Panorama audiovisual de la invisible vulneración de derechos en la frontera sur

Un in­for­me au­dio­vi­sual, fru­to de un tra­ba­jo con­jun­to de miem­bros de Irí­dia, Fo­to­mo­vi­mien­to y No­vact, recopila las situaciones por las que pasan las personas migrantes una vez alcanzan la costa europea por nuestro país. “Las per­so­nas que lle­gan por mar a te­rri­to­rio es­pa­ñol su­fren vul­ne­ra­cio­nes de de­re­chos que po­cas ve­ces son vi­si­bles”, resaltan. Pese a que 2017 ha sido un año es­pe­cial­men­te re­le­van­te en cuanto a número de entradas, “la si­tua­ción no se ha vi­si­bi­li­za­do ni tam­po­co han ce­sa­do las vul­ne­ra­cio­nes de de­re­chos”. Todo ello encaminado al “horizonte de la irregularidad sin derechos” para las personas que tratan de buscar un futuro mejor.

El viaje migratorio por mar

Tras la llegada en 2006 de más de 30.000 per­so­nas a las Is­las Ca­na­rias, este 2017 “ha vuelto a marcar un antes y un después” en esta materia, con 20.884 personas en 519 embarcaciones entrando por las rutas del norte de África, cru­zando el Es­tre­cho de Gi­bral­tar y el Mar de Al­bo­rán, y otras 434 personas (y 20 embarcaciones) por el oeste africano hasta Canarias. Desde 2010, denuncia el informe, 1.794 personas han muer­to o han des­a­pa­re­ci­do en el in­ten­to.

Respecto al control de fronteras, apunta el informe que “las insuficientes y discriminatorias vías de entrada a Europa im­po­si­bi­li­tan los des­pla­za­mien­tos le­ga­les y se­gu­ros de las per­so­nas que de­ben o quie­ren de­jar atrás su país de ori­gen”, aumentando “la peligrosidad del trayecto por mar y vulnerando los derechos a la vida, la integridad física y la salud física y mental de las personas que lo emprenden”.

En concreto acerca de las devoluciones en caliente dice que son “una práctica ilegal que se rea­li­za de for­ma sis­te­má­ti­ca en la Fron­te­ra Sur”. “Las uni­da­des po­li­cia­les y mi­li­ta­res de vi­gi­lan­cia ma­rí­ti­ma es­pa­ño­las, eu­ro­peas y ma­rro­quíes co­la­bo­ran es­tre­cha­men­te para lle­var­las a cabo sin que haya re­gis­tros ofi­cia­les del nú­me­ro, la na­tu­ra­le­za o el re­sul­ta­do de las ac­tua­cio­nes”, denuncia sobre la “absoluta opacidad” en ese sentido.

Acerca de los me­ca­nis­mos de bús­que­da y res­ca­te de las au­to­ri­da­des es­pa­ño­las, el informe considera que “no son su­fi­cien­tes”, alabando en todo caso la la­bor de Sal­va­men­to Ma­rí­ti­mo para que mi­les de per­so­nas no pier­den la vida en el in­ten­to. En 2017 se rescató a más de 18.000 personas, destacando que para que el ser­vi­cio de Sal­va­men­to Ma­rí­ti­mo se ac­ti­ve debe re­ci­bir un avi­so de la pre­sen­cia de per­so­nas en pe­li­gro en el mar, la ma­yo­ría de los cua­les lle­gan a tra­vés de la ONG Ca­mi­nan­do Fron­te­ras.

La llegada a tierra

Cuando las per­so­nas lle­gan a te­rri­to­rio es­pa­ñol son privadas de libertad durante 72 horas en dis­tin­tas ins­ta­la­cio­nes que se en­cuen­tran en “pé­si­mas con­di­cio­nes” des­de don­de se les abre una orden de devolución a sus países de origen, dice el informe, que recoge el testimonio de Aziz Faye (Mi­gra­ción des­de Se­ne­gal / Sin­di­ca­to Po­pu­lar de Ven­de­do­res Am­bu­lan­te): “Al llegar, ves que te están esperando la Cruz Roja y la policía. La Cruz Roja te atiende si tienes algún dolor y te dan bebidas calientes. Las personas cuando llegan se encuentran mal, muchas están mareadas, pero tras una intervención rápida de la Cruz Roja, la Policía te pone las esposas y te lleva al calabozo”.

