados, de los que la izquierda hace una oposición sin cuartel. En el ojo del huracán sigue estando la consejera de Igualdad, Rocío Ruiz, y su departamento, donde ya se han registrado cinco dimisiones de altos cargos en seis meses. Ruiz tiene que responder a diario sobre iniciativas de Vox, la última, una proposición no de ley en la que niegan la brecha salarial de género.
Un proposición no de ley no es casi nada en términos legislativos, apenas un posicionamiento político que se debate y se vota en el Parlamento andaluz, pero que no tiene efectos prácticos en la vida de la gente. En el pasado, pasaban desapercibidas. Ahora, sin embargo, cualquier “ocurrencia” de Vox despierta incertidumbre porque pone al Gobierno andaluz en la tesitura de retratarse en la derecha moderada o en la derecha extrema. La consejera de Igualdad sufrió ese “pánico escénico” y, al ser preguntada, negó que existiera una brecha salarial de género en la Administración andaluza, y aseguró que necesitaba más “evidencias científicas” para reconocer ese fenómeno. Bendodo salió a rectificarla a las 24 horas y ella misma terminó pidiendo disculpas.
La undécima legislatura andaluza no será por mucho tiempo la de las iniciativas parlamentarias insustanciales. En estos seis meses ha habido cinco votaciones clave en las que la alianza PP-Ciudadanos-Vox no ha fallado: la composición de la Mesa del Parlamento (de mayoría conservadora); la investidura de Moreno; la aprobación del decreto ley de rebajas fiscales; la renovación de los órganos de extracción parlamentaria (incluida la dirección de la RTVA), que contó con el apoyo de los grupos de izquierda; y la aprobación de los Presupuestos Autonómicos de 2019.
El epicentro ideológico de Andalucía no es el de Madrid o Murcia. Aquí sólo han existido gobiernos del PSOE durante 37 años y medio, la mayoría de la población se declara de centro izquierda, y la cultura política arraigada en la Junta ha sido en exceso proteccionista -los críticos la han llamado “paternalista y clientelar”. El nuevo Ejecutivo se hace llamar “Gobierno del cambio” porque, en efecto, se propone desmantelar la herencia socialista y promover un viraje hacia una economía liberal: el primer paso ha sido estrenar una rebaja fiscal que beneficiará a todas las rentas, pero sobre todo a los estratos más pudientes (la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones y rentas por encima de los 60.000 euros). Moreno quería ser presidente andaluz para que Andalucía dejara de ser “un infierno fiscal” y se convirtiera en “un paraíso fiscal” como Madrid. Ahora es Madrid quien toma nota de lo que está pasando en Andalucía, la comunidad más estable políticamente y donde las tres derechas han encontrado un equilibrio prometedor.
