Málaga: un pleno pasado por agua

“Las tarifas están puestas para favorecer a la empresa y en perjuicio de los vecinos”; “son ustedes unos recaudadores insaciables”; “es injusto, insolidario y una burla a la ciudadanía”; “es una barbaridad”; “dimita”. Por el Pleno del Ayuntamiento de Málaga desfilaron el jueves cerca de una quincena de asociaciones de vecinos, y de todas ellas el alcalde recibió un rapapolvo a propósito del nuevo sistema de tarificación del agua de la empresa pública EMASA. UGT, Comisiones Obreras y Facua se sumaron a las críticas, respaldadas por unos 300 manifestantes concentrados a las puertas del Consistorio. Pero el alcalde mantuvo su tesis: el nuevo sistema es más justo, penaliza el despilfarro y no recaudará más. Los casos en los que los hogares pagan más pese a realizar un consumo responsable no son para él motivo suficiente para replantear el diseño de la tarifa y se solucionarán con bonificaciones.

No fue un pleno extraordinario (que se celebrará el 5 de febrero), pero se pareció bastante. El asunto de cómo se cobra el agua a los hogares en Málaga hace tiempo que dejó de ser un tema técnico para convertirse en político. Sobre la mesa había cuatro mociones (tres de ellas de urgencia) y por el salón de plenos desfilaron representantes de dos sindicatos, 13 asociaciones vecinales y tres asociaciones de consumidores para exponer sus consideraciones acerca del nuevo sistema de tarificación, que entró en vigor en noviembre. El precio del agua se establece en cuatro tramos, cuya extensión depende ahora del número de habitantes censados en la vivienda. De los 18 colectivos, sólo tres (las asociaciones de consumidores Al-Andalus y UCE y la Asociación de Familias Numerosas) lo apoyaron. El resto dejó para el acta del Pleno una retahíla de reproches que incidió en la idea de que penaliza a colectivos muy perjudicados por la crisis económica.

“Estamos en una capital especialmente castigada por la crisis y no se han tenido en consideración las necesidades de niños, dependientes y mayores”, lamentó María Auxiliadora Jiménez, secretaria general de UGT Málaga, que lanzó un dardo al alcalde a propósito de las declaraciones en las que aseguraba que podía ducharse con 11 litros: “Parece que sean un récord a batir, y no se consideran las necesidades reales determinadas por situaciones de enorme dureza”.

Muchas de las asociaciones explicaron que el sistema está perjudicando especialmente a las personas mayores. “Visité 30 casas de vecinos, muchos votantes de usted, y me mandaron un mensaje: que están malviviendo y no pueden más tirar de este carro”, comentó Manuel Benavides, el representante de la Asociación El Rebalaje. Manuel Aranda, de la Asociación El Ciprés, pidió tener en cuenta el poder adquisitivo para determinar la extensión de los bloques de facturación. “Oiga a la calle”, le pidieron a De la Torre. Nadie puso en cuestión la tarificación por habitante, sino la extensión de los tramos. El primero, el más barato, se establece para los primeros 66 litros de consumo diario. La media de consumo por persona en Málaga es de 112 litros diarios.

Facua, Al-Andalus y UCE participaron en el diseño del sistema, y solo la primera se desmarcó del resultado final porque entiende que “pervierte la bondad de la tarifa por habitante”. “Estos bloques no se han diseñado para promover el ahorro. Es inadmisible que con consumos inferiores a la media los malagueños sufran una penalización”, lamentó su presidenta, Dolores García.

En cambio, para Al-Andalus el modelo cumple los tres objetivos establecidos por la legislación europea: fomentar la sostenibilidad ambiental, la recuperación de costes y el consumo responsable. Para Margarita Benítez, de UCE, la nueva tarifa es “justa” y el “tarifazo, falso”: “Podemos certificar que todos los malagueños pagan en igualdad el metro cúbico que consumen”. El alcalde también recibió el apoyo de la Asociación de Familias Numerosas, que entiende que el sistema corrige un “agravio histórico”: “60.000 familias numerosas de Málaga se van a beneficiar”, dijo. “¡Pero no a mi costa!”, se escuchó desde el público. No participó en el pleno la Asamblea del Agua, por no estar registrada como asociación. A las puertas del Ayuntamiento, unas 300 personas se concentraron, algunas con barreños y palanganas, en protesta contra el nuevo sistema.

Las posiciones de los partidos

Llegado su turno, los políticos tomaron posiciones para el Pleno extraordinario del 5 de febrero. Para PSOE e IU, el anuncio del PP de que bonificará a aquellos hogares que paguen más pese a consumir por debajo de 116 litros por persona y día implica el reconocimiento implícito de que el sistema está mal diseñado. “¿No sería más justo modificar los tramos con arreglo a los consumos medios?”, se preguntó Eduardo Zorrilla, portavoz de IU. “Si hay un sistema justo no hace falta hacer devoluciones”, incidió María Gámez, portavoz del PSOE. Zorrilla pidió el establecimiento de un mínimo vital y la paralización de los cortes de agua. Pero Raúl Jiménez, concejal de Medio Ambiente, solo admitió un error de comunicación: “Quien consuma más, tendrá que pagar más. Lo que quieren es que se baje a todo el mundo, ¿y quién paga el recibo?”. El concejal también anunció una bonificación para las personas con discapacidad y necesidades especiales de consumo.

Unos a otros se acusaron de mentir, pero quedó en el aire la respuesta a si el nuevo sistema permitirá a EMASA recaudar más por el agua. “Todos sabemos que ha aprovechado el sistema por habitante para enmascarar una subida”, acusó Gámez. Jiménez negó la mayor: “Los presupuestos son menores que en 2013; explíqueme cómo se puede querer recaudar más con menos ingresos”. Sin embargo, según el portavoz de IU, EMASA dispone ya de datos que demuestran que se está recaudando más. Al final, el alcalde habló y dijo que ahora habrá un mayor estímulo al ahorro: “Lo hemos hecho con la mejor intención”, dijo: “Bajaremos de los 112 litros por persona y día. Estamos contribuyendo al sostenimiento ambiental del país: menos agua y menos energía”.