Moreno elimina el régimen sancionador que usó en la oposición para denunciar a Montero por falta de transparencia
El Gobierno de Juan Manuel Moreno acaba de suprimir de un plumazo el régimen sancionador de la Ley andaluza de Transparencia que su propio partido, estando en la oposición, usó para denunciar a la Junta por restringir el acceso a información pública, logrando que se abriera el primer expediente sancionador contra el entonces Ejecutivo andaluz por falta de transparencia.
El PP andaluz ha usado una enmienda al proyecto de Ley de Universidades de Andalucía, aprobado este miércoles en el Parlamento, para modificar una parte sustancial de la Ley de Transparencia autonómica, con la que nada tiene que ver. Esta reforma “por la puerta de atrás” elimina todos los artículos que regulaban las sanciones contra los altos cargos de las administraciones por restringir el libre acceso a la información pública, una potestad que hasta ahora correspondía al Consejo Andaluz de la Transparencia.
La decisión es llamativa porque fueron precisamente los populares, ya bajo el liderazgo de Juanma Moreno, los primeros en hacer valer ese régimen sancionador –pionero en España y que luego copiarían Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Castilla La Mancha– para denunciar a la Junta de Andalucía, entonces gobernada por el PSOE, por incumplir esos mismos artículos de la Ley de Transparencia.
El primer expediente sancionador incoado a la Junta
El 28 de octubre de 2016, el grupo parlamentario del PP en el Parlamento andaluz presentó una denuncia ante el Consejo de Transparencia contra la Consejería de Hacienda, entonces dirigida por María Jesús Montero, hoy vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda, líder del PSOE andaluz y rival de Moreno en las próximas elecciones autonómicas.
Los populares denunciaron el “incumplimiento de las obligaciones de publicidad activa”, porque el departamento de Montero no había publicado en el Portal de Transparencia de la Junta el anteproyecto de ley de Presupuestos para Andalucía del año 2017, a pesar de que el Consejo de Gobierno ya había remitido al Consultivo dicho anteproyecto para su dictamen (el 18 de octubre de 2016).
El órgano de consulta de la Junta de Andalucía emitió ese dictamen sobre los Presupuestos seis días después, el 24 de octubre, y a la fecha de la denuncia del PP, el 28 de octubre, el anteproyecto con las cuentas de la comunidad seguían sin haberse publicado en el Portal de Transparencia, como obliga la ley cuando se trata de “información de relevancia jurídica”.
En aquella denuncia, recuperada hoy por elDiario.es, el PP requirió tanto al Consejo de Gobierno como a la Consejería de Hacienda la publicación “con carácter urgente” del anteproyecto de ley de Presupuestos y solicitó al Consejo de Transparencia que “adoptase las medidas oportunas para evitar que en posteriores ocasiones no se publiquen” estos documentos.
Pero los populares fueron más allá y decidieron apelar al artículo 57 de la Ley andaluza de Transparencia –uno de los eliminados ahora por el Gobierno de Moreno– para que el Consejo incoase un procedimiento sancionador y fijase “los responsables, las infracciones y, en su caso, las sanciones oportunas por el incumplimiento reiterado” de la citada ley. Los de Moreno acompañaron la tramitación de esta denuncia por la vía administrativa con una fortísima oposición dentro de la Cámara, acusando a Montero de saltarse la Ley de Transparencia para dificultar a sus rivales la fiscalización de las cuentas públicas.
El régimen sancionador, un elemento diferenciador
En aquella legislatura, del que sería el último Gobierno del PSOE en Andalucía (bajo la presidencia de Susana Díaz), formaba parte del grupo parlamentario popular la diputada Teresa Ruiz Sillero, hoy senadora. Ruiz fue una de las que impulsó aquella denuncia por incumplimiento de la Ley de Transparencia y, posteriormente, escribió un extenso artículo en una revista especializada explicando el hito de lograr el primer expediente sancionador incoado a la Junta de Andalucía por este motivo.
En el artículo, al que ha tenido acceso este periódico, subraya precisamente el régimen sancionador específico de la Ley andaluza de Transparencia como “elemento diferenciado, que no se incluye en la legislación básica”. “Frente al prácticamente inexistente régimen sancionador en materia de transparencia en la Ley estatal (...), el artículo 52 de la ley andaluza [ahora eliminado] hace extensiva la condición de personas responsables de las infracciones a quienes, aun a título de simple inobservancia, realicen acciones o incurran en las omisiones tipificadas en la ley con dolo, culpa o negligencia”, reza el texto de la senadora popular.
Para justificar la no publicación de su proyecto de Presupuestos en el día previsto, el departamento de Montero alegó “la especificidad” de dicha ley y “la celeridad” con la que se tramita. Y respecto a la petición de apertura de expediente sancionador “mercedor de una sanción por no publicar una materia en un día exacto, cuando la exigencia es actualizar y publicar trimestralmente”, la hoy ministra de Hacienda afeó al PP que se trataba de una exigencia “cuanto menos exagerada y alarmista”.
El Consejo andaluz de Transparencia dio la razón al PP y ordenó a la Consejería de Hacienda que publicase cuanto antes el referido anteproyecto de ley presupuestaria y le conminó a no volver a incurrir en este retraso. La resolución fue extemporánea, porque cuando se emitió el departamento de Montero ya había corregido y hecho público el borrador de la ley.
