PP y Cs se enfrentan por la movilidad interprovincial en la primera decisión del Gobierno andaluz tras asumir el control de la crisis

El mando único en la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha funcionado como un pegamento para los socios de la Junta de Andalucía, PP y Ciudadanos, que vienen actuando al unísono con una política de reproches y críticas continuas al Gobierno de Pedro Sánchez. A partir del lunes, muchas comunidades pasarán a la fase 3 de la desescalada y asumirán el control absoluto del estado de alarma, incluso pueden solicitar al Ministerio de Sanidad la autorización para permitir que se circule libremente dentro de sus territorios.

Andalucía es una clara candidata y ese nuevo marco político ha provocado cierto vértigo entre los socios de Gobierno, que tendrán que asumir la responsabilidad de sus decisiones durante la última prórroga del estado de alarma. El telón de fondo es el mismo: el difícil equilibrio entre la gestión de la crisis sanitaria -el riesgo a que un rebrote obligue a volver al confinamiento- y la gestión de la crisis económica, con especial preocupación por el parón del turismo, que representa un 12% del PIB regional y un 13% del empleo.

La paradoja es que el inminente traspaso de poderes ha roto la unidad de acción de los socios del Gobierno andaluz. El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, ha anunciado ya que el lunes 8 de junio, si el Gobierno les cede el control, autorizarán la movilidad interprovincial dentro del territorio andaluz, incluso entre comunidades vecinas que estén en fase 3, como Extremadura. Horas después, el portavoz y consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), corregía a su socio y llamaba a la “prudencia”. “Lo primero es que toda Andalucía, incluida Málaga y Granada, pasen juntas a la fase 3. No nos anticipemos”, dijo.

Las discrepancias se han agudizado este miércoles en el Parlamento andaluz, que ha empezado a recuperar la actividad normal y las comparecencias presenciales. Bendodo ha tratado de mantener la unidad con sus socios de Gobierno apelando al 'enemigo común' que tanto les ha funcionado políticamente en estos casi tres meses de estado de alarma: es el Ministerio de Sanidad el que debe autorizar, este viernes, el paso a la fase 3 de Málaga y Granada, corrigiendo “un daño que ya está hecho”. Estas dos provincias partían con una tasa de contagio superior al resto, y su desescalada iba una semana por detrás que las demás.

El próximo lunes habrán cumplido sólo siete días en fase 2, mientras el resto culminan los 14 días de plazo que establece el Ministerio. La Junta esgrime datos de contagios muy bajos, una holgada capacidad hospitalaria y un ritmo aceptable de pruebas PCR para convencer al Gobierno de que permita pasar a la fase 3 a toda Andalucía. Si el departamento de Salvador Illa lo acepta, y la Junta asume el control del estado de alarma a partir del lunes, de inmediato los socios tendrán que resolver sus discrepancias internas, ocultas estos tres últimos meses bajo el mando único del Gobierno.

Sobre cómo gestionar la fase 3 desde Andalucía a partir del lunes hay tres versiones en la Junta difíciles de conciliar: si Granada y Málaga no pasan a la fase 3, pero Sanidad cede el control al Gobierno andaluz, los socios de Ciudadanos defienden que se autorice la movilidad entre las otras seis provincias que sí pasan a fase 3: Huelva, Cádiz, Sevilla, Córdoba, Jaén y Almería. Los socios del PP, en cambio, no están por la labor de permitir una “Andalucía a dos velocidades”, porque sería “un doble castigo para Granada y Málaga”, pero también para Almería. Esta provincia sólo tiene frontera terrestre con Málaga y Granada, de modo que los almerienses que viajar en coche al resto de provincias en fase 3 no podrían hacerlo por territorio andaluz, tendrían que salirse de la comunidad y atravesar por Castilla La Mancha.

“No pueden pagar justos por pecadores”, sostiene el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Sergio Romero, que defiende, como mal menor, la movilidad entre las seis provincias en fase 3. “No vamos a permitir una Andalucía a dos velocidades”, replica la secretaria general del PP andaluz, Dolores López. El debate no es baladí, tiene un fuerte trasfondo económico. Las playas de Huelva y Cádiz se nutren, sobre todo, de turistas de Sevilla y Córdoba. Si la Junta decide prorrogar las restricciones de movilidad una semana más, esto condicionará la apertura de bares, chiringuitos, hoteles... Los negocios de estas zonas costeras, que ya han pedido amparo al consejero de Turismo, no entiende que tengan que esperar a que sus vecinos de Málaga y Granada pasen a la fase 3.

La pelota está en el tejado del Ministerio de Sanidad. El viernes el ministro anunciará si Andalucía pasa completa a la fase 3 o si hace esperar una semana más a Málaga y Granada. La segunda opción volverá a agitar el discurso del “agravio”, el “castigo” y el “maltrato” por parte de los socios del Gobierno andaluz, pero acto seguido tendrán que resolver su conflicto interno y tomar una decisión. La misma que acaba de tomar el Ejecutivo central: o autorizan la movilidad interna sólo entre las seis provincias en fase 3, o esperan una semana más a que todo el territorio andaluz pueda beneficiarse a la vez de la reapertura de playas y negocios costeros.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, pasó de puntillas sobre este asunto durante su intervención en el Pleno del Parlamento. Aguirre confió en que el Ministerio de Sanidad permita pasar a todas las provincias andaluzas a la fase 3 y anunció que el lunes un comité técnico valorará la conveniencia de autorizar la movilidad entre provincias, “atendiendo a criterios estrictamente sanitarios”.