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Citado el exalcalde de Espartinas a declarar este lunes por los contratos a personas en riesgo
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) ha citado al ya exalcalde de Espartinas José María Fernández (C's) a declarar este lunes como imputado tras la denuncia presentada a mediados de septiembre por el PP ante las presuntas “irregularidades” de los contratos formalizados con cargo al Programa de Ayudas a la Contratación de personas en situación de exclusión social de la Junta de Andalucía.
Según una resolución del citado juzgado, recogida por Europa Press, la citación, prevista para este martes, ha tenido que ser finalmente aplazada para el próximo lunes ante los “motivos de agenda” alegados por este juzgado, lo que ha llevado a la suspensión de la declaración y al señalamiento de una nueva fecha.
En este sentido, cabe recordar que Fernández formalizaba el 22 de diciembre su renuncia a la Alcaldía, al ser imputado por una denuncia del PP por presuntas “anomalías” en los contratos municipales del programa autonómico de Ayudas a la Contratación de personas en exclusión social. El asunto parte de una vecina que se había declarado “en huelga de hambre” al considerarse “injustamente discriminada” en las contrataciones temporales promovidas por el Ayuntamiento, con cargo a este programa.
El Gobierno municipal subrayaba que las contrataciones fueron fruto de la selección de los servicios sociales municipales sin “intromisión” alguna, mientras que desde C's se añadía que “no hay nada irregular en los contratos, simplemente la no existencia de un plazo de alegaciones respecto a la baremación de los solicitantes”.
El Ayuntamiento acuerda “retrotraer” dicho proceso “hasta el momento en el cual debería haber sido abierto un periodo de alegaciones”. Dado el caso, las 18 contrataciones entonces ya formalizadas quedaron “canceladas hasta que no se resuelvan las posibles alegaciones”, elevando el PP una denuncia a los tribunales, porque “el gobierno local realizó 18 contrataciones a sabiendas de que el propio secretario de la corporación advertía en un informe con fecha 15 de septiembre de que se retrotrayeran las actuaciones, pues no se habían respetado los plazos de alegaciones”.
