Una década de pulso en la calle: de los indignados a la movilización de los jubilados y el feminismo

Cinco huelgas generales (2010, 2011, dos en 2012 y la feminista de 2018), las manifestaciones de los indignados del 15M, las mareas en defensa de los servicios públicos y las más recientes movilizaciones de pensionistas, y sobre todo de mujeres, han marcado la voz de la calle la última década. Pero en ese mismo periodo, la protesta ha apuntado a distintos objetivos y, observándolos, se puede trazar una evolución en la expresión de la preocupación de la ciudadanía en los 10 años que van desde el inicio oficial de la crisis, 2008, hasta hoy.

De este modo, hemos pasado de un dominio de las manifestaciones contra los desahucios y los recortes, que no han terminado de desaparecer pero han perdido fuelle, a las que reclaman la recuperación de derechos perdidos o aparcados con la crisis. En este sentido, junto a las ya consolidadas mareas blanca (sanidad) o verde (educación), toman protagonismo nuevas movilizaciones, especialmente las lideradas por pensionistas y feministas. Hasta el punto de que, como se decía en el primer párrafo, tras un lustro sin huelgas generales, han sido las mujeres las que han motivado la convocatoria de la última.

Es interesante ver también el reflejo en los principales estudios de opinión pública. En el Estudio General de la Opinión Pública de Andalucía (Egopa) del otoño de 2007, el paro era mencionado por tres de cada diez andaluces como el principal problema que más les afectaba, mientras que la preocupación personal por las dificultades económicas crecían hasta casi la cuarta parte, ocupando el tercer puesto la vivienda, referida por poco más del 15%. La educación ocupaba el cuarto puesto (10,7%) y las pensiones, el quinto (8,3%).

Una década después, en el último Egopa, el del invierno de 2018, la preocupación por el paro se ha disparado a un 43,8% (15 puntos más) y la sanidad ha irrumpido como segunda inquietud (21,8%). También ha crecido la preocupación por la educación con respecto a hace 10 años (17,4%) mientras que han bajado los problemas de índole económica (15,5%), y han irrumpido con fuerza en las primeras posiciones la corrupción y el fraude, en quinto lugar con el 10,6%.

Lo mismo si miramos los informes del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Dos fotografías del CIS. La primera, la del barómetro de diciembre de 2007. Preguntas: ¿cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿y el segundo? ¿y el tercero? Fijándonos sólo en los cinco problemas más referidos y que en todos los casos superan el 20% de las respuestas: un 39,6% cita el terrorismo de ETA; un 38,6%, el paro; un 32,9%, los problemas de índole económica; un 28,8%, la vivienda; y un 26,9%, la inmigración.

Segunda fotografía: barómetro de diciembre de 2017, 10 años después. Las mismas preguntas, tienen las siguientes respuestas en cuanto a las mayores preocupaciones: el 68,8% nombra el paro; el 31,7%, la corrupción y el fraude; el 28,5%, la clase política; el 22,9%, los problemas de índole económica; y el 22,9%, la independencia de Cataluña. Nótese que en este tiempo, se ha disuelto ETA y se ha producido la fractura en Cataluña.

En paralelo la propia situación de Andalucía, con índices de desempleo y pobreza más elevados que la media, coincidente en esta década también con la reivindicación de un sistema de financiación de las comunidades autónomas más justo, ha tenido reflejo en las protestas.

Esto explica por ejemplo el papel protagonista de Andalucía en las conocidas como Marchas de la Dignidad, que se estrenaron en 2014 presentadas por Julio Anguita, que había fundado su Frente Cívico, y el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), Diego Cañamero, como organizaciones que impulsaron esta movilización contra los recortes que se extendieron por toda España.

Y también expresiones de la calle muy propias como la marea blanca liderada desde Granada por el médico Jesús Candel Spiriman que hace un par de años consiguió movilizar a más de 100.000 personas en defensa de la sanidad pública e, igualmente en Granada, la indignación de la única capital de provincia de España condenada a no estar comunicada por ferrocarril durante más de tres años.

La socióloga Isabel García RodríguezIsabel García Rodríguez apunta sobre el CIS que “estos datos son acordes a la sociedad actual si tenemos en cuenta algunos otros”. Como por ejemplo, las sucesivas EPA (encuesta de población activa) y las cifras oficiales de Ministerio de Economía y de la Seguridad Social, “que indican que el desempleo sigue siendo muy elevado y que buena parte de los empleos y los salarios que se perciben por él, son insuficientes para satisfacer las necesidades básicas de los trabajadores”. Es decir, “hay parados y, junto a ellos, trabajadores pobres”. En cuanto a la preocupación por la corrupción y por los políticos, sugiere que “es coherente con la información que se recibe por parte de los medios de comunicación y a la inoperancia de las instituciones, dado que en los últimos años apenas se ha resuelto ninguna cuestión que pueda mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía”.

