Así es el patrimonio de los diputados andaluces: de los 1,8 millones de Oña (PP) a la diputada de Vox exenta de declarar

La publicación de la declaración de bienes y de la renta de los 109 diputados andaluces ha revelado una amplísima horquilla de ingresos en el Parlamento, probablemente la más amplia de todas las legislaturas. La diputada más adinerada, con diferencia, sigue siendo la veterana Esperanza Oña, del PP, propietaria de 12 inmuebles en Málaga -la mayoría comprados en 2008, primer año de la crisis y la burbuja inmobiliaria- y con un patrimonio total de 1,8 millones de euros en 2017, último año declarado por los diputados. En el extremo opuesto está la parlamentaria de Vox por Almería, Luz Belinda Rodríguez, exenta de presentar la declaración de la renta, porque sus ingresos ese año quedaron por debajo de los 22.000 euros.

Rodríguez se presentó como “ama de casa, exmilitar y estudiante de Derecho”. Oña fue alcaldesa de Fuengirola entre 1995 y 2015, diputada desde el año 2000 en el Parlamento andaluz, donde es vicepresidenta. Muchos de los parlamentarios repiten este mandato, de modo que sus ingresos están reglados por la Cámara (3.127 euros brutos al mes, más las dietas por desplazamiento y alojamiento, que pueden alcanzar los 1.500 euros mensuales). La mayoría de los diputados se mueve en una franja de ingresos de entre 30.000 y 50.000 euros, y casi todos están hipotecados. Esta legislatura, sin embargo, destaca por la entrada de perfiles profesionales que cobrarán menos en política de lo que ganaban en sus puestos de trabajo. Bastante menos en algunos casos. Entre los diputados miembros del Gobierno andaluz, destaca el titular de Educación y ex seleccionador nacional de baloncesto, Javier Imbroda, que declara unos ingresos de 220.000 euros, dos inmuebles tasados en 365.500 euros y un Porsche de lujo.

El presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, tiene una liquidez de 8.500 euros en su cuenta bancaria, según su declaración de actividades, bienes e intereses, así como su declaración de la renta de 2017, publicadas ambas este lunes en el portal de transparencia del Parlamento andaluz. Entre la Base Imponible General y Base Imponible del ahorro, el líder del PP andaluz declara casi 61.000 euros de ingresos, prácticamente todos ellos provenientes del rendimiento de su trabajo como diputado, último año publicado.

Las cuentas y el patrimonio de los 109 diputados andaluces han quedado al descubierto este lunes, como es preceptivo por ley. Así, Moreno Bonilla declara ser propietario de siete inmuebles: una vivienda en Málaga, con un valor catastral de 64.641 euros, y otra a medias con su mujer en Madrid, tasada en 48.281 euros (El valor de mercado es siempre muy superior al catastral). El resto son tres inmuebles rústicos que posee en el municipio de Cártama, y un local en Málaga capital. En total sus propiedades suman 146.345 euros. El presidente declara, además, un plan de pensiones privado con 17.254 euros, y un crédito al 50% de 8.240 euros en el Banco Santander.

Incompatibilidades

La publicación del IRPF y la declaración de bienes de sus señorías sitúa el foco de atención, sobre todo, en los 17 diputados que provienen del sector privado, y cuya participación en empresas puede ser declarada incompatible con su escaño. La Comisión del Estatuto de los Diputados revisa precisamente esta semana la documentación que estos diputados han tenido que aportar a los servicios jurídicos de la Cámara para justificar el mantenimiento de dichas participaciones. Uno de ellos es el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, probablemente el miembro del Ejecutivo andaluz que más ingresos, ahorros y propiedades ha declarado poseer antes de entrar en política. Imbroda fue seleccionador nacional de baloncesto, y es uno de los fichajes estrella de Ciudadanos en sus listas.

En su declaración de la renta del ejercicio 2017 el consejero consigna unos ingresos de 220.277 euros, la gran mayoría (190.359 euros) provenientes de inversiones financieras (Rendimientos de capital mobiliario). Otros 21.791 euros los ingresó a cuenta de Rendimientos de Actividades Económicas, que es precisamente donde reside la posible incompatibilidad de su escaño con su actividad privada, ya que Imbroda declara poseer un 20% de acciones en la empresa AMS Centro Médico valoradas en 133.205 euros.

Además de ser uno de los miembros del Ejecutivo andaluz con mayores rendimientos por inversiones financieras, Imbroda también es de los que más patrimonio declara: cuenta con dos inmuebles en Málaga, tasados en 124.799 euros y 240.717 euros, y un Porsche Panamera de alta gama valorado en 25.545 euros. El consejero cuenta además con un préstamo personal de 9.087 euros y una hipoteca en Cajamar de 46.386 euros. La declaración de la renta le salió a pagar 6.714 euros en 2017, pero las retenciones por su actividad empresarial ascendieron a 42.014 euros, es decir pagó a Hacienda casi 49.000 euros en total por el ejercicio 2017.

