La sostenibilidad de los servicios públicos fundamentales centra la propuesta de la Junta sobre el modelo de financiación
El Gobierno andaluz ha trasladado este lunes a los partidos políticos con representación en el Parlamento de Andalucía una propuesta para la reforma de la financiación autonómica. La presidenta de la Junta se ha reunido con los responsables de los cinco grupos parlamentarios, dentro de la ronda de contactos que inició la pasada semana con los agentes sociales y económicos para buscar un frente común de la comunidad autónoma de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación.
La propuesta del Gobierno andaluz, que se resume en el siguiente decálogo, ha sido recibido de diferente forma por Maíllo (IU), Marín (C's), Moreno (PP), Rodríguez (Podemos) o Jiménez (PSOE), incluye la defensa de un proceso de armonización fiscal; cambios en la aplicación de la regla de gasto; la eliminación progresiva de mecanismos extraordinarios de liquidez, como son el FLA o el fondo para pago a proveedores, y recuperar así márgenes necesarios de autonomía y corresponsabilidad fiscal, o la nivelación total de todos los servicios públicos.
- La población es la variable decisiva para la distribución de recursos. La distribución de la necesidad global de gasto de las comunidades autónomas exige actualizar los criterios y las ponderaciones para que la población ajustada se aproxime a la población total. En el modelo actual el cálculo de la población ajustada deja fuera a 220.000 andaluces. A Andalucía le interesa que el criterio de distribución de recursos se aproxime a la población de derecho.
- Nivelación total de todos los servicios públicos. Las comunidades autónomas necesitamos un sistema de financiación que proporcione recursos suficientes a todos para atender nuestras competencias, especialmente las relacionadas con los servicios públicos fundamentales.
- Determinar las necesidades globales de gasto ajustadas a la realidad de su coste, con la incorporación de un criterio de actualización anual de las necesidades de gasto en los servicios públicos fundamentales. Para ello se podría calcular las necesidades de gasto en base a un año especialmente eficiente en la prestación de los servicios fundamentales como fue el año 2014.
- Constituir un Fondo de Sostenibilidad de los Servicios Públicos Fundamentales, que permitiría salvaguardar los recursos que las comunidades destinan a salud, educación y servicios sociales en momentos de recesión económica, y queden blindados efectivamente los pilares del Estado de bienestar. Este fondo se constituiría con los excedentes de años de mayor bonanza económica y blindaría a la sanidad y la educación de los ciclos económicos. Funcionaría a semejanza del fondo de reserva de la Seguridad Social.
- Acometer un proceso de armonización fiscal efectivo en aquellos impuestos que se han convertido en herramientas de competencia fiscal, como sucede con Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Evitar que parte de la financiación de los servicios públicos provistos por las comunidades autónomas quede condicionada por la competencia fiscal entre regiones. Los expertos proponen una revisión en profundidad de la normativa estatal del impuesto, con una base liquidable homogénea entre comunidades y unos niveles mínimos de tributación que impidan el dumping fiscal.
- Regla de gasto. La Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de Administración Local han acordado que es necesario estudiar la aplicación de la regla de gasto. Andalucía ha sido pionera en proponer una metodología para aplicar la regla de gasto de manera que no suponga la negativa a aplicar los mayores ingresos que traen la recuperación económica a los servicios públicos y al estímulo económico y al empleo.
- Eliminación progresiva de los mecanismos extraordinarios de liquidez. Ha llegado el momento de desactivar progresivamente los mecanismos extraordinarios de financiación de las comunidades, principalmente el Fondo de Liquidez Autonómico y Fondo para Pago a Proveedores y recuperar así los necesarios márgenes de autonomía y corresponsabilidad fiscal.
- Reparto equitativo entre todas las administraciones de los recursos financieros disponibles para el desarrollo de sus competencias como de los esfuerzos de consolidación fiscal entre los niveles de gobierno. Un buen método sería utilizar los porcentajes relativos que las competencias asumidas por las comunidades autónomas suponen en el gasto público total y aplicarlos a los ingresos del Estado.
- Regulación de forma expresa de las compensaciones por los efectos de los cambios en las políticas adoptadas por el Gobierno tanto en materia de ingresos (como ejemplo, la subida de impuestos especiales) como de gastos (como ejemplo, Ley de Dependencia).
- Eliminación progresiva del status quo como restricción mínima de partida para que los resultados del próximo sistema de financiación Autonómico respondan a los criterios de necesidad que se acuerden. El punto de partida para la aplicación de este modelo no puede ser desde el status quo actual de cada comunidad autónoma porque este precepto desmonta el propio concepto de convergencia. Para posibilitar el mayor consenso se puede aceptar el status quo, pero que éste desaparezca progresivamente en tres años garantizando que ninguna comunidad pierda.
