La “Revolución Verde” de la Junta de Andalucía necesita “cambios estructurales”

La Junta de Andalucía ha reforzado desde hace unos meses su apuesta por la conocida como “Revolución Verde” pero, como apunta el coordinador de Movilización en Andalucía de Greenpeace, Luis Berraquero, este discurso se lleva utilizando desde principios de 2019. Berraquero hace un repaso a las distintas propuestas del Ejecutivo andaluz hasta la fecha, como el Pacto Andaluz del Agua, la Ley de Economía Circular o el Plan de Integral de Residuos, y de todas ellas saca la misma conclusión: “No abordan temas esenciales. Son oportunidades perdidas”. La coordinadora de Ecologistas en Acción, Lola Yllescas, va más allá: “No veo en este Ejecutivo ninguna política verde”, sentencia. Y no quiere entrar en los detalles de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía. “Un desastre”.

Hace un año que el Gobierno andaluz -conformado por PP y Ciudadanos- anunció una inversión de 1.000 millones de euros para hacer frente a la vulnerabilidad de la región frente a las sequías, a los incendios y a la contaminación. De esta cuantía también se verán beneficiadas distintas iniciativas para la eliminación de las bolsas de un solo uso, las infraestructuras hidrológicas, la rehabilitación energética de los edificios y la conservación y la protección de los espacios naturales. Pero, como apunta el consultor de planificación y de medio ambiente, Luis Requejo, estas inversiones “no son nuevas”. Y añade: “ni esta administración ni las anteriores han tenido la capacidad real para transformar el modelo y corregir los elementos de deterioro del capital territorial”.

La activación de estas políticas medioambientales está motivada desde hace años para adaptarse a las directrices marcadas por la Comisión Europea ante los desafíos medioambientales. Pero la voluntad política se queda a medias. Requejo afea el “exhibicionismo político porque la revolución verde no va de tener bosques o aerogeneradores”.

Para que se lleve a cabo un verdadero desarrollo sostenible, como recoge el Informe Brundtland -“aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones”-, se requiere de “una inversión tremenda y de un esfuerzo extraordinario”. “El postureo” de la Junta de Andalucía en materia de medio ambiente no es cosecha propia y, como remarca Requejo, es una situación “que pasa no solo con este Gobierno sino con todos”. Para Berraquero “no es cuestión de hacer ticks sino de cambiar el sistema”. O de darle la vuelta como explica Greenpeace en su “propuesta transformadora” para que “la economía vaya de la mano de la vida y de la salud del planeta”. 

“Desarrollo compasivo”

La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía, Carmen Crespo, informó hace un año de que las inversiones previstas “convertirán la Revolución Verde en la polea medioambiental de la reactivación económica y social de Andalucía tras la Covid”. El Gobierno andaluz se propuso evitar -“¡ya!”- las consecuencias del cambio climático y crear del desarrollo sostenible “una oportunidad de crecimiento” para generar 20.000 empleos, dijo Crespo. “Hemos roto el falso mito de que el crecimiento económico era incompatible con ser menos contaminante: se puede y se debe crecer económicamente sin contaminar, y lo vamos a hacer”, expresó en esta línea el pasado mes de junio el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, en el marco de unas jornadas medioambientales organizadas por el Partido Popular Europeo en Sevilla junto al PP andaluz. En esa misma intervención Moreno avaló la “visión” de la Unión Europea de “vincular el Pacto Verde con su plan de ayudas para la recuperación tras la pandemia”.

Los fondos europeos, los Next Generation, tienen como requisito que “todas las inversiones y reformas deben respetar el principio de no causar daños significativos al medio ambiente”. Además se exige el compromiso de que, como mínimo, el 37% del gasto total de estas iniciativas sean respetuosas con el clima. Pero, ¿qué son esos “daños significativos”? Requejo opina que “se puede crecer interviniendo en el medio ambiente, pero no soluciona el problema”. Según el consultor los requisitos de los fondos europeos se comprometen a “no hacer un daño innecesario al medioambiente”. Es lo que denomina “desarrollo compasivo”. 