Sin embargo, en esa misma resolución (de enero de 2017), el director del Consejo no se pronunció sobre la petición del PP para que se incoase un procedimiento sancionador contra la Junta. Ante esta falta de pronunciamiento, el PP andaluz interpuso un recurso potestativo de reposición ante el Consejo de Transparencia, que finalmente terminaría abriendo expediente sancionador contra la Consejería de Hacienda “por incumplimiento de su obligación en la publicidad activa”.
Cambios en las políticas de transparencia del PP andaluz
La capacidad de dictar resoluciones como ésta, “con fuerza vinculante”, era la competencia “más relevante” que otorgaba la Ley andaluza de Transparencia al director del Consejo, hasta que el Gobierno de Moreno ha decidido retirarle dicha potestad y suprimirla de la norma, usando una enmienda a una ley sobre política universitaria.
Durante los últimos años de oposición, el PP de Moreno explotó mucho el régimen sancionador de la Ley de Transparencia que ahora, desde el Gobierno, ha decidido cargarse.
La denuncia contra Montero por no publicar a tiempo el anteproyecto de ley de Presupuestos de 2017 no fue la única que interpuso el grupo parlamentario popular en aquella época para acusar a la Junta de incumplir sus obligaciones de publicidad activa en el Portal de Transparencia. También registraron una denuncia similar por no haber colgado a tiempo de su página web el anteproyecto de ley de Fomento del Emprendimiento.
La relación del PP andaluz con las políticas de transparencia ha cambiado desde que están dentro del Palacio de San Telmo, sede de la Junta. Los de Moreno suelen argumentar que todos los contratos sanitarios a dedo con clínicas privadas que hoy investiga la Justicia por supuestos delito de prevaricación y malversación están disponibles en el Portal de Transparencia de la Junta, por eso el PSOE pudo hacerse con ellos para interponer una querella contra el Servicio Andaluz de Salud (SAS). “Eso cuando gobernaban los socialistas no pasaba”, advierten.
En realidad, la mayoría de expedientes públicos se empiezan a volcar en los servidores digitales de la Junta precisamente a partir de la Ley estatal de Transparencia (2013) y del desarrollo de la ley andaluza, de 2014. Ni el Consejo de Transparencia ni el Gobierno andaluz han querido responder a cuántos altos cargos se han multado desde que entró en vigor la ley ni cuántas veces ha pedido el Consejo la apertura de un expediente sancionador y a qué administraciones.
La “paradoja” de estar en manos del órgano infractor
Con el procedimiento ya abierto contra la Junta por parte del Consejo de Transparencia, el PP llevó el asunto al Pleno en el Parlamento con varias preguntas orales dirigidas a Montero. La entonces consejera de Hacienda reconoció que se llegó a tomar “declaración y testimonio” a casi todos los empleados de su departamento que intervienen en la tramitación del presupuesto, pero nunca se reveló si algún cargo público fue multado. A la postre, el expediente sancionador concluyó sin fijar ni la posible infracción cometida y sin ninguna propuesta de sanción.
Ante las reiteradas denuncias, el Consejo de Transparencia terminó fijando el criterio a seguir cuando se solicita la apertura de un expediente sancionador previsto en el artículo 57 de la ley (recién suprimido): “Ante la ausencia de reglamentación aplicable a estos casos, es criterio del Consejo que declarar el incumplimiento de una obligación de publicidad activa y dictar un Acuerdo para instar al órgano a que incoe el procedimiento correspondiente constituyen distintos procedimientos que han de tramitarse y resolverse separadamente, otorgando los pertinentes trámites de alegaciones derivados de la instrucción de ambos procedimientos. En consecuencia, este Consejo procederá a tramitar el procedimiento correspondiente para instar, en su caso, la incoación del procedimiento que corresponda, dando cuenta al ahora denunciante del resultado de los mismos”.
En decir, la tramitación del expediente sancionador quedaba en manos del mismo órgano que supuestamente había incumplido la Ley de Transparencia –en aquel caso la Consejería de Hacienda– “con la única obligación de comunicar el resultado” al Consejo. Aquel criterio fue analizado y muy debatido por expertos en el desarrollo de la citada ley.
José María Pérez Monguió, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz, destacó en uno de sus artículos esta “paradoja”. “Hubiera resultado oportuno que la ley andaluza hubiera otorgado a los denunciantes la posibilidad de conocer, al menos, si su acto de denuncia dio lugar a la incoación del procedimiento”, escribe en un artículo titulado Régimen sancionador, que forma parte del 'Estudio sobre la Ley de Transparencia Pública de Andalucía', publicado por el Instituto Andaluz de Administración Pública, en 2015
Pérez Monguió defendía aquí que el grado de exigencia en materia de transparencia debe ser mayor para las “autoridades” que para los funcionarios, distinguiendo la responsabilidad de los altos cargos de la administración que ocupan puestos de “confianza política” (nombrados a dedo por el Gobierno de turno), de los “empleados públicos profesionales”, cubiertos por “el paraguas del mérito profesional y la capacidad”. “Las infracciones que cometan deberían ser conocidas”, concluye.