El derecho a un abogado, en cuarentena: el decano de Málaga retira la asistencia de oficio de algunos juzgados

El Colegio de Abogados de Málaga dejó de prestar el lunes por la tarde los servicios de guardia por decisión de su decano, Francisco Javier Lara. Esto significa que, durante esa tarde, la noche y la mañana del martes, no ha habido abogados de oficio para garantizar en toda la provincia el cumplimiento del derecho fundamental a la asistencia de un letrado, tal y como recoge el artículo 24.2 de la Constitución.

Esta actuación ya ha motivado el apercibimiento de un juzgado al colegio malagueño. El colegio admite que el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella ha enviado un comunicado urgente al decano en el que le advierte de los “apercibimientos legales oportunos” en caso de que no facilite la asistencia letrada a un detenido. Poco después, el Juzgado de Violencia sobra la Mujer 1 de Marbella ha advertido al decano de que podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial.

Prestar el servicio “de forma segura”

Sin embargo, el decano no parece dispuesto a dar marcha atrás. Según Lara, las dependencias judiciales en Marbella son “deficientes e insalubres y carecen de un espacio apropiado para que los letrados aguarden para la prestación del servicio”. El decano de los abogados malagueños cree que allí no es posible prestar el servicio de manera presencial de forma segura.

Lara suspendió este lunes todos los turnos de guardia porque, según explicó, se habían “constatado importantes incumplimientos en materia de seguridad” que ponían en peligro la salud de los letrados. “No voy a permitir que se ponga en peligro a mis compañeros por la falta de organización de otras instituciones”, dijo el decano en una nota emitida por el colegio. También exigió un protocolo de actuación en las comisarías y juzgados, y que se facilitara la asistencia letrada a través de medios telefónicos o telemáticos.

A mediodía del martes, rectificó parcialmente, y ha anunciado que estaba restableciendo los servicios de guardia en los juzgados y centros de detención “donde se han habilitado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los letrados”. Así, se prestaba asistencia letrada a través de videoconferencia en Málaga capital, Estepona, Vélez-Málaga, Torrox, Fuengirola y Torremolinos. Según el colegio, en Ronda y Coín aún no se han producido asistencias.

“Estamos hablando de la libertad de una persona”

El derecho a la asistencia letrada es un derecho fundamental recogido en el artículo 24.2 de la Constitución. Un detenido tiene derecho a un abogado, igual que lo tienen los migrantes que llegaron, el pasado domingo, al puerto de Málaga. Para Óscar Cisneros, decano del Colegio de Abogados de Sevilla, dejar a una persona sin abogado es “gravísimo”: “No lo voy a comparar con un médico que deje de atender un paciente, pero estamos hablando de la libertad de una persona”.

“No se nos ha pasado por la cabeza suspender el servicio”, señala el decano de los abogados sevillanos, que apunta que nadie se ha negado a hacer la guardia: “Tenemos obligación de asistir. Si no hay letrado, voy yo o cualquier miembro de mi junta”. Las comparecencias y declaraciones en Sevilla se están celebrando en las salas de vista de los juzgados de guardia y no en los centros de detención, lo que garantiza el mantenimiento de la distancia de seguridad. Eso sí, Cisneros pide a las autoridades mascarillas y guantes para los letrados, aunque conoce las limitaciones: “No solo no disponen los abogados, sino los jueces ni muchas veces la Guardia Civil”.

En Granada, fuentes del colegio explican que se ha dejado a criterio de cada abogado realizar la asistencia en el caso de que las autoridades no garanticen las medidas de seguridad mínimas, consistentes en mantener una distancia de metro y medio, mascarillas y guantes.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía denunció el lunes la “ausencia y/o insuficiencia de las medidas de higiene recomendadas” para las personas que están prestando servicios mínimos en las sedes judiciales. Desde el viernes, había recomendado la suspensión de todas las actuaciones judiciales programadas, y que las actuaciones urgentes e inaplazables se presten mediante un servicio de turnos rotatorios. Así está ocurriendo, por ejemplo, con los juzgados de instrucción o con los de violencia sobre la mujer.