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El Ayuntamiento de Camas busca “esclarecer” si la adquisición de la finca de Queipo de Llano fue fraudulenta

Gonzalo Queipo de Llano en una imagen de archivo. |

Juan Miguel Baquero

¿Cómo pasó Queipo de Llano a ser propietario de la finca de Gambogaz? Es la duda histórica que quiere aclarar el Ayuntamiento de Camas, donde están ubicados el cortijo y las tierras que Sevilla “regaló” al militar golpista por “salvar” la ciudad del “dominio rojo”, como argumentan sus descendientes. Porque por ningún lado aparecen documentos que acrediten la transmisión de la tierra en 1937 del anterior propietario, Ignacio Vázquez, al “criminal de guerra”.

Con la iniciativa –que será aprobada en pleno porque el PSOE gobierna con mayoría absoluta– el Consistorio camero impulsa “una serie de medidas para que la cuestión controvertida del acceso a la propiedad del cortijo de Gambogaz por parte del general golpista Gonzalo Queipo de Llano y Sierra quede definitivamente aclarada”, según la propuesta de la delegación local de Cultura Democrática.

El acuerdo plenario insta a “realizar las gestiones necesarias para recabar las fuentes documentales” que acrediten, o no, la compra de Gambogaz en plena Guerra Civil, mientras el propio Queipo dirigía el genocidio franquista en Andalucía. El Ayuntamiento solicitará “copia de la escritura de compraventa de dicha finca” a la Dirección General de los Registros y del Notariado, dependiente del Ministerio de Justicia, así como al Colegio de Notarios de Sevilla y al Registro de la Propiedad.

“Es lo único que tenemos claro, que de momento no tenemos ningún documento que acredite que Gambogaz se le donó a Queipo de Llano por esa suscripción popular o regalo”, confirma la concejal de Cultura, Identidad Local y Participación Ciudadana, Eva Pérez Ramos, a eldiario.es Andalucía. La iniciativa plenaria ha sido elaborada de manera conjunta por el Ayuntamiento de Camas y la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática.

¿Compra coactiva o fraudulenta?

La aparición, o no, del supuesto contrato de compra-venta entre Queipo y la familia de Ignacio Vázquez abriría distintos escenarios porque podrían poner en cuestión la propiedad de los herederos. En cualquier caso, el Ayuntamiento de Camas, o el de Sevilla, no podrían solicitar la propiedad de unas tierras que no eran públicas en el momento de la operación.

“Si no aparece nada, ¿en base a qué actuamos como Ayuntamiento de Camas?”, alega. “Si el contrato o alguna documentación demostrara que hubo una compra coactiva o fraudulenta tampoco podríamos, pero apelaríamos a la familia que era propietaria a que hicieran uso de sus derechos”, explica.

Los descendientes de Ignacio Vázquez nunca han emitido valoración pública alguna sobre el asunto. De momento, dice Eva Pérez, “no hay base documental de ningún tipo, ojalá encontráramos alguna base para actuar”.

En proceso de investigación

“Para que la verdad prevalezca con el rigor necesario por el que se tiene que regir una institución democrática”, continúa, “queremos promover y colaborar con la investigación necesaria para esclarecer cómo se efectuó la transmisión de la propiedad de la finca Gambogaz (...) y sus posibles conexiones con algunos extremos referentes a la Memoria Histórica”.

Y ahí la iniciativa elevada a pleno municipal enlaza con las indagaciones sobre el caso llevadas a cabo por José Villa, “único investigador, hasta el momento, que ha ofrecido las conclusiones aún por terminar a este Ayuntamiento”, reza el texto. Este periódico ha intentado recabar el testimonio del citado historiador, que ha rehusado la invitación hasta que acabe su labor investigadora.

La propuesta acuerda “promover, apoyar y colaborar” en dicho trabajo. El Consistorio camero adquiere “el compromiso de publicación y difusión” del trabajo de Villa, dirigido por la Universidad de Sevilla. El municipio trasladará el acuerdo, que tiene “siempre como referencia la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía”, a la Dirección General de Memoria Democrática y a la Asociación Memoria, Libertad y Cultura Democrática, de Camas.

