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PSOE-A y Podemos se disputan una ley contra la LGTBfobia que 'copian' del PP de Extremadura

Podemos acompañado por los colectivos LGTBI en el registro de la proposición de ley.

Olga Granado

La carrera en la que está inmerso el PSOE-A para frenar las proposiciones de ley de Podemos -no le ha votado a favor de ninguna en el Parlamento de Andalucía pese a que los socialistas sí lo han hecho en otras comunidades autónomas con textos casi idénticos- provocará que en el próximo pleno se debatan sendas iniciativas legislativas de estos dos grupos y con el objetivo de establecer un marco contra la discriminación por razones de orientación sexual o identidad género, o lo que es lo mismo, luchar con lo que de manera genérica se denomina LGTBIfobia.

Estas propuestas llegan en un momento en que la discriminación de estos colectivos (cuyas siglas engloban a lesbianas, gais, transexuales, transgénero, bisexuales e intersexuales) continúa siendo noticia en Andalucía, como se ha visto en los recientes casos del árbitro Jesús Tomillero, la activista Mar Cambrollé, presidenta de la Asociación de Transexuales de Andalucía-Sylvia Rivera (ATA), y cuando el último informe del Ministerio del Interior, correspondiente a 2015, reconoce 169 casos de delitos de odio cometidos contra personas debido a su orientación sexual o identidad de género, de los que 15 han sido en esta comunidad autónoma.

Con un contenido muy parecido, las dos iniciativas legislativas han tenido que recorrer un camino con más o menos obstáculos hasta que este miércoles la Mesa de la Cámara las ha metido en el orden del día del próximo pleno. La de Podemos, que se presenta como proposición de ley para garantizar los derechos de las personas que se reconocen como LGTBI y para erradicar la LGTBIfobia en Andalucía, se registró el 25 de julio y recibió el obligatorio dictamen del Consejo de Gobierno el 13 de septiembre y, por primera vez para una propuesta de este grupo, fue favorable a su toma en consideración, y también a su tramitación.

Habría podido entrar en el último pleno, pero la Mesa de la Cámara no lo permitió, lo que ha sido muy criticado por Podemos que lo ha visto como una “maniobra” para esperar a la de los socialistas a los que acusan de haberlos “copiado”. En este sentido, Esperanza Gómez, portavoz adjunta de Podemos, ha lamentado que “celo” de los socialistas para evitar votar a favor de la proposición de ley que ellos elevaron y “hacer las correspondientes aportaciones en su tramitación parlamentaria, como se ha hecho con otras iniciativas legislativas”.

De hecho, la del PSOE-A, proposición de ley contra la discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, no se registró hasta el 9 de septiembre, pero tuvo que esperar menos que Podemos para el dictamen del Consejo de Gobierno, que le ha llegado en su última reunión el pasado el martes y, como en todos los casos de propuestas de esta formación, ha sido positivo en los dos sentidos: toma en consideración y tramitación.

En este contexto, el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, insistía el pasado martes que el respaldo a la proposición de ley del PSOE-A se ciñe exclusivamente a que su contenido se “adecua más a la filosofía” que entienden que para la “integración del colectivo” y que no se está buscando la “contienda política con ningún grupo”. Igual que no entra a valorar cuál de las dos ha contado con más respaldo de los colectivos, dado que Podemos defiende que la suya ha sido negociada con la totalidad, mientras las asociaciones llevaban “dos años” esperando a los socialistas, como han reconocido varias de ellas.

Sin embargo, Esperanza Gómez, que defiende su proposición de ley como “mucho más ambiciosa especialmente en el colectivo transexual, con el que la del PSOE-A se queda corta”, ha criticado que los socialistas, “apoyados en la Mesa de la Cámara por C's”, evitaron que la suya fuera debatida en el último pleno, “como hubiera correspondido para evitar que lleguen las dos a la vez”. No se aceptó porque faltaba el informe de los letrados, una obligación que se ha impuesto por resolución del presidente, Juan Pablo Durán (PSOE-A). Pero ella ha puntualizado que no comparte este criterio, “porque lo que se acordó no fue que ese informe de los letrados estuviera para incluirla en el orden del día, sino para el debate, para lo que si hubiera dado tiempo”. Y destaca también que pese a que la del PSOE-A se ha registrado luego, ha tenido que esperar mucho menos para ese trámite.

El pulso entre el PSOE-A y Podemos por este asunto va acompañado de una campaña intensa para intentar desenmascarar al contrario, y que ha tenido un ejemplo esta semana con sendas tribunas de opinión. Una firmada por el diputado del PSOE-A, Mario Jiménez, y otra por su homólogo de Podemos, Jesús Romero, y que pueden leer en eldiario.es/andalucia.