Ahora, el salario de Imbroda como consejero de la Junta de Andalucía está fijado en 65.184 euros al año. El del presidente del Gobierno andaluz, según los Presupuestos de 2018, es de 66.230 euros brutos al años (el president de la Generalitat, Quim Torra, cobra 147.000 euros).

Otro de los diputados con una posible incompatibilidad es el líder de Vox en Andalucía, el juez en excedencia, Francisco Serrano. Serrano declara su actividad privada como abogado de familia, con unos ingresos de 42.000 euros en el ejercicio 2017, más otros 300 euros por la publicación de su libro. La posible incompatibilidad del diputado ultraconservador se debe a su participación mayoritaria en el gabinete jurídico que él dirige -Serrano Abogados-, que asciende a 62.252 euros. Serrano tiene un seguro privado de vida de 120.000 euros, declara dos viviendas, una en propiedad en Sevilla, y otra en usufructo en Sanlúcar de Barrameda, con un valor catastral de 66.810 y 39.946 euros respectivamente. El saldo total de su cuenta bancaria asciende a 18.679 euros y en la declaración de la renta de 2017, Hacienda le devolvió 2.143 euros.

Ciudadanos

Por encima de los ingresos de Imbroda están los de otro nuevo diputado de Ciudadanos en el Parlamento, Fran Carrillo (y senador), también señalado en la comisión de incompatibilidad, por ser accionista mayoritario (51%) de la empresa La Fábrica de Discursos, con 32.837 euros. A 7 de marzo, el parlamentario se había desprendido de parte de sus acciones de la empresa, rebajando su participación al 31% (20.000 euros), pero manteniéndose como accionista mayoritario. “No contrata con la Administración ni organismos públicos”, advierte su declaración de bienes, con objeto de pasar el filtro de las incompatibilidades con el escaño. Carrillo declara un saldo actual en sus cuentas de 286.058 euros, como “autor de libros, profesor de másters y postgrados”.

La consejera de Igualdad y diputada de Ciudadanos, Rocío Ruiz, por su parte, declara como ingresos su sueldo como profesora de Secundaria en un instituto de Huelva. Su base imponible es de 46.984 euros al año, de modo que percibirá un poco más como consejera. Ruiz declara su vivienda, con un valor catastral de 50.622 euros, y un seguro privado de vida temporal en Cajasur, de 100.000 euros. En el mismo banco tiene una hipoteca de 125.473 euros, y un préstamo personal de 3.700 euros. El saldo total de su cuenta es de 700 euros, y la declaración de la renta de 2017 le salió a pagar 1.618 euros.

El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, ya declararon su patrimonio y sus ingresos en la pasada legislatura, como diputados de Cs. Marín declara cinco inmuebles, entre ellos el 50% de una vivienda en Cádiz, el 25% de un local en Cádiz, por valor de 126.000 euros, que ostenta en usufructo, y el 33% de un inmueble rústico, de 36.000 euros. Marín tiene 6.500 euros de saldo en la cuenta, un fondo privado de pensiones en Caixabank de 3.768 euros, un Toyota Avensis de 22.900 euros, y un crédito hipotecario al 50% de 49.550 euros. Sus ingresos en 2017 estaban fijados en 60.489 euros.

Bosquet declara tres inmuebles en Almería, dos de ellos son viviendas, una tasada en 261.720 euros, y la otra (que posee al 50%) en 45.022 euros. El saldo total de sus cuentas bancarias es de 9.000 euros, posee un Toyota CR4 de 25.000 euros, tiene 31.820 euros en acciones del Banco Santander, y tres créditos hipotecarios: de 10.797 euros con el Santander, de 184.138 euros con Cajamar y el préstamo para el coche, de 19.000 euros. Sus ingresos como diputada ascienden a 55.700 euros aproximadamente.

Partido Popular

En las filas del PP andaluz destaca la secretaria general del partido, Dolores López, con unos ingresos como diputada en la pasada legislatura en torno a los 55.000 euros. Declara una vivienda en Huelva con un valor catastral de 152.944 euros, sujeta a un préstamo hipotecario de 242.597 euros. El saldo actual de sus cuentas bancarias es de 272.811 euros.

Por encima de todos, sigue estando la veterana Esperanza Oña, vicepresidenta del Parlamento andaluz en esta legislatura y en la pasada, con un sueldo anual en trono a los 60.700 euros. Oña posee 12 inmuebles en Málaga, siete de ellos son viviendas, las más caras están tasadas en 209.860 euros y 143.900 euros, y la más barata tiene un precio catastral de 62.000 euros. El primero lo adquirió en 1995 y el último, con un valor de 70.000 euros, año de la declaración de bienes registrada en el Parlamento. La mayoría de las compras de inmuebles las hizo en 2008, en plena crisis y en plena burbuja inmobiliaria. La valoración de todos sus bienes asciende a 484.138 euros. Es de las pocas parlamentarias que tiene que declarar también el impuesto de Patrimonio.

Además la diputada popular tiene disponible en su cuenta 89.000 euros, tiene unos 3.000 euros de acciones en Hispánica, otros 937.025 euros en depósitos bancarios y fondos de inversión y un plan privado de pensiones de 184.200 euros. Oña declara un Mercedes Gla 200 de 20.000 euros y derechos de reembolso por valor de 268.847 euros. La base imponible de Esperanza Oña asciende a 1,8 millones de euros, y en 2017 pagó a Hacienda 7.783 euros.

