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IU da el primer paso hacia una ley andaluza contra la homofobia

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Javier Ramajo

Andalucía ha dado el primer paso para contar con una ley contra la homofobia como la que aprobó el Parlament de Catalunya el pasado 6 de octubre. La finalidad es desarrollar y garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales (LGBTI) y evitar situaciones de discriminación y violencia para poder vivir la diversidad sexual y afectiva en plena libertad.

El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, junto al Área de Libertad de Expresión Afectivo Sexual (ALEAS Andalucía), ha querido arrancar un proceso que quieren llevar al puerto que se alcanzó con la 'ley trans' aprobada en junio en la comunidad autónoma. Para ello, la diputada Alba Doblas dibujó el anclaje jurídico que facultaría a Andalucía para plantear la nueva ley (“si nos dejan”, apostillaba durante el encuentro, celebrado el viernes pasado). Antonio Maíllo, líder de IU en Andalucía, recordó, como profesor de instituto durante muchos años, la importancia de llevar a la escuela labores preventivas y educativas para la normalización de la diversidad en el ámbito sexual.

Doblas, que abordó diversos artículos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía para defender la legitimidad de Andalucía a la hora de impulsar una ley como la catalana (publicada en el BOE del 20 de noviembre), destacó la importancia de abordar un régimen sancionador (uno de los puntos fuertes de la norma catalana y que no se llegó a abordar en la 'ley trans') y de reconocer el interés superior del menor, como sujeto de derechos que también se pueda manifestar libremente cuando elija su sexualidad. La diputada andaluza de IU tambén apostó por poner en práctica un modelo participativo para abordar el marco legal contra la LGTBIfobia.

El portavoz del Front d’Alliberament Gai de Catalunya y presidente del Observatori contra l’Homofòbia, Eugeni Rodríguez, narró ante diversos colectivos LGTBI y de defensa de los derechos humanos y la igualdad cómo fue el proceso necesario para impulsar esta legislación, pionera en el mundo y que tiene otro de sus aspectos destacados en la inversión de la carga de la prueba (el acusado debe demostrar su inocencia).

Concienciación social

“Nosotros partíamos de cero, pero ahora tenéis dónde fijaros”, comentó respecto a la ley que, según quiso aclarar, es “administrativa”, es decir, no es válida para acudir con ella al juzgado de guardia o a la Policía. En este sentido explicó que los casos de discriminación o que atenten contra los derechos se llevan a la Generalitat, que incoa un expediente. También destacó el 'deber de intervención' (artículo 11), que obliga a las administraciones a actuar contra un hecho homófobo. La 'clásula administrativa' (artículo 5), por otra parte, supone que todos los poderes (públicos y privados) están afectados por la ley y da potestad incluso al Síndic de Greuges de Catalunya (el Defensor del Pueblo) a actuar de oficio ante un hecho que se encuadre en la homofobia, la bifobia y la transfobia.

Rodríguez instó a que, para implementar las libertades, los colectivos tienen que ir “todos a una”, no caer en presiones de ningún tipo y saber encontrar la lealtad de los partidos que encontraron en Cataluña (se aprobó únicamente con los votos negativos del PP). “La ley catalana ha generado una gran concienciación social; ya era hora después de haber sufrido tanta discriminación”, exclamó.

“Hemos logrado abrir el fin de la impunidad”, concluyó el presidente del Observatori contra l’Homofòbia, animando a IU y a los colectivos LGTBI a sacar adelante una ley andaluza que adapte y mejore la catalana. Mientras se estudia, desde hace una semanas IU, junto a Juventudes Comunistas, tienen en marcha una campaña que propone declarar a los municipios de Andalucía 'libres de LGTBIfobia' después de observar un repunte en agresiones homófobas.

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