Explica el informe, financiado por el Ayuntamiento de Barcelona y Casa Nostra Casa Vostra, que los abo­ga­dos asis­ten a las per­so­nas de­te­ni­das úni­ca­men­te para no­ti­fi­car la de­vo­lu­ción sin ser informadas de sus derechos y “sin la posibilidad de solicitar asilo o de ser trasladadas a recursos de acogida en los ca­sos de me­no­res de edad o de po­ten­cia­les víc­ti­mas de tra­ta”. “Los pro­gra­mas de pri­me­ra asis­ten­cia carecen de recursos para poder atender adecuada y dignamente a las personas que han llegado: los cri­te­rios po­li­cia­les pri­man por en­ci­ma de los mé­di­cos y psi­co­so­cia­les, los tra­duc­to­res son inexis­ten­tes o in­su­fi­cien­tes y no se apli­ca la pers­pec­ti­va de gé­ne­ro en la aten­ción”, denuncia.

Respecto a la identificación de los muertos, “no hay un pro­to­co­lo de ac­tua­ción efec­ti­vo”. “Prác­ti­ca­men­te la to­ta­li­dad de per­so­nas que pier­den la vida en el tra­yec­to mi­gra­to­rio aca­ban sien­do enterradas sin nombre en cementerios cercanos a los puertos”, señala.

En ese sentido, dice Fé­lix Gon­zá­lez, pe­si­den­te de la So­cie­dad Ca­na­ria de Neu­ro­psi­quia­tría y Sa­lud Men­tal, que “en los casos de desaparición el duelo se complica. A principios del siglo pasado, ya se hablaba de la prueba de realidad como necesaria para que se inicie un duelo. Esta prueba supone constatar que la persona ha muerto. Pero en el caso de los desaparecidos esta prueba de realidad no existe, no se puede verificar por la ausencia de información sobre su paradero y por la inexistencia del cadáver. No se puede asegurar que viva, pero tampoco que haya muerto.

Los CIE de la frontera sur

Los Cen­tros de In­ter­na­mien­to de Ex­tran­je­ros (CIE) se es­tán em­plean­do como “herramienta de primera recepción” de las per­so­nas que lle­gan por vías ma­rí­ti­mas a la Fron­te­ra Sur pero “no reúnen unas con­di­cio­nes dig­nas ni un tra­ba­jo ade­cua­do con po­ten­cia­les so­li­ci­tan­tes de asi­lo, víc­ti­mas de tra­ta o me­no­res de edad”, habiéndose re­gis­tra­do “situaciones de violencia institucional en todos los CIE”.

En 2017 se in­ter­nó a 8.814 personas en los CIE del Es­ta­do es­pa­ñol. El mo­ti­vo prin­ci­pal de in­ter­na­mien­to con­sis­tió en te­ner abier­to un ex­pe­dien­te de de­vo­lu­ción (85%), la ma­yo­ría de­bi­do a la entrada irregular a través del mar (81%), detalla el informe, que repasa la situación de los CIE de Barranco Seco y de Hoya Fría (Islas Canarias), el CIE de Murcia y el CIE de Algeciras y su anexo de Tarifa.

“Nos llevaron al CIE de Tarifa. Era peor que una cárcel, porque allí como mínimo tienes algunos derechos. Las condiciones eran deplorables y el trato, degradante. Hacía mucho frío y tardaban una semana en dejar que nos ducháramos. El CIE es inhumano y racista. Pierdes la libertad y cualquier cosa es una complicación”, declara Na­jib (Mi­gra­ción des­de el Rif, Ma­rrue­cos).

Sobre el CIE temporal de Archidona (Málaga) “du­ran­te 51 días cus­to­dia­do por la UIP de an­ti­dis­tur­bios”, dice el informe que estuvo “sin agua potable ni calefacción, con un solo intérprete y un solo médico y sin horarios de visita”, con di­fe­ren­tes pro­tes­tas “fuer­te­men­te re­pri­mi­das, con los agen­tes lle­van­do ar­mas que dis­pa­ra­ron balas de goma en el interior de la cár­cel”.

Mujeres migrantes

El informe señala por otra parte que el dis­cur­so ofi­cial de la vic­ti­mi­za­ción de las mu­je­res mi­gran­tes como víc­ti­mas inocen­tes y obli­ga­das a tra­ba­jar con­tra su vo­lun­tad ha lle­ga­do a cons­ti­tuir un mito cul­tu­ral que ha te­ni­do un gran im­pac­to en la cons­truc­ción so­cial de las mi­gra­cio­nes de las mu­je­res, y ha repercutido directamente en su seguridad y en el no reconocimiento de su capacidad de agencia y de sus proyectos emancipadores.

En ese sentido, la vin­cu­la­ción de las mi­gra­cio­nes de las mu­je­res con las re­des de tra­ta con­tri­bu­ye a alimentar el prejuicio y el estereotipo sobre sus estrategias de emancipación y sobre la forma en que las madres migrantes ejercen el cuidado de sus hijos, vul­ne­ran­do los de­re­chos de la in­fan­cia y del de­re­cho a la vida pri­va­da y fa­mi­liar.