El informe de Ecologistas en Acción sobre estas ayudas de Bruselas explica que “las instituciones europeas están todavía trabajando sobre un marco general para especificar, a nivel técnico, el principio de ”no causar daños significativos“. La organización ecologista cree que ”se necesitan criterios que deben incluir metas e indicadores que muestren contribuciones mesurables a los objetivos nacionales y de la Unión Europea“. Asimismo Berraquero explica que ”la Junta no puede saltarse los criterios marcados por Europa para los fondos, pero otra cosa es a qué los destinan“.

La gestión del agua, un ejemplo

“Haciendo un poco aquí y allá, no se soluciona el problema”, dice Requejo, que apuesta por ser “más estructurales” en la aplicación de las políticas medioambientales. Según el consultor, para conseguir una verdadera revolución verde es necesario “un consenso social”. Ante “el lavado de cara verde” (greenwashing en inglés) “hay que elegir entre una solución mala u otra peor”, apunta. Es decir, cualquier decisión desde las administraciones tendrá repercusión política, económica y social. ¿Quién se arriesga a correr con la cuenta?

En plena negociación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PAC) entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Berraquero considera que, más allá de otras cuestiones, el desafío del sistema agrícola andaluz es su dependencia del agua. “Andalucía exporta un agua que no tiene”, dice. Andalucía es llamada “la huerta de Europa” junto con la Región de Murcia. Ni la crisis sanitaria ha influido en las exportaciones agroalimentarias andaluzas que en 2020 igualaron el récord alcanzado en el año anterior y que, según cifra la Consejería, alcanzaron los 11.335 millones de euros. Las cifras esconden un modelo agrícola que es “hidrodependiente” para el representante de Greenpeace. Mientras, el Ejecutivo defiende los trasvases y la construcción de presas como la del municipio almeriense de Alcolea. “Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por los regantes”, recalcó en sede parlamentaria la consejera Crespo. 

Según Greenpeace, hay que “priorizar qué se riega y cuánto se riega”. La organización estima que “más de una cuarta parte del cultivo de regadío de España se encuentra en Andalucía” y que existen una tendencia a regar cultivos tradicionalmente de secano como el olivo, el almendro o la vid. “La política hidráulica del Ejecutivo no cambia nada sino que está destinada a crear infraestructuras para regar más sin cuestionar este sistema”, apunta Yllescas. 

Además, como resalta Requejo, “no se puede impedir el uso de agroquímicos (plaguicidas y fertilizantes) o la venta en el mercado exterior para favorecer el consumo de proximidad”. “Andalucía podría ser la California de Europa”, dice la ecologista a la que “le encantaría” que la agricultura y la ganadería fueran el motor de la comunidad autónoma, pero, reconoce, “en el sistema capitalista mandan los precios, las ventas y las compras. Y esto no se va a cambiar de la noche a la mañana”. Y sin afectar al sector.

La gestión del agua en el modelo agrícola andaluz es solo un ejemplo de las controversias que provocaría una apuesta “real” por la “Revolución Verde”. Por ello los tres expertos coinciden en que Andalucía, y negando las aspiraciones de su Ejecutivo, no es un verdadero territorio sostenible. Hay intención, pero es cortoplacista.

Requejo está convencido de la compatibilidad entre desarrollo económico e intervención en el capital territorial, pero hay que llevar a cabo una serie de iniciativas que modifiquen los hábitos de consumo y den respuestas a la crisis energética, a la gestión del agua y a la eliminación de los residuos. A su vez estas alternativas, según el consultor, necesitan ir acompañadas de un cambio social donde la ciudadanía y los distintos sectores económicos se verán afectados para que las políticas medioambientales funcionen y tendrán que acostumbrarse. “Nada es gratis”.