En general, los expertos coinciden en que, en este tiempo, el cambio fundamental es político: la crisis favorece la intentona secesionista en Cataluña y la práctica desaparición de los partidos que articulaban allí su representación política (CiU y PSC); el bipartismo se hunde lentamente en el Congreso de los Diputados; aparecen nuevas fuerzas (Podemos y C's); los sindicatos se han evaporado y las patronales han perdido mucha fuerza...

En este sentido, Isabel García Rodríguez mantiene que el conflicto de Cataluña “es un caso típico de instrumentalización de un asunto determinado para diluir la importancia de otros más fundamentales que pueden pasar factura electoral”. En cambio, otros procesos, acciones políticas, legislaciones europeas y nacionales que tienen una importancia muy significativa sobre la vida de las personas, “no son fácilmente aprehensibles si no se dispone de la información y la formación suficientes para conocerlas e interpretarlas”. Cita por ejemplo “el impacto de la globalización, el planteamiento neoliberal instalado en la política, los grandes movimientos trasnacionales en materia de comercio y de regulación, o las tensiones nacionalistas”, como “procesos que van a tener un impacto considerable en nuestras vidas y sobre las cuales los ciudadanos no expresan su preocupación”. Subraya en esta línea, que los medios de comunicación “generan discursos sociales, circulantes, estados de opinión y prioridades para la reflexión pública que influyen sobre la percepción de la realidad social”.

En opinión de José Antonio Olmeda, catedrático de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), las primeras movilizaciones se corresponden con los sectores más afectados por los frenos/recortes de gasto público y con mayor organización en la etapa inicial de la crisis. “Son la reacción ante la devaluación interna que es uno de los instrumentos disponibles para afrontarla. El movimiento de los indignados, del que se apropia políticamente Podemos, respondía a un malestar generalizado con los políticos por su corrupción y no representación de intereses de sectores más o menos en precario”.

En esta línea, destaca que se produce un crisis de todo el sistema con muy diversas facetas. En términos sociales, los segmentos más bajos fueron los que más sufrieron el impacto de la crisis. “Si todos experimentaron una pérdida de ingresos en términos reales desde el comienzo de la crisis, las clases medias no fueron las principales perjudicadas pese a lo que se ha afirmado en los medios de comunicación”, expone.

Recalca que los dos ejemplos de las movilizaciones más recientes son distintos entre sí. El porcentaje de pensionistas que se moviliza es muy pequeño en relación al número total. “Se trata de sectores más politizados vinculados a la ola de protesta anterior y que cobran las pensiones más reducidas debido a que han cotizado menos por diferentes motivos”. En cambio, las movilizaciones de las mujeres cree que tienen un trasfondo global. “Ha habido un componente internacional muy importante (Me Too) a lo que se ha añadido en nuestro país una sensibilización específica por diversos crímenes y violaciones que han adquirido mucha repercusión. La población no entiende determinadas decisiones judiciales, de por sí bastante complejas para los legos, y también influye el tratamiento sensacionalista de determinados medios de comunicación”. Para sentenciar a continuación: “Creo que el ciclo de protesta que se inicia como respuesta a la crisis y a las políticas de contención del gasto es distinto de las diferentes movilizaciones que, ante la relativa mejora de la situación económica, van a ir surgiendo con la reivindicación de medidas concretas para recuperarse de la devaluación interna”.

El papel de los políticos y sindicatos

Por otro lado, se ha atisbado un cambio importante en estas movilizaciones, y si las iniciales pillaron con el pie cambiado a los políticos, lo que se tradujo en que los partidos históricos no supieron reaccionar a lo que ocurría en la calle, los sindicatos son ahora víctimas de ese desconcierto, dado que se han quedado desmarcados de movimientos como los de los pensionistas y las feministas, a los que intentan sumarse con más o menos éxito.

En este sentido, con la crisis no sólo perdieron credibilidad los políticos. La caída del peso de los sindicatos se puede ver también sólo observando sus cifras. Durante la crisis, los principales del país (UGT, CCOO, CSIF y USO) perdieron más de medio millón de afiliados. Tocaron fondo en 2015. La mejora del empleo y las campañas para atraer socios han logrado que durante 2016 y 2017 hayan recuperado la décima parte, pese a que es difícil que concreten los datos.

En estos momentos, según datos de los sindicatos recabados por Efe, cuentan con delegados sindicales en empresas y centros de trabajo cifrados en 266.118, que se reparten principalmente entre los dos grandes sindicatos CCOO (94.971) y UGT (86.530). El resto: se los reparten USO (10.793), CSIF (10.334), ELA (8.425) y otros sin especificar (55.065).

En cualquier caso, pese a la evolución de la protesta, Isabel García Rodríguez cree que el impacto del 15M sigue vigente, “por el cambio en los marcos de interpretación de la realidad política y social”. En esta línea, matiza: “Observamos que los problemas que se mantienen constantes son los afectan a las condiciones de vida, a la supervivencia, lo que indica, que el fin de la crisis (si es que se ha producido) no ha sido tal para buena parte de la población. En los aspectos más alejados de la propia realidad de los ciudadanos”.