Por otro lado, los protocolos de identificación de víctimas de trata tienen un resultado prácticamente nulo, don­de pri­ma un en­fo­que de per­se­cu­ción del de­li­to por en­ci­ma de la pro­tec­ción de las víc­ti­mas de tra­ta. “Es im­pres­cin­di­ble pre­sen­tar una de­nun­cia para que una mu­jer sea con­si­de­ra­da víc­ti­ma de tra­ta y, por lo tan­to, para que se ac­ti­ven los me­ca­nis­mos de pro­tec­ción, he­cho que pone su seguridad en peligro y que hace que todo el peso de la responsabilidad recaiga sobre ellas”, considera el informe en un amplio capítulo dedicado a las mujeres migrantes.

¿La acogida?

El informe explica que de to­das las per­so­nas que lle­gan por mar a te­rri­to­rio es­pa­ñol, a las úni­cas a las que no se les abre un pro­ce­so de de­vo­lu­ción a sus paí­ses de ori­gen son aque­llas que so­li­ci­tan protección internacional y se les admite a trámite, a los menores de edad y a per­so­nas en una si­tua­ción de es­pe­cial vul­ne­ra­bi­li­dad, como son las mujeres embarazadas o las potenciales víctimas de trata. To­das las de­más per­so­nas que lle­gan a las cos­tas es­pa­ño­las por mar aca­ban es­tan­do en situación irregular por un pe­río­do de tiem­po más o me­nos lar­go.

“Es­tar en si­tua­ción ad­mi­nis­tra­ti­va irre­gu­lar con­lle­va mu­chos obs­tácu­los que van des­de la dificultad de encontrar un trabajo, acceder a la sanidad pública en condiciones de igualdad, a la educación o a una serie de derechos reservados de manera exclusiva a las personas que no se encuentran en esta situación, ade­más de una se­rie de impactos psicológicos re­la­cio­na­dos con la in­se­gu­ri­dad y la mar­gi­na­li­dad so­cial”, se explica en el documento.

Para las per­so­nas que se en­cuen­tran en si­tua­ción irre­gu­lar, la expulsión del país no se considera un recurso de última ratio sino que, bien al con­tra­rio, es el úni­co me­ca­nis­mo que se apli­ca mien­tras transcurre el mínimo de tres años necesario para conseguir regularizar su situación, de­ján­do­las en “una si­tua­ción es­pe­cial­men­te com­pli­ca­da y con muy po­cas op­cio­nes para me­jo­rar­la”.

Las ór­de­nes de de­vo­lu­ción pue­den te­ner una vi­gen­cia de has­ta cin­co años y las ór­de­nes de ex­pul­sión pue­den te­ner una vi­gen­cia de en­tre tres y doce años, ambas con la prohibición de volver a entrar en España por un plazo de entre uno y diez años. En los úl­ti­mos años se han es­ta­do de­por­tan­do a per­so­nas me­dian­te deportaciones exprés. A tra­vés de re­da­das, iden­ti­fi­ca­cio­nes por per­fil ét­ni­co o en­ga­ños, las per­so­nas que se en­cuen­tran en si­tua­ción irre­gu­lar y que son del país de des­tino del ma­cro­vue­lo que esté pro­gra­ma­do para la de­por­ta­ción son lle­va­das al ca­la­bo­zo y de allí deportadas en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. “Las de­por­ta­cio­nes ex­prés no solo re­pre­sen­tan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de co­no­cer la si­tua­ción a tiem­po tan­to por par­te de los fa­mi­lia­res como de los abo­ga­dos/as, sino tam­bién por la vulneración de derechos que conlleva una expulsión sin control judicial ni cobertura jurídica”.

Por último se aborda la cuestión de los menores no acompañados. “La inade­cua­ción del sis­te­ma de pro­tec­ción ac­tual de los me­no­res no acom­pa­ña­dos pro­vo­ca que los me­no­res se des­vin­cu­len de este sis­te­ma ante una situación de inseguridad y desprotección constantes que ge­ne­ran in­cer­te­za, aler­ta y es­trés sos­te­ni­dos”, considera el informe, que lamenta que “las per­so­nas que­dan in­vi­si­bi­li­za­das por la si­tua­ción de su­per­vi­ven­cia a la que se ven so­me­ti­das y que solo sa­len a la luz cuan­do las cir­cuns­tan­cias son in­sos­te­ni­bles”.

Concluye el informe que “cuan­do los me­no­res no acom­pa­ña­dos cumplen los 18 años, el sis­te­ma de pro­tec­ción ac­tual tie­ne un gran vacío respecto al acompañamiento que se les da y se ven en una si­tua­ción de ma­yor vul­ne­ra­bi­li­dad ante la ame­na­za de una ex­pul­sión, he­cho que tam­bién con­lle­va sen­ti­mien­tos de in­cer­te­za, an­gus­tia, frus­tra­ción res­pec­to a las ex­pec­ta­ti­vas y po­ten­cia­les con­duc­tas dis­rup­ti­vas”.