Los dueños, hoy

Los terrenos propiedad de Queipo (que se desconoce si cubrían las 525 hectáreas de la finca completa) fueron gestionados casi desde el principio por la Fundación Agrícola Queipo de Llano, creada aquel mismo año y solo meses después del golpe de Estado. Aquella sociedad derivó en la actual Fundación Pro Infancia del mismo nombre suyo objeto es “el amparo a la infancia devalida”. Sin embargo, la Fundación sólo figura como propietaria de 150 hectáreas no de Gambogaz sino de tierras arroceras alquiladas a colonos con los que ahora pleitean para pedir más dinero, ya que mantienen la renta antigua.

Por tanto, y según el Registro de la Propiedad, en la actualidad están en manos de herederos del general algo más de 81 hectáreas. El resto está liquidado. Y lo que se mantiene en poder de la familia son terrenos que están segregados de la matriz en tres fincas rústicas y una cuarta, el caserío, considerado como suelo urbano.

El gran movimiento en la titularidad llegó el 18 de octubre de 2016. Nuevos descendientes de Queipo entraban a formar parte del patrimonio, adquiriendo su parte por “herencia”, según consta en la documentación consultada.

Los que más tierra poseen son dos nietos: Gonzalo Queipo de Llano Mencos, actual marqués de Queipo, y su hermano Alberto Lorenzo. Ambos se reparten a medias dos fincas de 46 y 26 hectáreas. Y una cuarta parte de la tercera, con siete hectáreas, en la que figuran también como propietarias con un 25% del total cada una las tres hijas del golpista: Ernestina, Mercedes y María.

Queda el cortijo de Gambogaz, la única finca urbana. Ahí aparecen hasta 15 titulares diferentes, todos descendientes de Queipo, para un terreno de dos hectáreas. La mayoría tiene un 5%, excepto los grandes beneficiados, el marqués y su hermano, con un 12,5% cada uno. Entre los propietarios está el presidente de la Fundación ProInfancia, Gonzalo García Queipo, o las nietas del que fuera presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, uno de cuyos hijos se casó con una hija de Queipo de Llano.

La familia Queipo ha ofrecido el cortijo a varias administraciones –Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Camas– para que lo compren, siempre de manera extraoficial y a través de sus abogados, según las fuentes cercanas. Las instituciones públicas siquiera han contestado al ofrecimiento.

Además, el mismo año, en 2016, queda registrada la venta de tres porciones a dos personas ajenas a la familia Queipo. En total 60 hectáreas repartidas en parcelas de 35, 14 y 11 hectáreas. Sobre estas fincas recae desde entonces una hipoteca por valor de 1,5 millones de euros.

Estos movimientos han dejado nuevos propietarios y muchas preguntas. ¿Se “donaron” las 500 hectáreas de la finca? ¿En qué términos ha ido mermando la propiedad de dichos terrenos? ¿Qué pasará si se demuestra que la donación o venta fue fraudulenta?

Las fuentes orales no bastan

El Ayuntamiento de Camas quiso que de produjera la declaración de Lugar de Memoria. El Consistorio solicitó tal reconocimiento “a petición del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía de CGT”. Aquel acuerdo, también plenario, “se sostenía en un estudio de las fuentes orales” que aseguraban que la finca “fue un centro de trabajos forzosos así como el grave deterioro económico que supuso para la comarca que la familia Vázquez, promotora de la modernización de las explotaciones agrarias, perdiera la propiedad” al pasar a manos de Queipo. La Junta “no pudo aprobar” entonces la petición “por falta de documentación histórica que lo acreditara”.

Camas subraya el “compromiso” del Gobierno local con la recuperación memorialista. “Se ha trabajado para investigar y localizar las fosas comunes de víctimas del franquismo en el antiguo cementerio”, señalan. Y “se les ha dado sepultura digna y seguimos trabajando para localizar los componentes de la columna minera que fueron fusilados en agosto de 1936 en La Pañoleta”.

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