En la bancada del PSOE, el diputado Carmelo Gómez destaca por tener un saldo en sus cuentas bancarias de 184.902 euros. Gómez fue ya parlamentario en la pasada legislatura y declara unos ingresos en torno a los 50.000 euros al año. Tiene acciones en el Sevilla FC (1.620 euros) y un seguro privado de vida en el Bankinter de 92.295 euros, con un préstamo hipotecario de 87.918 euros. Susana Díaz declara su sueldo como presidenta de la Junta en 2017, 63.808 euros anuales, y los ingresos de su marido, 14.411 euros. Mantiene dos inmuebles al 50%, su vivienda con un valor catastral de 14.217 euros, y una hipoteca al 50% de 87.910 euros, más un depósito de 30.000 euros en el Banco Popular. El saldo actual de su cuenta es de 2.746 euros. Pero quien más propiedades y saldo tiene, con diferencia, es la ex alcaldesa de Córdoba y la ex consejera de Justicia, Rosa Aguilar, que cuenta con 229.500 euros a plazo fijo, y más de 153.000 euros en su cuenta corriente.

En Adelante Andalucía repiten muchos diputados cuya declaración de bienes e ingresos ya se conocía, incluido sus líderes Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo. La gaditana declara 39.751 euros de sueldo, tiene 7.697 euros en la cuenta corriente y su vivienda en Cádiz tenía un valor catastral de algo más de 16.000 euros -según la declaración de bienes previa a las elecciones del 2 de diciembre- y en la actual este inmueble se ha revalorizado hasta casi los 40.000 euros; Maíllo declara 40.394 euros de ingresos, y tiene un saldo bancario de 41.633 euros. La portavoz adjunta Ángela Aguilera declara unos ingresos de 27.766 euros al año, con un saldo en la cuenta de 19.200 euros, y un plan de pensiones en Caixabank de 9.051 euros.

Los estrenos de Vox

Los 12 diputados de Vox llegan de nuevas al Parlamento andaluz. Eugenio Moltó, cabeza de lista por Málaga, es el diputado que le dijo a Sur que el franquismo no fue una dictadura. En 2017 declaró unos ingresos de 51.350 euros por rendimientos del trabajo. Desde 1990, Moltó es funcionario veterinario del cuerpo superior facultativo del Servicio Andaluz de Salud. Ana Gil Román, también diputada por Málaga, en 2017 ingresó 9.706 euros de una pensión alemana, a la que actualmente suma una pensión complementaria de la Seguridad Social de 179 euros mensuales.

Manuel Gavira, diputado por Cádiz, es abogado y en 2017 percibió una retribución como trabajador por cuenta ajena de 24.087 euros, además de 6.541 como autónomo por cuenta propia. Ángela Mulas también es diputada de Vox por Cádiz. Es abogada, y su caso, como los de Serrano, Gavira y Segovia, deberá analizarlo la comisión del Estatuto para determinar la posible incompatibilidad con su actividad como diputada. En 2017 la abogacía le reportó unos ingresos declarados 22.828 euros.

Rodrigo Alonso, diputado por Almería, dice ser “empresario de telecomunicaciones y marketing digital”, aunque también declara unos ingresos procedentes de rentas agrícolas de 967 euros. Sus ingresos en 2017 fueron de 20.735 euros. Por su parte, Luz Belinda Rodríguez se ha presentado a sí misma como ama de casa, exmilitar y estudiante de Derecho. Resultó exenta de presentar la declaración de IRPF en 2017. Ese año era obligatorio presentar la declaración si se percibían más de 22.000 euros de un solo pagador, o más de 12.000 de dos pagadores.

Benito Morillo obtuvo su acta por Jaén. Tiene 52 años y hasta ahora percibía una pensión (a la que ha renunciado) como Guardia Civil retirado, que en 2017 le supuso 22.503 euros. Francisco José Ocaña, el diputado granadino de Vox, era hasta ahora trabajador autónomo, y dueño del 100% de una empresa vinculada a los trabajos con drones. De Ocaña destaca también el número de inmuebles de los que es propietario, hasta diez, si bien dice tener únicamente la nuda propiedad de todos ellos, lo que parece indicar su adquisición por herencia. Pagó IRPF por una base imponible de 54.387 euros.

María José Piñero, diputada por Sevilla, es perito médico, y en 2017 declaró unos ingresos íntegros de 59.964 euros. Alejandro Hernández, diputado por Córdoba, obtuvo por el ejercicio de la abogacía 47.887 euros en 2017, y es uno de los diputados cuya posible incompatibilidad está bajo la lupa. El diputado onubense de Vox es Rafael Segovia, un médico “en ejercicio libre” (según se consigna en su declaración). Segovia trabaja para compañías aseguradoras y declaró unos ingresos de 77.388 euros en 2017. Como médico privado está sujeto a un régimen de incompatibilidades que deberá examinar la comisión del Estatuto de los Diputados.