El resultado ha sido, pues, que se abordarán las dos en la próxima sesión, en un debate en el que en principio se contará con representantes de los colectivos en la tribuna de los invitados. El texto del PSOE-A, conocido después, tiene párrafos literales de la propuesta de Podemos, que a su vez los calca de la Ley 12/2015 de Igualdad Social de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales, Transgénero e Intersexuales y de Políticas Públicas contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género de Extremadura, aprobada por unanimidad y a iniciativa del PP. “Nunca lo hemos negado”, contestan en Podemos cuando se les pregunta por esta coincidencia con la considerada la norma más avanzada en la materia.

10 diferencias entre una y otra

Dado que las dos proposiciones de ley coinciden en su exposición de motivos, en la necesidad de luchar contra esta lacra en todos los terrenos (educación, sanidad, administración, laboral, ocio, turismo, cultura...), en el trabajo de prevención o en la apuesta por crear un órgano de participación -cada uno lo llama de una manera- que vele por el cumplimiento, veamos a continuación las principales diferencias entre la propuesta del PSOE-A y la de Podemos:

La de Podemos prevé que “la Junta de Andalucía considerará la existencia de una cuota de reserva de puestos de trabajo para personas transexuales” en la oferta de empleo público de la comunidad autónoma. Esto no lo prevé el PSOE-A, ni tampoco está en la legislación de Extremadura. Es más, Miguel Ángel Vázquez, criticó en su comparecencia esta parte del texto, una rueda de prensa en la que no informó con claridad, como es habitual, de que sin embargo, no se rechazaba la toma en consideración de la proposición de ley.

Igualmente criticado por el portavoz, otro punto que sí se incluyó en la ley de Extremadura, y que se refiere a la inversión de la carga de prueba, figura en la propuesta de Podemos. De modo que propone que si con una denuncia hay indicios razonables de discriminación, es a quien se le atribuye la persona que debe aportar la “justificación” en su defensa. Miguel Ángel Vázquez subrayó que esto puede ir en contra del “principio de presunción de inocencia”.

En el caso de Podemos, se copia el régimen sancionador de Extremadura y es menos duro que la propuesta del PSOE-A. De hecho, para las infracciones muy graves los socialistas proponen multas de hasta 120.000 euros y Podemos se queda en 45.000. Igual que ocurre a la hora de contemplar la prescripción de las mismas, que Podemos fija en un plazo de tres años y el PSOE-A lo eleva a cuatro.

Podemos propone modificar en varios puntos la Ley 2/2014 integral para la no discriminación por motivos de identidad de género y reconocimiento de los derechos de las personas transexuales de Andalucía, entre otras cosas para que los menores puedan recibir tratamiento. Sostienen que si sus progenitores o tutores se niegan, “el menor deberá ser oído en atención a su desarrollo y madurez siempre si supera los 12 años, y su consentimiento deberá ser recabado de manera clara e inequívoca si supera los 16 años”. Cosa que también ha criticado el Consejo de Gobierno y que Podemos ve como contradicción en el PSOE-A porque lo defienden para el caso del aborto por parte de menores.

La de Podemos incluye que todas las empresas, fundaciones, asociaciones, confesiones religiosas y cualquier otra entidad jurídica o persona física que preste cualquier tipo de servicio financiado con fondos públicos deberán implementar planes de prevención contra la LGTBIfobia, cosa que no prevé la del PSOE-A ni tampoco se recoge en la de Extremadura.

La del PSOE-A, como la de Extremadura, hace hincapié en que la Junta de Andalucía realizará campañas que contribuyan a la erradicación de la discriminación, los poderes públicos prestarán respaldo a la celebración en fechas conmemorativas de actos y eventos. La de Podemos no lo prevé.

Tanto la de Extremadura como la propuesta por Podemos recogen que “en atención a las particulares condiciones que concurren en los centros penitenciarios y centros de internamiento de personas extranjeras se promoverán protocolos de prevención, atención y asistencia a las personas LGTBI internadas en los mismos”. El PSOE-A no hace referencia a esto.

Como en el caso de Extremadura, Podemos recoge que la Junta de Andalucía “adoptará los mecanismos necesarios para la protección efectiva de menores LGTBI que se encuentren bajo la tutela de la administración y a los que estén en centros para personas con diversidad funcional públicos o privados”. El PSOE-A no lo menciona.

Sólo en la de Podemos se explicita -también tomado de la referida ley- que se adoptarán las medidas necesarias para que los espacios o equipamientos identificados en función del sexo (centros de menores, pisos tutelados, residencias de la tercera edad...) “puedan utilizarse por las personas transexuales e intersexuales en atención al género sentido y libremente elegido”.

Podemos también recoge del ejemplo de Extremadura que “toda persona cuya identidad sexo genérica sea la de mujer y, como tal, sea víctima de la violencia machista tendrá acceso, en condiciones de igualdad, a la protección integral, contemplada en la Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género de Andalucía”. El PSOE-A, no.

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